A un mes de que el PIT-CNT anunciara que llegó a 430.000 firmas para convocar a un plebiscito por la seguridad social, la opinión pública discute sobre la posibilidad de que la papeleta sea aprobada y las consecuencias que podría tener a nivel macroeconómico. Por esto, CRÓNICAS consultó a la diputada frenteamplista Micaela Melgar y al diputado colorado Conrado Rodríguez acerca de las alternativas de financiamiento y los cambios estructurales que se consagrarían en la Constitución.
Por Catalina Misson
La papeleta del PIT-CNT propone tres pilares básicos: bajar la edad de retiro a 60 años y 30 de aportes, eliminar las AFAP y equiparar la jubilación mínima al Salario Mínimo Nacional (SMN). Algunas consecuencias económicas de esta iniciativa, según proyecciones oficiales del Banco de Previsión Social (BPS), serían que el déficit del sistema pasaría del 0,8% en el 2025 al 5% en 2050 y al 8,1% en 2100. El plebiscito expandiría el sistema de reparto y aumentaría la cantidad de jubilados al equiparar la jubilación mínima con el SMN, con un gasto anual de US$ 1.200 millones. Los fondos previsionales se agotarían en 2037, por lo que se requeriría aumentar el IVA para mantener el sistema en 13,4 puntos adicionales, totalizando en 20,4 puntos. En 2100, se requerirían 28,5 puntos.
Financiamiento
La diputada frenteamplista Micaela Melgar dijo a CRÓNICAS que, si se aprueba el plebiscito, la idea sería crear una ley interpretativa para poder reglamentar cada uno de los cambios. La financiación del proyecto a plebiscitar, no se haría desfinanciando otras políticas sociales o gravando a los trabajadores. Para la legisladora, hay “bastante tiempo” para pensar en otras alternativas.
“Este es el único lugar del mundo donde los empresarios aportan tan poco y los trabajadores aportan tanto, hay que ir nivelando eso. Tenemos un montón de zonas francas que no aportan, y exoneraciones fiscales al gran capital que deberíamos ir repasando”, propuso Melgar. Sobre si es posible que estas medidas logren financiar la reforma, aseguró que es muy probable, pero que “nadie niega” que seguramente se amplíe el gasto público.
Conrado Rodríguez, diputado colorado, considera que la propuesta de gravado al “gran capital” no es conveniente. A su entender, si se eliminan los regímenes especiales para captar inversiones, las empresas instaladas en Uruguay iniciarán juicios contra el Estado porque “se les cambian las reglas del juego”. Los posibles inversionistas no invertirían, porque se quitarían estímulos como la “seguridad jurídica” que puede ofrecer el país.
“Lo que está impulsando el PIT-CNT y parte del Frente Amplio (FA), es que la carga impositiva suba, cuando ya es muy alta. Eso implica menor poder adquisitivo para la gente, por lo tanto, menor consumo y menor cantidad de empleo. Esta reforma no solo hace inviable el sistema de la seguridad social, sino que provoca que el país ya no tenga viabilidad, es muy grave”, apuntó el parlamentario.
En cuanto a la pérdida del carácter heredable de los ahorros que permiten las AFAP, Melgar entiende que forma parte de los beneficios “muy puntuales” para determinados sectores poblacionales, por lo que la eliminación del ahorro individual tiene sentido porque “la solución de las AFAP no fue tal” y “no funcionó para Uruguay ni para casi ninguno de los países” que adoptaron el mecanismo. Rodríguez, por su parte, recordó a CRÓNICAS que hay otras consecuencias además de la pérdida de la heredabilidad. “Otro de los efectos es que los trabajadores no van a poder retirar hasta el 9% de lo que tienen depositado en las cuentas de ahorro, que lo permite la Ley 20.130”.
Los 60 años y la Constitución
Ante el argumento de que la expectativa de vida aumentó en Uruguay y por eso es posible incrementar los años de trabajo, Melgar respondió que también creció la capacidad productiva de la población. “Hay una discusión de carácter filosófico que tiene que ver con el ‘¿para qué vivimos?’ y ‘¿qué es lo que tenemos que hacer con nuestro tiempo?’. Las condiciones de vida no son iguales en todos los tipos de trabajo. Las trabajadoras domésticas o los transportistas, por ejemplo, tienen afecciones en sus cuerpos que no les permiten trabajar hasta los 65 años. Quiero pelear por la gente que la pasa mal, no por la gente que está sentada en un escritorio”, remarcó.
Sobre las posibles consecuencias de fijar la edad jubilatoria en la Constitución, la diputada frenteamplista expresó que para su sector no es un problema porque consideran “básico” que las personas no se jubilen después de los 60 años, que las jubilaciones sean igualadas al SMN, y que al ser la seguridad social un derecho humano, se trate de “un sistema solidario por fuera del régimen de generación de la riqueza individual”.
Para el legislador colorado, por el contrario, la intención de fijar la edad jubilatoria a los 60 años de edad y 30 de aportes en la Constitución sería “una norma rígida” que “desconoce las variables demográficas del país”. Rodríguez resaltó que la iniciativa “no se ajusta a la realidad de financiamiento de la seguridad social”, y que en “todos los países del mundo” se subió la edad a los 65 años, incluso más en países desarrollados.
El representante nacional agregó que el Partido Colorado añadió dos causales jubilatorias anteriores a los 65 años en la reforma de la seguridad social aprobada el año pasado, en una negociación con el presidente de la República, Luis Lacalle Pou. “A los 63 años, con 38 años de servicio, la persona puede llegar a jubilarse, y a los 64 años con 36 años de servicio también. Ese añadido reconoce el promedio de edad jubilatoria actual y no está fuera de la realidad, porque si una persona comienza a trabajar a los 25 años y trabaja de forma continua, a los 63 años tiene 38 años de aporte”, argumentó.
La posición de Cosse
El diputado Rodríguez dijo que el hecho de que haya sectores del FA que no apoyan la reforma, quiere decir que “saben del daño” que puede generar al país. Sobre la no pronunciación de la precandidata frenteamplista Carolina Cosse al respecto de la iniciativa del PIT-CNT, añadió: “Lo de Carolina Cosse es de una gran irresponsabilidad, llamativa para una política con experiencia como ella. Como dirigentes políticos tenemos que advertir cuando hay situaciones que pueden dañar al país. Es muy claro que está condicionada por los apoyos que tiene, el Partido Comunista y el Partido Socialista”.
La diputada Melgar, en tanto, recordó que se trata de una “iniciativa popular” que va “más allá” de un candidato en particular. “Carolina firmó y creo que está respetando los procesos de unidad del FA, que a veces es mucho más importante que decir ‘estoy de acuerdo con tal iniciativa’. No cambia nada en materia de la campaña que estamos haciendo”, puntualizó.
