La Cámara de Zonas Francas del Uruguay remitió una carta a la Comisión de Presupuesto Integrada con Hacienda de la Cámara de Representantes para expresar los riesgos que entienden traería aparejados la incorporación del Impuesto Mínimo Complementario Doméstico, una de las modificaciones tributarias incluidas en el Proyecto de Ley que prevé un impuesto del 15% a empresas multinacionales instaladas en Uruguay que facturen más de 750 millones de euros.
En la misiva, a la que accedió CRÓNICAS, la agrupación de zonas francas planteó que la propuesta “representa un riesgo para la inversión, el empleo y la recaudación que actualmente genera el Régimen de Zonas Francas, así como una afectación de la seguridad jurídica que ha distinguido internacionalmente a nuestro país”. También lo plantearon en su comparecencia frente a la comisión, el pasado viernes a última hora.
Por un lado, se refirieron al “particularmente inconveniente” contexto internacional, dónde la incorporación del impuesto en otros países se encuentra “dilatada” y la entienden “rodeada de incertidumbre y vaivenes a nivel internacional” tras cuestionamientos de algunos miembros de la UE “por la pérdida de competitividad que el IMG implica para sus empresas”. También citaron a Estados Unidos, China e India, potencias que, según el comunicado, también se muestran críticas con la iniciativa que impulsa la OCDE.
Por otra parte, afirmaron que el régimen de zonas francas -hogar de “1.100 empresas”- es “el principal instrumento del Uruguay para la captación de inversión extranjera”, según escribió la cámara, y lo adjudican a “los beneficios fiscales y ventajas aduaneras”, junto con la “estabilidad política, jurídica y social” del país. Frente a esto, el IMCD puede “poner en riesgo la actividad económica, el empleo, la inversión, la recaudación, la competitividad y la reputación” de Uruguay, argumentan.
“El IMCD no contribuirá a mejorar la competitividad del Uruguay, sino todo lo contrario; pondrá una mayor presión y urgencia para resolver el costo país, la dimensión de su mercado interno, la disponibilidad y el costo de los recursos humanos, la conectividad, la inserción internacional, la burocracia, entre otros”, se lee en el escrito.
Al margen de lo anterior, el presidente de la Cámara de Zonas Francas del Uruguay, Enrique Buero, dijo a CRÓNICAS que a nivel regional solamente Brasil implementó la medida, mientras que “el resto de los países latinoamericanos -que son nuestros competidores- están esperando cómo se comporta el mundo”. Agregó que de los 140 países que lo firmaron, hoy en día solo 53 lo han implementado; “el resto está esperando porque saben que, en un escenario que todavía no termina de consolidarse, implica sumar un desafío adicional a su competitividad”.
Buero comentó que el impuesto alcanzaría a unas “40 o 50 empresas” y teme por “el respeto a los derechos adquiridos”, algo que calificó como “un pilar fundamental para traccionar inversiones” que “se sustenta en el artículo 19 de la propia ley”, que indica que “los usuarios están exentos de todo tributo nacional, creado o a crearse, incluso aquellos en que por ley se requiera exoneración específica”.
Al margen de la cantidad, el entrevistado se refirió a aspectos cualitativos. Dijo que impactaría empresas “que generan mucho empleo” y realizó una distinción entre “inversiones que tiene un gran activo fijo -como industriales o logísticas- y las inversiones basadas en servicios. Estas últimas, afirmó, “analizan muy seguido los costos y la competitividad de la operación local”.
“Si no buscamos una manera de compatibilizar la implementación del impuesto con el respeto por los derechos adquiridos que están amparados por contratos vigentes, ahí es donde se genera el mayor conflicto”, redondeó.
El jerarca dijo que hoy en día el régimen de zonas francas genera “casi 7 puntos del PBI, 66.000 empleos entre directo e indirecto, el 34% de las exportaciones y derrama a la economía nacional 7,4 dólares en promedio por dólar exonerado”, por lo que “al momento de estimar una recaudación futura por la aplicación del impuesto, nos parece que también habría que poner en la ecuación los riesgos de poder perder alguna inversión o de poder ser menos atractivo para captar nuevas”, finalizó.
Ecos políticos.
Actores del ámbito político hicieron eco de la carta para justificar sus posiciones contrarias al impuesto.
El diputado nacionalista, Pablo Abdala, integrante de la comisión que está tratando el presupuesto, reconstruyó en su cuenta de X que “la cámara fundamentó con contundencia que la neutralidad del impuesto no es tal, que el gravamen tiene costos derivados y asociados que llevarán a las empresas a revisar sus decisiones”.
“El programa «impagable» del Frente Amplio, del que nos habló el subsecretario del MEF, está provocando decisiones desacertadas que, seguramente, terminemos pagando caro”, afirmó en redes.
Al margen de lo anterior, tanto el Partido Nacional como el Partido Colorado adelantaron que, si bien votarán el proyecto de ley en general, rechazan de forma tajante las modificaciones tributarias. El Frente Amplio necesita negociar dos votos en Diputados, dónde no tiene mayoría.
