El Proyecto de Ley de Gestión Integral de Residuos que actualmente se encuentra en el Parlamento no sólo prevé un aumento fiscal que pondría en jaque puestos laborales, sino también que genera la concentración en el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente de una cantidad de facultades que aumentarían el peso del Estado, señaló a CRÓNICAS, la abogada Anabela Aldaz, consultora en legislación ambiental.
Por Anahí Acevedo | @PapovAnahi
El pasado 6 de junio, el Poder Ejecutivo remitió al Parlamento el Proyecto de Ley de Gestión Integral de Residuos que tiene como objetivo proteger el ambiente y promover un modelo de desarrollo sostenible. El plan está a estudio de la Comisión de Medio Ambiente del Senado. Respecto al contenido del proyecto y sus observaciones, la abogada de Guyer & Regules, Anabela Aldaz -quien participó durante el proceso de consulta por parte de la Cámara de Industrias del Uruguay (CIU) y la Cámara Nacional de Comercio y Servicios (CNCS)-, dio su visión en diálogo con CRÓNICAS.
En 2016, el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente (Mvotma), a través de la Comisión Técnica Asesora de la Protección del Medio Ambiente (Cotama), puso dos objetivos en su centro de acción: la biodiversidad y la gestión de residuos.
Para poder desarrollar un plan que abarcara esta última meta, la Cotama convocó a actores del sector privado así como también a organizaciones ambientales en un proceso de intercambio que tuvo lugar hasta fines de 2017. Durante estas instancias, Aldaz participó a través de comentarios y observaciones que, en su mayoría, no fueron contemplados en el proyecto que finalmente se remitió el mes pasado, dijo al ser consultada por CRÓNICAS.
Aldaz señaló algunas críticas al proyecto. En primer lugar, comentó que la ley señala herramientas programáticas, pero desconoce una serie de instrumentos que ya existen y que dejan de lado. “De alguna manera, se están ignorando muchos elementos que ya han funcionado, como los planes específicos para neumáticos, baterías o repuestos”, declaró.
Por otro lado, para estimular el desaliento al consumo de algunos productos, la ley prevé la creación de impuestos. En este sentido, aquellos productos que contengan envases no retornables serán gravados con hasta un máximo de 5% de Imesi, las bandejas de materiales descartables utilizadas para contener alimentos, 1000%; el film plástico utilizado como material de embalaje, 20%; los vasos descartables, 1000%; las bolsas plásticas para transportar y contener productos y bienes, 1000%; y los productos electro- electrónicos, 5%.
La especialista entiende que en este punto el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) no tuvo una participación profunda en cuanto al impacto real que puede llegar a tener los impuestos.
“Si estas fueran las alícuotas finales, tendríamos una situación donde algunas empresas podrían llegar, incluso, a dejar de ser rentables, con lo que estamos pensando que el resultado final puede ser la pérdida de empleo o el cierre de compañías importantes instaladas desde hace muchos años. Algunas de ellas ya lo han manifestado”, comentó.
Igualmente, confirmó que “hay voluntad política para que este proyecto salga rápidamente”, con la idea de ser tratado en esta legislatura y teniendo en cuenta que en año electoral no pueden aprobarse dichos impuestos, el proyecto tendría que promulgarse antes de octubre. Por lo tanto, Aldaz señaló que la brecha de tiempo es corta para lograr informarse en profundidad en las comisiones de medio ambiente del Parlamento.
Por otro lado, dijo que en el proyecto se le concentran al Mvotma una cantidad de facultades en cuanto a que el mismo no sería solamente quien controlaría normativamente el funcionamiento del sistema, sino que él mismo debe redactarlo e implementarlo, así como también sería quien tendría bajo su control el funcionamiento del fideicomiso que se crearía por ley para financiar las actividades que se prevén. Una de ellas es, por ejemplo, resolver la inclusión y formalización de los recicladores.
En esta misma línea, comentó que se eliminaría la gestión privada que se hace desde la CIU al Plan de Gestión de Envases, pasando a estar estas acciones en el ámbito público. “Parecería que es aumentar el peso del Estado”, subrayó.
En otro aspecto, Aldaz comentó que la ley opta por el modelo de responsabilidad del fabricante, que señala que quien generó los productos es el responsable del mismo cuando se convierte en residuo, y quitando responsabilidad a quien compro el bien.
La especialista alegó que “siempre hay esperanza de modificación” y señaló que lo esencial es que los legisladores se puedan informar correctamente. “Si tenemos una ley de gestión, que esta sea el mejor instrumento a tener y que contemple, tal vez, experiencias internacionales para optimizar todos los recursos”, reflexionó al final.
