Tras un comunicado expedido por la Cámara de Industrias Pesqueras del Uruguay (CIPU) y la Cámara de Armadores Pesqueros del Uruguay (CAPU) sobre los desafíos que enfrenta el sector, CRÓNICAS se contactó con el presidente de la primera, Juan Riva-Zucchelli, para ahondar en esta problemática y en los reclamos que le exigen al gobierno para poder salir adelante.
El pasado lunes, la CIPU y la CAPU emitieron un comunicado en el que expresaron su descontento a las autoridades “ante la inminente inviabilidad del sector pesquero”. La situación actual, que inició en diciembre del año pasado, llevó a que hoy “los 54 buques de la flota y las plantas pesqueras” estén paralizadas, y que 3.000 empleados hayan “quedado sin trabajo”.
En el documento se explica que las medidas tomadas por el Poder Ejecutivo “no modifican la situación actual”, por lo cual el sector no estaría en condiciones de retomar la actividad, “más allá de las decisiones que tome cada empresa”. La misiva cierra con la severa conclusión de que el Poder Ejecutivo está “firmando el acta de defunción de la pesca en Uruguay”, y “condenando a la parálisis” al “60% de la flota” y a “casi todas las plantas pesqueras”.
En diálogo con CRÓNICAS, el presidente de la CIPU, Juan Riva-Zucchelli, aclaró que el principal problema que enfrenta el sector hoy son los altos costos de producción, que, si bien es “un tema genérico de todos los sectores”, afecta particularmente a la pesca y “hace inviable salir a trabajar” en este momento. “Perdemos menos dinero estando parados que trabajando”, sentenció.
Los reclamos
Dentro de los asuntos económicos que están obstaculizando al sector, según Riva-Zucchelli, está el tema de las jubilaciones bonificadas. Originalmente, explicó, para los trabajadores que se dedican a la captura, se aportaba a la seguridad social a través de fictos. Pero luego de un decreto de 2009, las empresas pesqueras pasaron a estar obligadas a aportar, además de los aportes patronales que hace cualquier empresa del 7,5%, los aportes nuevos por jubilación bonificada sobre los valores reales de las remuneraciones.
A pesar de que esto nunca se llegó a implementar totalmente, en 2018 se modificó “porque era inviable” y pasó “temporalmente” a ser un valor intermedio “entre el 0 que había antes y el 27,5%, que era lo que íbamos a llegar a pagar”, detalló. “Ese decreto sigue en vigencia ahora mismo” y, si bien “todos los otros miembros de la marina mercante de cabotaje por decreto aportan sobre fictos”, la pesca “es la única excepción”, agregó.
Otro punto que reclaman las cámaras es sobre el Banco de Seguros del Estado (BSE). El presidente de la CIPU comentó que, para todos los empleados de los barcos, tanto marineros como capitanes y maquinistas, como las personas que trabajan en oficinas en tierra firme, se paga un 10,5% de la prima de accidentes laborales, “una de las más altas” del país. “No puede ser que una persona que trabaja en una oficina pague un 10%, cuando usualmente se paga menos del 2%”, opinó.
Las autoridades
Riva-Zucchelli aclaró que “no estamos pidiendo dinero”, sino que “nos saquen una presión que tenemos que hace inviable al sector”. Además, puntualizó que, si bien “el lenguaje del comunicado es duro”, las cámaras están “en diálogo” con el gobierno, y que “la relación sigue siendo buena”. Tras las reuniones de esta semana, el presidente de la cámara se mostró esperanzado en que “quedó claro que, si no abordamos esto rápidamente, las consecuencias pueden ser muy graves” y añadió que “las autoridades parecen tener voluntad de arreglarlo”.
Un Instituto de Pesca
Una propuesta desde la CIPU es la de la creación de un Instituto de Pesca, de una conformación y propósito similar al Instituto Nacional de Carnes (INAC) o el Instituto Nacional de la Leche (Inale), en el que las autoridades gubernamentales y las gremiales puedan dialogar y generar políticas de Estado. “Creo que el país tiene un potencial enorme y que no explotamos ni la mitad de lo que podríamos explotar”, reflexionó.
