El titular del Ministerio de Desarrollo Social (Mides), Gonzalo Civila, concurrió al Parlamento el primer día de julio para comparecer en comisión y reconoció la responsabilidad del Estado en las muertes por exposición al frío, aunque aclaró que las personas también padecían otras patologías. Un día después falleció otra persona en situación de calle, convirtiéndose en el séptimo caso del invierno, y ahora la oposición analiza interpelar al ministro. Si bien una fuente vinculada al operativo dijo a CRÓNICAS que este se desarrolla de forma positiva, un antropólogo alertó que la emergencia “debe ser no coercitiva y permanente”.
Por Jerónimo López
En lo que va del invierno son siete los fallecimientos de personas que pernoctan a la intemperie producto de las bajas temperaturas, en el marco de una alerta por ola de frío que comenzó el 29 de junio y culminó este miércoles. Los decesos no solamente ocurrieron en la capital, sino que también hubo casos en Canelones, Rivera, Salto, Artigas y Treinta y Tres. La última muerte, según datos oficiales, se constató cerca de las 4:40 horas de la madrugada del miércoles 2 de julio: un hombre de 51 años de edad fue hallado sin vida en la vía pública en la ciudad canaria de Las Piedras.
A raíz de lo anterior, el gobierno -por intermedio del Mides- declaró la alerta pública de nivel rojo para las personas en situación de calle el pasado domingo 22 de junio. La medida implicó la evacuación obligatoria de personas y animales en riesgo y al mismo tiempo extendió plazas y horarios en refugios, aumentó la cantidad de equipos en territorio, creó centros de evacuados adicionales y decretó el trabajo conjunto con el Ministerio del Interior y ASSE para realizar las reubicaciones o, técnicamente, la «captación».
La cartera realiza reportes diarios sobre la situación. Durante la noche del 2 de julio “se brindó asistencia a 2.690 personas en todo el país: 2.115 a través del sistema de refugios y 575 mediante los nuevos Centros de Evacuación”, junto a “243 traslados y 26 asistencias médicas”.
Una fuente estrechamente vinculada al operativo dijo a CRÓNICAS que “funciona bien, aunque con los desafíos que conlleva mantener a muchas personas en un mismo lugar”. El funcionario valoró como muy importante el dato de que “la mayoría de las personas captadas se mantienen las 24 horas en los centros” y, en ese sentido, “se derrumba la creencia que tienen algunas personas de que son adictos que quieren vivir en la calle”. Respecto a lo voluntario de las intervenciones, dijo que “en muy pocos casos ha habido que aplicar la fuerza y detener por desacato a quiénes se resisten a la evacuación”.
Por otro lado, el doctor en Antropología por la Universidad de la República (Udelar), Marcelo Rossal, comentó a CRÓNICAS que “está bien que sea una emergencia, pero debe ser no coercitiva y permanente”. “La emergencia no debería terminar y requiere acciones sociales: vivienda, salud y formas de trabajo que permitan a estas personas volver a integrar el tejido social que los excluye”, dijo el académico, para luego agregar que el problema también está “en el día después” de la alerta por fríos.
Para ilustrar lo anterior se expresó en relación a decisiones del Mides que, desde su visión, han contribuido positivamente a paliar con la situación a lo largo de los gobiernos: “políticas de proximidad, de trabajo protegido, de vivienda, casas colectivas o cooperativas, además del logro de haber erradicado la niñez en la calle en 2010-2011”.También valoró el rol de la Policía Comunitaria y dijo que en una de sus investigaciones quedó de manifiesto que “era muy distinto el trato” en las comisarías donde estaban apostados.
“Las políticas fallan porque no hay una inversión suficiente. Es momento de usar el conocimiento acumulado en la academia, en el Mides y en la sociedad para que las personas se comprometan con el cuidado del otro. Que se comprometa el sistema de salud, las políticas de vivienda y las formas de inclusión en el mundo del trabajo. Sólo entonces se diluirá la demanda demagógica de sacarlos rápido de la calle”, finalizó.
Comparecencia y posible interpelación
El pasado martes 1º de julio el ministro del Mides, Gonzalo Civila, concurrió al Parlamento junto a una comitiva de su cartera y compareció ante la Comisión de Población y Desarrollo de la Cámara de Representantes. En la versión taquigráfica de la sesión, a la que accedió CRÓNICAS, dijo que “el Estado tiene responsabilidad sobre las personas que fallecen en situaciones de vulnerabilidad” y por lo tanto las muertes en calle “también son una responsabilidad del mismo, aunque no exclusiva” y que “no ha identificado una responsabilidad política personal”.
Sobre las fallas y omisiones del Estado para paliar esta situación, Civila dijo que “son múltiples y de distintas instituciones”, y que el Mides “ha tendido a convertirse en una institución muchas veces residual de problemas que otras instituciones no abordan”. “Cualquiera de nosotros que dijera que en el Estado no fallan cosas para dar respuesta a este tipo de situaciones estaría tapando el sol con un dedo”, comentó.
Además, sobre los fallecimientos, aclaró un comentario que realizó en conferencia de prensa y dijo que pretendía explicar “que hay situaciones de salud muy graves en las personas que hacen que el fallecimiento no se produzca, necesariamente, porque hay una ola de frío extremo o por hipotermia, aunque obviamente el frío agrava casi cualquier patología”.
Dijo que en los exámenes forenses arrojaron “un caso de una pancreatitis hemorrágica por consumo excesivo de alcohol; otra persona falleció después de que su compañero declaró haber estado consumiendo caña blanca durante toda la noche, otra por una afección respiratoria anterior y a otra se le registra un foco de tuberculosis”.
Finalmente, respecto a la aplicación de la ley de internación compulsiva, dijo que “no se dio ninguna instrucción del 1º de marzo en adelante de desistir en el uso de esa herramienta; y dijimos públicamente que el marco legal estaba para ser utilizado”, recurso que “no necesariamente requieren de la presencia de un equipo del Mides”.
La palabra de la oposición
El senador colorado, Robert Silva, dijo a CRÓNICAS que durante la comparecencia el ministro “reconoció” tres cosas importantes: “que no es un derecho vivir en la calle, que ya nada de lo que hagan podrá recuperar las vidas que se han perdido y que el gobierno anterior avanzó en muchos temas vinculados al Mides y sus prestaciones”.
Por otro lado, detectó “una búsqueda de responsabilidades incluso en los propios muertos”, y advirtió que “están utilizando la ley de internación compulsiva, cuándo hasta mediados de junio uno de los directores del Mides decía que no la iban a usar, por lo que hay contradicciones y falta de articulación”.
Otros miembros de la oposición informaron en rueda de prensa que analizan la posibilidad de interpelar a Civila. “Es una posibilidad. La situación es acuciante y realmente dramática y las explicaciones dadas en comisión no conformaron”, dijo el senador colorado Andrés Ojeda. El exministro del Interior y senador nacionalista, Nicolás Martinelli, comentó que «este es el gobierno con mayores sucesos de personas fallecidas en calle en la historia» y coincidió en que se analiza una interpelación.
