En el marco de un cambio de presidente en la Cámara de Zonas Francas de Uruguay (Czfuy) y, al mismo tiempo, la implementación de un reglamento que moderniza el régimen del sector, Diego Licio, novel titular de la cámara, expuso las reglas más importantes de la nueva ley y rescató el hecho de que abrirá las fronteras, aún más, para nuestro país.
El sector de zonas francas de Uruguay está atravesando por varias transformaciones en este último tiempo en cuanto a su legislación. Desde hacía 30 años, la ley que regía el sector -la Nº 15.921- no había tenido ningún tipo de modificación. Fue recién en 2017 que se realizó una adaptación a los tiempos corrientes, a través de la ley Nº 15.566. El pasado mes de setiembre se firmó un decreto reglamentario de esta última para que comience a ser utilizada.
El decreto 309 del 2018 se publicó el 27 de setiembre con el fin principal de adaptar las políticas de las zonas francas del país a los regímenes internacionales sin “dañar los negocios locales”, según explicó a CRÓNICAS el nuevo presidente de la Cámara de Zonas Francas de Uruguay (Czfuy), Diego Licio.
Este decreto, que modifica una ley que estuvo 25 años sin presentar intenciones de ser modificada, regula lo que la ley inicial no detallaba. En síntesis, moderniza el régimen porque hace que las zonas francas cumplan con todos los controles que exigen organismos internacionales, a los cuales Uruguay está afiliado.
Según el entrevistado, seguirán existiendo adaptaciones en los próximos meses y años que brinden facilidades en los negocios del sector, ya que, además, “representa un porcentaje muy alto del PIB del Uruguay y emplea a una gran cantidad de personal tanto en el Interior como en Montevideo”.
Las novedades
La ley permite que se puedan realizar las llamadas “actividades excepcionales” fuera de zona franca, es decir, gestiones como cobranza de carteras morosas o exhibiciones de mercaderías bajo ciertas reglas en Montevideo. “Todo bajo varias condiciones muy rigurosas”, aseguró Licio.
En la misma línea, se plantean las “actividades complementarias”, que pueden ser realizadas por usuarios de las zonas francas que están fuera del área metropolitana –a más de 40 kilómetros-. A su vez, se permiten hacer gestiones de relaciones públicas, manejo de documentación auxiliar, así como cobranza de bienes y servicios. Todo con autorización de DGI, y con la condición de no tener más empleados fuera que dentro de la zona a la que la empresa pertenece.
Un factor de relevancia que implica esta nueva legislación es que se limitan los plazos de contratos. Anteriormente, estos eran libres entre los usuarios y desarrolladores; ahora, los usuarios directos pueden acordar un contrato de hasta 15 años; los usuarios directos que realicen actividad comercial o de servicios pueden hacerlo de hasta 10 años; y un usuario indirecto puede firmar un contrato de hasta cinco años. “En zonas no metropolitanas, si tienen cierta cantidad de empleados o determinados montos a invertir, se puede pedir más plazo”, explicó el titular de la cámara.
Por otra parte, el proceso de autorización de contratos de prórrogas de usuarios por parte del área de zonas francas se vuelve un poco más detallado. Según dijo Licio, es necesario presentar un proyecto de inversión que incluya el plan de negocios y, además, una serie de justificativos sobre la actividad sustancial y personal, así como de qué manera el proyecto contribuye con la ley.
Las nuevas empresas que ingresen en el sector cada dos años deberán presentar una declaración jurada al área de zonas francas. “Es un control muy exhaustivo, con un informe sobre el nivel y la calidad, las inversiones, ingresos, y actividades desarrolladas, para saber si mantienen o no la calidad de usuario”, detalló el ejecutivo.
En cambio, para los que ya son usuarios, la declaración jurada pueden presentarla hasta el 31 de diciembre de 2019.
En cuanto a la normativa, Licio sostuvo que le parece positiva, ya que queda en concordancia con las necesidades que tenía el Estado uruguayo respecto a los organismos internaciones. “A la cámara le parece positivo siempre estar en cumplimiento con reguladores locales e internacionales, da una imagen de seriedad para todos”, indicó.
El empresario señaló que, obviamente, esto “no es gratis”, sino que es a cambio de regulaciones y burocracias y costos adicionales. “Pero es el mundo en el que estamos y hay que lidiar con esas situaciones, más allá de que sabemos que es menos práctico y más limitativos que antes. Entendemos que llegamos a una solución razonable para estar en cumplimiento con todos. Estamos satisfechos porque llegamos a una solución de cumplimiento”, puntualizó Licio.
La voz cantante
La Czfuy se creó hace 10 años con la finalidad de llevar la voz a las autoridades cuando el sector lo amerita, tanto a nivel local como fuera del país. “Buscamos que los trámites sean lo más leves posibles haciendo amigable el ambiente de negocios”, detalló su presidente.
Haber sido nombrado presidente de la Cámara lo cataloga como “un honor y una responsabilidad”. En cuanto a los desafíos, explicó que pasan por mantener siempre el régimen pujante de zona franca y ayudar a los socios a estar informados de la legislación.
“Sabemos que las zonas francas tienen regulaciones muy superiores a una buena parte del espectro de empresas comunes –no las que están reguladas por el Banco Central u otros entes-. Lo cual es razonable, pero nuestro afán es que lo nuestro sea lo más amigable posible para facilitar las cosas”, expresó el responsable de la Czfuy.
