Lo urgente y lo importante

Por Felipe Carballo (*) | @fcarballo711

La próxima semana, y luego de haber sido discutida y votada en el Senado, ingresara a la Cámara de Representante la Ley de Urgente Consideración (LUC). Aguardaremos las modificaciones que se realicen en la Cámara Alta y las analizaremos en profundidad. Desde la bancada de Diputados estaremos recibiendo a todas las organizaciones sociales que consideremos necesarias, independientemente de lo resuelto en el Senado y haremos el trabajo responsable de análisis que nos caracteriza como bancada.

Desde el inicio de esta legislatura he manifestado mi rotunda oposición a la LUC, y considero que el Frente Amplio no debería votar un solo artículo de esta ley. Este planteo lo he realizado en todos los ámbitos orgánicos y oficiales en los que participo, pero al no recibir eco de la misma, acompañaré la resolución mayoritaria alcanzada por nuestra fuerza política, como corresponde.

¿Por qué afirmamos que no deberíamos votar nada de esta Ley? En primer lugar, porque entendemos que las prioridades en este momento son otras. La crisis sanitaria dejará consecuencias económicas que no estaban en el horizonte hace apenas tres meses atrás. Miles de trabajadores en seguro de paro, cientos de rubros congelados y sin actividad, una situación mundial que inevitablemente nos afecta y la necesidad de disponer de recursos para reforzar áreas específicas (salud, por ejemplo) que no estaban previstas. Todas estas urgencias son las que deberían estar en el centro de discusión de todo el sistema político y, sin embargo, estamos distraídos, analizando propuestas que se generaron en otro momento, donde la realidad era totalmente diferente. Nuestra agenda y hoja de ruta ha cambiado debido a la emergencia sanitaria. Nuestras prioridades y desvelos siguen estando del lado de la gente, de los trabajadores, de los más vulnerados, de los menos privilegiados, pero, inevitablemente, debemos atender ahora las situaciones más acuciantes. Creemos que el gobierno nacional debería haber reconsiderado entonces toda su planificación, poniendo en primer lugar las urgencias de la población. Evidentemente, no se ha rediseñado el plan de Gobierno y se sigue adelante con una propuesta desactualizada que, si bien desde sus orígenes está enfocada en defender los intereses del capital, en el nuevo escenario económico perjudicará aún más la situación de los trabajadores y de los menos privilegiados. Sin embargo, siguieron adelante con la LUC y con el aumento de tarifas. Mientras otros gobiernos en el mundo buscan la forma de alivianar la falta de ingresos de la población, en nuestro país se sigue con el plan original, enfocado en la preocupación por el déficit fiscal y la desregulación de los controles financieros.

Pero si, de todos modos, dejamos de lado la situación de emergencia actual y nos ubicamos en el origen de esta propuesta, ya desde un principio es una ley que está en la antítesis de nuestra propuesta legislativa y de gobierno.

Una ley que en términos generales es regresiva, que ha dejado claramente en evidencia la intención de coartar libertades, que limita el derecho a huelga, que acota los ámbitos de representación de los trabajadores, que ha planteado privatizaciones de hecho, que busca achicar el estado y que vuelve a poner sobre la mesa propuestas sobre las que la ciudadanía ya se manifestó negativamente; entonces, no debería ser acompañada ni en un punto o una coma por el Frente Amplio. La clara intención de debilitar y desmantelar las empresas públicas se ha ido disfrazando, y con algunas modificaciones y eliminaciones que se han hecho públicas, se ha generado cierta calma.

En este sentido, nuestra fuerza política debió ser categórica. No hay modificación, eliminación y/o alternativa que haga “más o menos potable”, una ley que se originó en una propuesta de gobierno neoliberal. Cada uno de los artículos de esa Ley, tiene un cometido y una razón de ser. Algunos, tienen como objetivo, por ejemplo, poner a la oposición en esta disyuntiva de acompañarlos, generando así esta situación de extraña dualidad.

Desde que conocimos la propuesta inicial de la LUC en el mes de enero, tanto el Frente Amplio, como diferentes organizaciones sociales, la central de trabajadores, la Intersocial y muchos reconocidos voceros del ámbito académico hemos manifestado que es inconveniente el tratamiento de este tipo de leyes que se denominan “ómnibus”, donde se modifica la legislación vigente en muchas áreas a la vez y donde los cambios en una pueden afectar negativamente a otra, sin mantener un hilo conductor, como sí se mantiene en la ley de presupuesto, por ejemplo. Todos los días escuchamos a legisladores oficialistas jactarse de que han recibido a decenas de organizaciones sociales y sindicales. Lo que no dicen es que esas organizaciones han tenido no más de 15 minutos para hacer sus planteos frente a la comisión del Senado. Ese es el respeto con que los sindicatos y organizaciones están siendo tratados, y ese es el interés que los legisladores oficialistas tiene en escucharlos. Ese es el mensaje que se trasmite a través de la LUC y su urgencia.

Por otro lado, debemos alertar que, aunque se hayan hecho modificaciones en ciertos capítulos, existen aún dentro de la ley artículos que, conjugados con otros ya remitidos al parlamento, por ejemplo, en el nuevo proyecto de Ley de Medios, dejan a Antel en un escenario de desventaja frente a sus competidores.

Sabemos que ser oposición responsable es mucho más que negociar y buscar acuerdos. Desde el punto de vista legislativo existen otras formas de presentar alternativas para rescatar aquellos puntos en los que podríamos estar de acuerdo. Por ejemplo, separarlos de la LUC y tratarlos de manera independiente, descartando así, de plano, a esta Ley que es conceptualmente opuesta a nuestra concepción ideológica.

Sin embargo, y más allá de que nuestra postura es contraria a la LUC y a la definición mayoritaria que nuestra fuerza política ha definido, entendemos que desde el Frente Amplio buscamos coexistir y aportar. Hemos intentado dar todas las señales posibles para alcanzar un “gran acuerdo nacional”. Así lo hemos manifestado y accionamos, generando propuestas, trabajando alternativas, poniéndonos a disposición para aportar ante la emergencia sanitaria y también intentando hacer menos perjudicial esta ley, buscando modificaciones y cambios. Sin embargo, nuestras propuestas para enfrentar la crisis no han sido respondidas, han sido desestimadas y ninguna de ellas fue puesta en práctica. Evidentemente, el gobierno nacional no tiene intenciones de contar con el respaldo de la oposición, más allá de que la misma represente a la mitad de la población. Deberíamos, entonces, actuar en consecuencia, no votando una ley que de urgente tiene el título y de importante para la población no tiene nada.

(*) Diputado por el Frente Amplio