FMI destacó resistencia de Uruguay, pero insta a adoptar una nueva “consolidación fiscal”

Déficit > Efecto “cincuentones” comenzará a impactar negativamente en cinco años

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El Fondo Monetario Internacional (FMI) aseguró que “la economía uruguaya ha mostrado resiliencia” frente al deterioro externo, logrando “diferenciarse de sus vecinos”. Sin embargo, entiende necesario adoptar “medidas adicionales” para reducir el déficit, para lo que propone reducir el gasto público corriente en 0,3 puntos del PIB. A mediano plazo, insta a mejorar la eficiencia del gasto social, introducir una regla fiscal, reformar la seguridad social y mantener la salud financiera de las empresas públicas.

El organismo multilateral valoró en su última misión de consulta al Uruguay por el Artículo IV, que el país está “bien posicionado” frente a un contexto global “más turbulento”. Sin embargo, evalúa que para resistir al deterioro externo es necesario mantener la credibilidad de la política económica. Para ello se debe hacer foco en el frente fiscal y monetario, reducir el nivel de deuda, y reubicar la inflación dentro del rango meta. A mediano plazo, se debería aprovechar “la calidad institucional del país” para implementar reformas estructurales que contribuyan al crecimiento, y protejan los logros sociales de la última década.

Al analizar la economía, el FMI advierte que la reducción del déficit se detuvo y los objetivos del gobierno fueron prorrogados en el tiempo, lo que para el FMI “es una medida contracíclica apropiada” que de cumplirse implicaría un baja gradual de la deuda. Sin embargo, advierte que –de excluir los recursos relacionados con la operación de cincuentones- este año el déficit se ubicó en 3,8% del PIB en octubre, “lo que sugiere que es poco probable que se logre el objetivo de 2018”.

A futuro, el FMI analiza que “las perspectivas han empeorado en el corto plazo, pero permanecen estables en relación con los países vecinos” y espera que la economía crezca un 2,1% este año y un 1,9% el próximo. Ello estaría reflejando una desaceleración en el consumo durante el segundo semestre de 2018 por la depreciación del peso, la disminución de la confianza del consumidor y el menor crecimiento de los salarios reales, así como una reducción de los ingresos por turismo y exportaciones de bienes y a la apreciación del peso respecto a nuestros socios regionales. Del otro lado, se espera una recuperación de la agricultura tras la sequía de este año, lo cual va a apoyar el crecimiento, y se espera que la inversión privada se recupere gradualmente, después de cuatro años de contracción. “En los años siguientes, se espera que la economía crezca ligeramente por encima de su nivel potencial y que la brecha del producto se cierre gradualmente”, augura el organismo.

También interpreta que “existen sustanciales riesgos externos a la baja e internos al alza, debido al entorno internacional menos propicio y a proyectos de infraestructura de gran envergadura”. En primer lugar, sostiene que “un endurecimiento abrupto de las condiciones financieras mundiales, causada por un sustancial incremento en las primas de riesgo internacionales, sumado a un mayor fortalecimiento del dólar, podría tener repercusiones negativas para la economía uruguaya”. Asimismo, “una desaceleración más profunda de los socios comerciales también podría empeorar las perspectivas de crecimiento”. Del otro lado, se destaca la política económica que permitió reforzar la capacidad de resistencia de la economía ante choques regionales, y los planes para la construcción de la segunda planta de UPM, el nuevo sistema ferroviario vinculado a la planta, y otros proyectos de infraestructura “constituyen un importante riesgo al alza”. De todas formas, se alerta que “en el mediano plazo, si no se revierte el deterioro de la inversión y no se recupera la creación de empleo, el crecimiento potencial sería menor”.

Frente fiscal

Las recomendaciones realizadas por el personal técnico del organismo se enfocaron principalmente en el frente fiscal. Al entender del FMI, “sin medidas adicionales, será difícil alcanzar la meta de las autoridades de un déficit fiscal consolidado de 2,5% del PIB para 2020”. Se prevé que el déficit consolidado disminuya a 3,7% del PIB para 2018 (excluyendo el efecto de los cincuentones) y para 2019 y 2020, se espera una reducción de 0,2 puntos porcentuales por año. De esa forma, “sin medidas adicionales, el déficit se estabilizaría alrededor de 3,3% del PIB”.

Respecto a los ingresos de los cincuentones, explica que “al cabo de cinco años, esta operación debilitará las finanzas públicas en la medida en que el gasto previsional adicional superará los mayores ingresos y que el costo total de esta operación sería del orden de 4% del PIB”.

Si bien se entiende que las necesidades de financiamiento del país para 2019 “son manejables”, Uruguay debería estar atento al contexto de mayor volatilidad, ya que “la posición fiscal se ha deteriorado” y el espacio fiscal “se encuentra en riesgo”.

El FMI entiende que “sería prudente implementar medidas para poner el endeudamiento en una senda descendente” y llevar la deuda pública a un 49% del PIB en un horizonte de cinco años y a 44% del PIB en diez años. “Esto implicaría introducir medidas por 0,8 puntos porcentuales del PIB hasta 2020 (una mejora total de 1,2 % del PIB) en un período electoral y con desaceleración económica, lo cual sería difícil”, reconoce el organismo. Por ese motivo, el FMI insta a las autoridades a “introducir medidas por 0,3 puntos porcentuales del PIB (lo que permitiría una mejora de 0,5% del PIB en 2019), para poner el endeudamiento en una senda descendente y de esta forma reforzar el compromiso con la sostenibilidad fiscal.

Esta “consolidación fiscal” podría venir de una reducción del elevado gasto público corriente, atenuando su impacto sobre el crecimiento. A su vez, señala que los ajustes de tarifas deberían estar “determinados por la estructura de costos y las necesidades de inversión de las empresas públicas”. También sostiene que a mediano plazo se debe mejorar “la eficiencia del gasto social” para crear mayor espacio fiscal y financiar el incremento del gasto en inversión.

A futuro, el FMI recomienda “la introducción de un marco fiscal de mediano plazo respaldado por una regla fiscal vinculante” que ayude “a reafirmar el ancla fiscal y la sostenibilidad”. Explica que el enfoque actual que establece el presupuesto de un gobierno para sus cinco años de mandato “conduce a una falta de continuidad y la consiguiente incertidumbre”, por lo que la aplicación de un plan fiscal de mediano plazo “ayudaría a fortalecer la disciplina plurianual y alcanzar los objetivos de política con un uso más eficiente de los recursos”.

También insta a “abordar el creciente gasto en pasividades”, ya que se necesitan reformas basadas en “un diálogo social informado” para asegurar el sistema de pensiones, y mantener la salud financiera de las empresas públicas. “En este contexto, son bienvenidos los esfuerzos en curso para mejorar el gobierno corporativo, las prácticas para la gestión del riesgo y el monitoreo de sus resultados de forma más consolidada”, subrayan los funcionarios del FMI.

Cambios de fondo

En otro orden, el FMI aconseja que el tipo de cambio debe continuar funcionando como “amortiguador” de los shocks externos y las intervenciones cambiarias deben reservarse para contrarrestar las condiciones desordenadas de los mercados”.

Por último, se destaca que “Uruguay debe aprovechar su fortaleza institucional y tomar medidas para converger hacia el nivel de ingreso de las economías avanzadas”. Agrega que Uruguay “es uno de los países más estables de la región, con menor desigualdad del ingreso y pobreza”, pero advierte que “se necesitan esfuerzos para encarar los bajos niveles de inversión y de creación de empleo”. “Estos esfuerzos podrían incluir la creación de espacio fiscal que permita reducir el déficit de infraestructura, mejorar la intermediación financiera y reformar la educación para incrementar el capital humano”, destaca la declaración, agregando que “estas políticas también redundarían en mejoras de productividad”. Asimismo, se entiende que es necesario realizar esfuerzos para mejorar la competitividad, continuar con la diversificación de mercados y mejorar el acceso a ellos a través de tratados de libre comercio bilaterales y multilaterales.