Expertos advierten sobre problemas de organización ante la entrada en vigencia del nuevo Código del Proceso Penal

El pasado primero de noviembre entró en vigencia el nuevo Código del Proceso Penal (CPP). El estudio Ferrere reunió a especialistas para intercambiar sus posturas sobre la redacción e implementación del código. Estuvieron presentes los expertos Enrique Viana, ex fiscal letrado de Adolescentes de 2º turno; Mario Spangenberg, abogado penalista y catedrático del Departamento de Derecho Penal de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica; y Alejandro Pintos, director del Colegio de Abogados. En diálogo con CRÓNICAS, el abogado moderador de la mesa redonda, Julio Iribarne, opinó que los inconvenientes surgidos no responden a “si el código es mejor o peor, o a un tema de diseño” sino a un asunto “operativo, de falta de organización”.

Por Federica Chiarino | @FedeChiarino

“Todo lo que están diciendo de que los fiscales no descansan, o de que hay presos en las escaleras, o que los lugares no son adecuados, eso es puramente un tema de organización, no hace al fondo del código. Eso es todo corregible con el paso del tiempo”, opinó Iribarne. El abogado reconoció, sin embargo, que en cuanto a su redacción y estructura, el nuevo CPP cuenta con varias ventajas respecto al anterior. En primer lugar, porque antes existía una cultura del secretismo y la reserva, en el que “nadie podía hablar”.

En esta misma línea, Spangenberg remarcó los déficits del CPP anterior, que generaba confusión y promovía el secretismo. El nuevo CPP, por el contrario, establece que las audiencias sean orales y abiertas, lo que genera un nivel más elevado de transparencia.

Iribarne valoró como positivo, además, el nuevo rol que asumen las víctimas. Según el código anterior, si una víctima realizaba una denuncia y el fiscal entendía que no se había consumado un delito, el proceso quedaba archivado. Con la nueva reglamentación, la víctima puede estar presente en el juicio y, si el fiscal solicita el archivo del caso, la primera puede pedir que sea analizado por otro fiscal. Sin embargo, para el abogado de Ferrere, esta medida quedó “a mitad de camino”, ya que lo ideal, para él, sería “la querella”, es decir, que la víctima se convierta en una parte más del proceso, con independencia fiscal.

La querella implica que la víctima y el abogado trabajen con independencia de las decisiones del fiscal. Por ejemplo, el fiscal puede pedir 10 años de prisión en un caso, y la víctima solicitar una condena mayor, o el fiscal puede querer llegar a un acuerdo que la víctima considera desfavorable y al que decide no acceder. Con este nuevo CPP, si bien se trata de lograr un consenso entre las partes, la decisión final corresponde al fiscal.

Spangenberg, por su parte, reconoció más garantías en el rol que asumen los abogados, y valoró el libre acceso a la carpeta fiscal “que permite preparar un contralegajo y por lo tanto una mejor defensa”. Acerca de las víctimas, consideró que hubo un avance al atender la opinión de los involucrados y admitir la posibilidad de llegar a acuerdos reparatorios durante el proceso.

El abogado Iribarne advirtió sobre algunos asuntos de la redacción y estructura del nuevo CPP que le generaron dudas o desacuerdo. El primero de ellos es que el fiscal tiene, a partir de la audiencia de formalización, un plazo de un año para promover acusación, e incluso puede solicitar una prórroga de hasta un año más. Sin embargo, el abogado defensor, una vez que se le notifica la acusación, cuenta con solo 30 días para contestar. “Eso, a la luz de un nuevo régimen donde, supuestamente, los fiscales y los abogados estamos en la misma posición, y el juez de garantías es el que está por encima, no parece ser muy justo”, opinó Iribarne.

El viejo proceso inquisitivo, dirigido por un juez, se convierte ahora, con el nuevo CPP, en un proceso acusatorio en el que se investiga a los fiscales. Algunos expertos han denunciado que este nuevo sistema es “inconstitucional”, porque se transfiere la investigación de la órbita del Poder Judicial a la del Poder Ejecutivo. Sin embargo, Iribarne no coincidió con esta postura. Para él, el nuevo proceso acusatorio, similar al que rige en la generalidad de América, está bien, siempre y cuando los fiscales y los abogados estén en igualdad de condiciones, y cuenten con los mismos plazos.

Con una visión más crítica, el ex fiscal Viana calificó al nuevo CPP como “inmoral, caótico y caro”, y alertó que “lo que antes hacían los jueces, que están por fuera del Poder Ejecutivo, ahora queda en la órbita del gobierno, en manos de fiscales”, algo que entiende peligroso para garantizar la transparencia en casos de corrupción.

Iribarne, sin embargo, manifestó su desacuerdo con esta postura: “Él parte de una construcción que dice que, básicamente, el Poder Judicial investigaba mejor la corrupción y que ahora, con la creación de la Fiscalía como un servicio descentralizado, que pertenece al Poder Ejecutivo, es muy difícil que los fiscales se investiguen a sí mismos, al mismo poder en corrupción. Para mí es totalmente independiente”. El abogado añadió que no considera que exista inconstitucionalidad y que el hecho de que se investigue a los fiscales “de ninguna forma implica que va a mermar la investigación sobre corrupción”.

Por su parte, Pintos señaló que celebra “haber salido del proceso anterior”, destacando que la legislación actual permita esperar el proceso en libertad, porque “la regla tiene que ser la libertad. Si no, nos damos de frente contra los principios garantistas de la Constitución”.

El letrado señaló que el nuevo CPP otorga más y mejores atribuciones a la defensa, ya que le garantiza el acceso total a la carpeta de investigación y le permite acompañar al imputado al momento de prestar declaración. Respecto a la víctima, recalcó la posición preponderante que pasa a ocupar, “brindándole la posibilidad de solicitar que se reabra su causa si el fiscal la archivó”.

El nuevo código, según Iribarne, “va a ser una revolución”, en cuanto que plantea una forma distinta, y “más justa” de manejar el proceso penal. El abogado advirtió que el correcto funcionamiento va a requerir de algunos años de ajustes, sobre todo por los problemas operativos que han surgido. “Ahora, cuando esté todo andando más o menos aceitado, creo que vamos a tener un proceso bastante más justo”, enfatizó.