Tras asumir el cargo el 2 de junio, Asti aseguró que en el período previo el manejo de los mecanismos que posee la Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep) fue ineficiente, por lo que prevé revertirlo con énfasis en la recepción y tratamiento de las denuncias para asegurar un abordaje “absolutamente imparcial”. Además, dado que el ente autónomo ahora forma parte del Sistema Integrado de Lucha contra el Crimen Organizado y el Narcotráfico, espera que el Poder Ejecutivo acompañe la asignación de nuevas tareas con “mayores recursos financieros y humanos”.
En entrevista con CRÓNICAS, el contador Alfredo Asti detalló que concluyó su actividad privada en el 2000. Fue director de Recursos Financieros de la Intendencia de Montevideo desde ese año hasta el 2005 y legislador por el sector frenteamplista Asamblea Uruguay hasta el 2020. También fue director por el Frente Amplio en la Corporación Nacional para el Desarrollo desde el año 2020 al 2025.
En sus años como legislador fue integrante de la Comisión de Transparencia y Lucha contra el Lavado de Activos y Crimen Organizado de la Cámara de Diputados y participó en lo que se conoció como “grupo de los Tres Poderes”, instancia en la que finalmente se desempeñó como corredactor de la Ley Integral contra el Lavado de Activos. También participó en la elaboración de la última modificación que se aprobó en 2019 sobre declaraciones juradas de funcionarios públicos, conocida como Ley Cristal.
Consultado sobre el estado actual de la Jutep, dijo que los “cinco años anteriores fueron un periodo de decaimiento; con tareas que no fueron realizadas, pases en comisión sin utilizar, un canal de denuncias ineficiente y además aún queda la posibilidad de llamar a concurso a profesionales universitarios para analizar las declaraciones juradas”.
Según el flamante vicepresidente del ente, la idea de la Ley 19.797 era que la Jutep no solamente recibiera las declaraciones, sino también hacer un seguimiento de su evolución año a año y evaluarlas para detectar posibles conflictos de interés en los cargos que desempeñan los funcionarios públicos. Además, si bien hay declaraciones que se publican, la ley también preveía que la Jutep abra hasta un 5% de las que se reciben, pero no se hacen públicas. “Estamos hablando de que se reciben alrededor de 14.000 declaraciones por año”, pero “todo eso no se hizo”, dijo.
Otro problema anida en el canal de denuncias. “Hay una cantidad de denuncias presentadas a las que no se ha dado trámite y sin embargo hay algunas que quizás por intereses no estrictamente funcionales sí tuvieron definición. Eso lo queremos eliminar, y asegurar que el tratamiento sea absolutamente imparcial”, aseguró.
“Yo creo que en estos últimos cinco años la Jutep no estuvo a la altura, con grandes casos en los que no actuó y otros, con connotaciones políticas, en los que sí lo hizo, pero sin ir al fondo del tema. Luego de cinco años en los cuales no se hizo prácticamente nada la intención es poder impulsar una mayor y más efectiva tarea de fiscalización del proceso de declaraciones juradas”, finalizó.
Líneas de trabajo y novedades
Este gobierno ha incluido a la Jutep en el Sistema Integrado de Lucha contra el Crimen Organizado y el Narcotráfico y en la Comisión contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, ampliando sus funciones. “Se nos ha incluido en forma por demás significativa, lo que nos hace ampliar un poco nuestro panorama que hasta ahora se restringía al tema de la ética, la transparencia y la recepción de denuncias y declaraciones juradas. Ahora nos vincula a un protocolo de cooperación en estas temáticas, fundamentalmente la coordinación con otros organismos”, dijo.
“El desafío es grande y esperamos apoyo del Poder Ejecutivo; dado que nos da nuevas funciones, que también nos dé nuevos recursos financieros y humanos para poder cubrir este nuevo abanico de temas”, comentó.
Sobre su estrategia de trabajo y las temáticas en las que volcará su esfuerzo, afirmó que las presentó en una reunión con el personal del ente y sus autoridades. Allí, según contó, hizo hincapié “fundamentalmente en el tratamiento de las declaraciones juradas”, mientras la abogada, exvocal y hoy presidenta, Ana Ferraris, puso el énfasis en la gestión de las denuncias.
“Sin embargo, no se va a dejar de lado la capacitación con respecto al Código de Ética, las necesidades de la actuación con transparencia en todas las contrataciones, entre otros”. En tanto, catalogó como “fundamental” atender las “solicitudes de cooperación y requerimientos de información” de organismos públicos, locales o extranjeros, ya que “la Jutep es representante del país en algunos organismos internacionales”.
