“No se vislumbran grandes cambios ni en la lucha contra la inflación ni para bajar la deuda pública”

ENTREVISTA

Juan Carlos Protasi, expresidente del Banco Central del Uruguay 

Juan Carlos Protasi, quien supo estar al frente del Banco Central, tiene confianza en la política macroeconómica de Yamandú Orsi y Gabriel Oddone, que, según su interpretación, apunta a la apertura económica y a la estabilidad. Sin embargo, en lo que refiere a la propuesta de atender los salarios más sumergidos en la próxima negociación colectiva, advirtió, en entrevista con CRÓNICAS, que muchas empresas tendrán dificultades para absorber aumentos debido a una demanda de consumo “deprimida”. Por otro lado, subrayó que en este gobierno existe una “línea populista” que presiona para el aumento del gasto, algo que la situación fiscal hoy “no permite”.

-¿Cómo interpreta los primeros movimientos y anuncios que ha dado este gobierno en materia económica?

-La política macroeconómica del presidente Yamandú Orsi apunta a la apertura económica y la estabilidad. No se vislumbran grandes cambios ni en la lucha contra la inflación ni para bajar la deuda pública respecto a administraciones anteriores. El ministro Gabriel Oddone definió algunos objetivos en cuanto a que el Producto Interno Bruto (PIB) debería crecer 2% anual, que la inversión debe aumentar US$ 4.000 millones para alcanzar al 20% del PIB y que la deuda pública debería alcanzar un nivel prudente de 60%. Hoy la deuda bruta está en 74%. En cuanto a la meta de crecimiento, aunque implica duplicar la del último decenio, puede considerarse mediocre para generar riqueza y reducir la pobreza. Recordemos que Deng Xiaoping, que lideró la transformación capitalista de China, defendió el principio de que para superar la pobreza hay que generar riqueza, ricos, y científicos. Estamos lejos de estos principios, muchos personajes de la cúpula del gobierno desearían gravar a los ricos, a las empresas y todas las manifestaciones visibles de riqueza, sin darse cuenta de que son ellos quienes invierten y dan empleo a la gente. El presidente y su ministro por supuesto están en una postura diferente, pero el PIT-CNT no, y ese es un motivo de preocupación, porque siempre estará latente ese deseo irrefrenable de sacarle al rico para darle al pobre. El ministro también anunció medidas de desregulación de la economía para bajar costos complementando las ya adoptadas para combatir las diferencias de precios en la frontera con Brasil y también desindexar los salarios. Estas medidas faltaron en la administración anterior y tal vez podría ser una razón por la que la Coalición Republicana perdió las elecciones.  

 
-Ya se anunció que los salarios más sumergidos serán prioridad en la negociación colectiva. ¿Hay margen para llevar a cabo esa maniobra? 
-Creo que muchas empresas van a tener dificultades para absorber esos aumentos debido a una demanda de consumo deprimida y que no se podrán trasladar a precios en muchos casos. Las pautas proponen ajustes diferenciados por franja de ingresos con aumento real para la mayoría de los trabajadores, que, de no acompañarse por aumentos de productividad, lo que no ha ocurrido últimamente, podría impactar negativamente en el empleo y en la rentabilidad de las empresas. Las dudas surgen respecto a cómo se contemplarán las diferencias por tamaño y ubicación geográfica de las empresas. La desindexación a la que aspira el ministro Oddone parece que todavía no puede ponerse en marcha de un modo efectivo.   

 
-¿Cómo analiza el apartado fiscal? 

-Tanto la política fiscal como antiinflacionaria son inquietantes y al respecto no veo grandes cambios; al contrario, se profundiza la inconsistencia de aspirar a pesificar la economía, bajando la tasa de inflación a 4,5% anual con un déficit de 4%, una deuda de 74% y una tasa promedio de interés de la deuda cercana al 10% en dólares. El margen de maniobra para el gobierno actual, con un déficit de 4% del PBI, es muy estrecho y más aún frente a los planes de expansión del gasto en los distintos ministerios. El mix de política fiscal-monetaria que se aplica desde hace varios años con recurrentes y persistentes déficits fiscales tuvo consecuencias infortunadas para la economía. Por ejemplo, altos impuestos y atraso cambiario que promovieron cierre de empresas, reducción de la inversión, crecimiento del PIB de 1% promedio anual, reducción de casi 20 puntos en la apertura comercial y elevación de la deuda pública que amenaza la solvencia fiscal. La deuda pública bruta aumentó 10 puntos porcentuales y la deuda pública neta aumentó 13 puntos, ambas con respecto a 2019. Si esta bola de nieve no se frena, podríamos enfrentar una crisis de confianza. La única arma que dispone el gobierno es bajar el gasto.  
 
-¿Cuáles entiende que deberán ser las prioridades de cara a la elaboración de la ley de presupuesto? ¿Ve una puja a la interna del gobierno sobre este tema, como distintos especialistas han advertido? 

-Desconozco cómo se viene manejando este tema. Obviamente, es de resorte exclusivo del gobierno. Pero creo que existe una línea populista que presiona mucho para el aumento del gasto y que la situación fiscal hoy no lo permite, poniendo más al límite la solvencia fiscal. Aun cuando el gobierno logre un crecimiento promedio anual de 2% en el quinquenio con un atraso cambiario de 3% anual, digamos 5% en dólares, sería insuficiente para frenar el servicio de intereses de la deuda pública que se acumula al déficit primario entre ingresos y egresos del gobierno. La probabilidad de que la deuda siga en aumento a pesar del cumplimiento de la regla fiscal es muy alto, en parte también por el atraso cambiario que hace que la deuda emitida en Unidades Indexadas (UI) equivalente a un monto de dólares en su inicio finalmente alcance un valor mayor por el aumento de la UI en dólares. Este panorama de fondo, con una decena de ministros ansiosos por aumentar el gasto, pone en riesgo la estabilidad. Para dar credibilidad a los inversores que compran la deuda uruguaya, el presupuesto debería dar una señal en ese sentido. No sabemos si el ministro Oddone lo propondrá. 

 
-La nueva administración del Banco Central del Uruguay (BCU) fijó metas de inflación específicas y “más ambiciosas” que la anterior administración. ¿Cómo interpreta estos anuncios? 

-Creo que el tema inflacionario no es solamente resorte del BCU. La tasa de inflación se maneja con la Tasa de Política Monetaria, haciendo a la expansión monetaria más restrictiva, con un nivel de gasto público inmanejable. El gobierno atado de pies y manos coloca deuda para pagar el presupuesto, esos fondos son depositados en el BCU y la Tesorería retira para pagar sueldos y gastos. Para evitar que suban los precios, el BCU debe salir a sacar ese dinero colocando Letras de Regulación Monetaria que a su vez devengan en intereses. O sea, pagamos intereses cuando se emite la deuda de la Tesorería y luego cuando el BCU esteriliza la expansión de ella, o sea dos veces. No caben dudas de que los precios suben porque hay dinero circulante pero también por la capacidad de algunas empresas privilegiándose de fijar precios por las regulaciones que los protegen. Para bajar la inflación se debe desregular y tener más competencia en el mercado. La moneda no da necesariamente estabilidad de precios. La estabilidad de precios se alcanza con competencia. El ministro está bien orientado y vamos a ver cuánto logra. 


“La sustitución de monedas que se produjo en el mercado fue en desmedro del tipo de cambio y de los sectores transables de la economía”
-La problemática sobre el llamado atraso cambiario y las quejas de distintos sectores que son afectados se ha sostenido en el tiempo. ¿Por qué cree que es un tema complejo de abordar? 

-Si lo es. Los fundamentos del atraso cambiario son el elevado nivel del gasto público, o las diferencias de productividad entre el sector transable y no transable, o los términos de intercambio y que el tipo real de cambio se aparta del nivel pautado por los fundamentos, en un porcentaje. Por el otro lado está la realidad que enfrentan las personas y empresas que nada pueden hacer para revertir el aumento desmedido de los costos y precios en dólares y que afectan su sobrevivencia. Pero quienes tienen la facultad de corregirlo son los responsables de la política fiscal-monetaria que persisten en la inconsistencia comentada. La emisión de deuda pública en pesos o UI a elevadas tasas comparadas con las que se pagarían en dólares atrae a los inversores locales y extranjeros que optan por deshacer sus posiciones en dólares y pasarse a pesos o directamente los ingresos que reciben en pesos. Un ejemplo de ellos son las AFAP del BPS, que actualmente mantienen el 85% de sus activos en pesos o UI y que no demandan dólares en el mercado como lo hacían antes, cuando mantenían sólo 40% en pesos. La sustitución de monedas que se produjo en el mercado fue en desmedro del tipo de cambio y de los sectores transables de la economía, exportadores, servicios, entre otros. No se puede desconocer que el dólar, como moneda, fue perdiendo valor a lo largo del tiempo y ya no tiene la fortaleza ni el interés que tuvo en el pasado. Hasta cuándo continuará aumentando la apetencia por la deuda uruguaya, es una pregunta que debemos hacernos, pero que en principio está justificada por un muy bajo riesgo país ante la expectativa o ilusión de que si el Estado no tiene ingresos para pagarla puede siempre emitir pesos para honrar sus compromisos.