Por Raúl Viñas (*) | @Uruguay2035
Personalmente y desde Movus hemos sido muy críticos del denominado “proyecto Neptuno” para complementar el abastecimiento de agua a Montevideo y el área metropolitana con agua tomada del Río de la Plata en Arazatí. Así, entendemos positivo que se lo descartara, cuando todos los análisis indicaban que era inconveniente, insuficiente, extremadamente caro y planteado en una localización inadecuada para servir como fuente para el servicio de agua potable.
La maratónica interpelación la semana pasada al ministro de Ambiente por ese tema terminó sin novedades. La oposición defendió, sin un propósito claro, el proyecto privado para Arazatí, criticando que fuera descartado, mientras que el gobierno, a pesar de las críticas, dejó claro que seguirá adelante con las obras anunciadas en la cuenca del Santa Lucía.
Se ha dicho que para eso se harán modificaciones al contrato originado en una iniciativa privada para una obra específica y que tiene por objeto obras en Arazatí y el departamento de San José. Eso se pretende justificar con una dialéctica rebuscada que deliberadamente confunde “objetivos”, difusos y no escritos, con el “objeto”, plasmado y específico, del contrato.
En la interpelación ninguna de las partes, ni el gobierno ni la oposición, hizo mención a que una de las modificaciones anunciadas busca eliminar la ilegalidad de haber otorgado a privados la gestión y operación de parte del servicio público de abastecimiento de agua para el consumo humano, el que debe ser prestado exclusiva y directamente por personas jurídicas estatales.
Esa ilegalidad fue reconocida por el actual gobierno, reconocimiento que el Ministerio de Ambiente incluyó como elemento en contra del proyecto en la presentación ante la Comisión de Ambiente de la Cámara de Diputados el pasado 4 de agosto.
Está meridianamente claro que un contrato con cláusulas ilegales es nulo (Artículo 1560 y siguientes del Código Civil) y no genera efectos para ninguna de las partes.
Lejos de hacer uso de la anulación del contrato que posibilitaría hacer una nueva licitación de obras en condiciones más ventajosas, quedó claro que no se modificarán las condiciones de pago por disponibilidad y mantenimiento del contrato, las que aseguran a las empresas constructoras cobrar por las obras más de tres veces su valor, una condición inaceptable y difícil de entender, viendo los informes presentados sobre la situación económica y financiera de OSE disponibles en la versión taquigráfica de la comparecencia OSE en el Parlamento.
Para impulsar esto se apela a un sentimiento de urgencia que no parece seguir con un plan estratégico definido, y hace recordar a las obras de trasvase de agua del río San José al río Santa Lucía durante la sequía.
Las obras ahora propuestas requieren todas de estudios ambientales completos y por su tamaño y complejidad ninguna estará terminada al menos hasta el año electoral de 2029.
Nada se dijo en la interpelación de la posibilidad de ejecutar una reparación masiva de las redes de OSE, que podría comenzar mañana, dotando a las nuevas redes de elementos de medición que favorezcan el control y racionalicen su operación.
Eso cuando el sistema metropolitano demanda del río Santa Lucía y potabiliza correctamente casi 600.000 metros cúbicos de agua diarios de los que, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística, solo se factura el 35%, que son unos 220.000 metros cúbicos.
Así, en el sistema metropolitano de Montevideo el 65% del agua demandada al río Santa Lucía, unos 400.000 metros cúbicos, no se factura por pérdidas de la red, o se utiliza en conexiones que no son medidas. Eso significa que cada mes la OSE deja de facturar 10 millones de dólares, 120 millones anuales.
Solucionar esas pérdidas generaría mucho empleo y trabajo que puede ser realizado por empresas de porte mediano e incluso pequeño, trabajando a nivel zonal.
Nada se dijo, pero está claro que reducir la demanda de agua del río a los niveles de consumo real que según la Ursea (Unidad Reguladora de Servicios de Energía y Agua) no debieran superar los 350.000 metros cúbicos diarios, quitaría estrés al sistema reduciendo el volumen de productos químicos a utilizar en la potabilización y la producción de lodos como residuo del sistema, abaratando el proceso, mejorándolo ambientalmente e incrementando la facturación.
No hay razón para incrementar ahora la capacidad de potabilización de Aguas Corrientes con una nueva potabilizadora que volcaría agua a un sistema metropolitano en muy malas condiciones y con pérdidas que superan en volumen el incremento de aporte que se lograría. La que se piensa construir podría estar en operación en tres o cuatro años para ser usada en pocas oportunidades o casi no ser utilizada si se reparan las redes.
Mejorar las redes y con ellas la capacidad financiera de OSE, permitiría además a la empresa encarar las nuevas obras por contrato de obra pública, sin caer en el pago de recargos e intereses por PPP (participación público-privada) o la aún menos controlada “iniciativa privada”, las que dan por resultados costos de obras que triplican y más el costo real, sin justificación económica ni financiera. Eso convierte a la obra pública en un negocio eminentemente financiero para las empresas contratistas.
Pero esto no está en los planes y en la interpelación todas las partes se guardaron muy bien de transparentar los costos reales de las obras, concentrándose en hablar de los montos de inversión, lo que les puede costar la obra a los contratistas, sin referirse a lo que esos contratistas van a cobrar que más que triplica su inversión, algo que ni siquiera el sistema bancario privado local hace con los préstamos.
Para aclarar, me tiene sin cuidado si voy a arreglar un baño y la empresa me dice que gastarán en materiales, mano de obra e impuestos 100 pesos. Esa es su inversión. Lo que me importa es cuánto me van a cobrar y seguramente si me dijeran que deberé pagarles 300 pesos, busque otro sanitario.
La posibilidad de anular el contrato existe, la ilegalidad ha sido reconocida y tiene amplio respaldo legal, la de comenzar a arreglar las redes también, quizá sea un buen momento para barajar y dar de nuevo.
(*) Magíster en Ciencias Meteorológicas. Docente en la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad de la Empresa. Integrante del Movus (Movimiento por un Uruguay Sustentable).
