Por Walter Cervini (*) | @Wcervini
Hace algunas semanas asistimos nuevamente a una interminable jornada de interpelación al ministro de Ambiente, Cr. Robert Bouvier. Durante más de 15 horas tuvimos a un ministro y todo su equipo y directores y técnicos de una empresa estatal sentados en el Parlamento para que vengan a explicar lo obvio, que el proyecto Arazatí es la solución que Uruguay necesita para poder proveer de agua potable a la zona metropolitana.
Esto no es de ahora. Cuando el exministro Adrián Peña el 27 de agosto de 2020 asumió al frente de la novel cartera de Ambiente nada más ni nada menos que en la localidad de Aguas Corrientes, dijo: “Queremos trabajar en los cursos de agua, las cuencas, las fuentes, y mejorar la calidad del agua. El agua hoy es potable, pero ha habido eventos y episodios que han hecho que la confianza de la ciudadanía bajara. Vamos a trabajar para mejorar esa confianza”.
Por eso mismo ese Ministerio se marcó como uno de sus principales desvelos buscar fuentes alternativas que no hicieran depender a más de un millón de personas de una sola fuente de agua como lo era Aguas Corrientes y por eso, entre estudios de factibilidad y análisis técnicos, se llegó a que la mejor solución para Uruguay era el proyecto Arazatí.
Un proyecto que ha sido transparente y confiable como el agua, como el agua potable que busca darle a toda la ciudadanía.
Desde el primer momento se han puesto a disposición los informes técnicos, el costo, quiénes participarán, los análisis de riesgo, todo.
Mientras que algunos nos desvelamos por buscar soluciones para la ciudadanía, que tuvo que ver, en la mayoría de los casos, por primera vez en su vida, que el agua no era infinita, otros eligieron cuestionar, criticar, hacer una oposición irresponsable generando falsos fantasmas.
Claro, no estábamos acostumbrados a seguir los proyectos con la transparencia como sí sucedió con el proyecto Arazatí. La información fue pública desde el primer momento, por eso es un proyecto transparente, en el que se les dio participación a organizaciones sociales, al igual que al sistema político.
Escuchamos incansables argumentos de que la solución era la represa de Casupá y escuchamos también la mentira de que ese proyecto estaba pronto para que ejecutara esta administración. Pero la realidad es que cuando el Frente Amplio fue gobierno no aceleró los proyectos que ahora reclama.
Lo reconoció el propio expresidente José Mujica, argumentando que no se había hecho porque el financiamiento de ese proyecto “aumentaba el déficit fiscal”. Incluso, en una de las oportunidades en las que el Cr. Danilo Astori tuvo que ocupar el cargo de presidente interino, en el año 2013, firmó un avance de ese famoso proyecto Casupá, pero se llegó a 2019 sin ninguna obra realizada al respecto.
Entonces, fuimos expectantes a una interpelación en la que se anunciaba por parte de la oposición en todos los medios, casi a modo de promesa, que se iba a demostrar la inconstitucionalidad y la ilegalidad del proyecto; nunca pudieron demostrarlo, porque no existe tal inconstitucionalidad e ilegalidad.
Es más, como integrante de la Comisión de Ambiente de Diputados, he tenido que seguir muy de cerca este tema y he tenido la posibilidad de escuchar y dialogar con diferentes organizaciones que han concurrido a la comisión a expresarse, como lo hizo en su momento el sindicato de trabajadores de OSE, allá por junio de 2022, como consta en las actas del Parlamento.
Recuerdo en aquella oportunidad que el presidente del sindicato señalaba que “en OSE hay un montón de privatizaciones y tercerizaciones” a las que el sindicato se opuso y recordaba que hay más de 10 plantas de tratamiento de aguas residuales —la otra mitad del saneamiento— operadas por empresas privadas que fueron entregadas por uno o dos años, pero que se les terminaba renovando el contrato porque OSE no tenía capacidades propias de hacerse cargo.
Entonces, si cuando el Frente Amplio tomaba estas decisiones y no eran inconstitucionales, tampoco lo son ahora, porque tenemos que ser coherentes ante todo.
Y la coherencia es pensar en las necesidades de la gente, porque hay que tener otra opción porque no hay tiempo de esperar soluciones mágicas, porque las proyecciones indican que para el año 2035 vamos a precisar abastecer al área metropolitana con 711.000 metros cúbicos de agua potable y para el 2045 van a ser 820.000 metros cúbicos, por eso es necesario tener otro recurso desde donde tomar agua y contar con una segunda planta para tener opciones.
Esta es la solución para la gente, para esa gran mayoría que vimos que consume y precisa el agua potable de la canilla, que si no tiene agua potable cuando abre la canilla de la casa tiene que salir a comprar, por eso el gobierno hizo un esfuerzo denodado para cubrir esas necesidades durante el período de sequía.
A esa gente le tenemos que decir que festeje, que finalmente un gobierno invertirá el dinero necesario para asegurar el agua a la zona metropolitana y que van a tener la tranquilidad de que en el 2035 y en el 2045 van a abrir la canilla de su casa y van a tener agua potable y de calidad, y eso es algo que tenemos que festejar independientemente del lado en el que se esté, si es del lado del gobierno o del lado de la oposición.
Por eso mismo, durante la comparecencia en la interpelación le pedimos por favor al Ministerio de Ambiente y a OSE que siguieran apostando por Arazatí, que es el resultado de materializar lo que la gente necesita, que no es otra cosa que asegurarles el agua potable.
(*) Diputado del Partido Colorado – Ciudadanos.
