Por Iván Posada (*) | @IvanPosada33
Desde hace años, gobierno tras gobierno, Uruguay sufre un progresivo y persistente deterioro de su calidad de vida como consecuencia del crecimiento de la inseguridad, tanto desde el punto de vista objetivo -los delitos registran un aumento sustancial con un mayor contenido de violencia respecto a personas y bienes-, como subjetivo -el crecimiento difuso de la sensación de peligro y miedo-.
El análisis de la evolución de los delitos muestra el fracaso de los sucesivos gobiernos en el control de la delincuencia. La información oficial disponible da cuenta que en el curso de los últimos 33 años, los homicidios se triplicaron, los hurtos se duplicaron y las rapiñas son 16 veces más que en 1985.
De acuerdo a los datos más recientes, en el año 2018 con respecto a 2017, las rapiñas se incrementaron 54%, los hurtos 26% y los homicidios 46%, elevando a 11.8 la tasa de homicidios cada 100 mil habitantes. En Montevideo, se incrementaron 39%, en el resto del país, 55%. Como la tasa de aclaración de homicidios se sitúa en el 50%, la mitad de los homicidios permanecen impunes.
Las rapiñas se concentran en el área metropolitana. Casi el 80% se cometen en Montevideo y 14% en Canelones. Los hurtos en cambio se concentran 44% en Montevideo, 16% en Canelones y 40% en el resto del país.
De acuerdo a los datos oficiales en marzo del presente año, las circunstancias en que se cometieron los homicidios en 2018 son las siguientes: 60% se derivan de conflictos criminales, 14% de violencia intrafamiliar, 11% de rapiñas y otro 11% de altercados espontáneos o problemas de convivencia.
Estos resultados refieren a los delitos sobre los que hay un interés de las autoridades policiales en su persecución, aclaración y detención de los culpables. Sin embargo, la situación es peor aún, porque hay faltas o delitos de menor cuantía como el arrebato del cual no existen estadísticas. En consecuencia, estos hechos delictivos de menor cuantía (como el robo de una cartera, de un celular o de un par de championes) contribuyen a proyectar –tanto en la dimensión objetiva como subjetiva del delito- una mayor indefensión ciudadana, que además desacredita la capacidad de la policía para garantizar la seguridad ciudadana.
Por detrás de estos números están las víctimas de estos delitos como consecuencia de lesiones físicas y psicológicas, el daño a sus familias, las pérdidas de bienes y las secuelas del miedo, que modifican conductas y sentimientos.
Como siempre sucede, la expansión de la inseguridad ciudadana provoca el crecimiento sostenido de la seguridad privada, la aparición de barrios privados que ponen especial énfasis en la seguridad de sus moradores, la segregación en función del poder adquisitivo y la destrucción del entramado social.
Durante años, los análisis y diagnósticos se han multiplicado. Los sectores políticos, la academia, la comunidad y los sucesivos gobiernos han procurado entender el fenómeno e identificar sus causas. La pérdida progresiva de valores, la situación de pobreza y exclusión social, la influencia de las drogas, la falta de una adecuada acción de control y prevención del delito o la débil acción de la justicia han sido considerados factores determinantes del crecimiento delictivo y la inseguridad.
En los períodos de gobierno de los partidos Colorado y Nacional no se logró identificar a tiempo las evidencias del progresivo deterioro que los ciudadanos comenzaron a sufrir en sus cotidianas condiciones de seguridad. Cuando la situación ya tenía características preocupantes, solo se atinó a adoptar medidas parciales, que muchas veces resultaron inconexas y contradictorias, particularmente orientadas por la filosofía de la ley y el orden, inspirada en el populismo punitivo.
Así, sin rigor científico alguno, se crearon nuevos delitos y se aumentaron las penas de otros, utilizando al sistema penal como la herramienta fundamental para intervenir en los problemas de seguridad pública.
En el primer período de gobierno del Frente Amplio la acción del Ministerio del Interior estuvo condicionada por una orientación ideológica que interpretaba las manifestaciones delictivas como una consecuencia de la exclusión social y la pobreza, propias del sistema capitalista. Por ende, la atención se focalizó en forma casi excluyente en eliminar tales causas para disminuir los delitos. Se desactivaron las consecuencias del “derecho penal de la emergencia” mediante la aprobación de la llamada Ley de Humanización y Modernización del Sistema Carcelario que resultó un fracaso, habida cuenta del importante índice de reincidencia de los reclusos liberados en forma anticipada y de la clara señal de desaliento al trabajo policial.
Estas acciones, sumadas a la desaparición de las comisiones de seguridad vecinal y Vecino Alerta, generaron en la población la imagen de un gobierno prescindente en materia de seguridad, con la consecuente sensación de desprotección.
Desde 2010 el gobierno del Frente Amplio promovió un cambio en el enfoque, adoptando nuevas estrategias en la lucha contra el delito concentrando la policía de Montevideo en cuatro zonas operativas, y más recientemente, instrumentando para el área metropolitana el Programa de Alta Dedicación Operativa (PADO) como una respuesta georeferenciada al delito. Si bien al principio, se obtuvieron algunos resultados que suponían un cambio de tendencia, los últimos datos disponibles son determinantes y demostrativos del fracaso operativo. Si miramos por ejemplo, la realidad del interior de nuestro país en el primer semestre de 2018, en Canelones las rapiñas aumentaron un 100% y en el resto, más del 31%.
Pero además, la estrategia de la concentración de los recursos humanos policiales, desmanteló las unidades operacionales (comisarías) y cortó de raíz la relación de la policía con el territorio, dejando desamparados a los pobladores, e incluso con zonas liberadas a la delincuencia.
Las modernas escuelas criminológicas afirman que el delito no puede abordarse desde una óptica reduccionista y simplificadora como ha ocurrido desde la apertura democrática. En este período ha predominado un enfoque simplista del problema de la seguridad ciudadana, muchas veces condicionado por definiciones ideológicas, cuando los hechos demuestran que es un fenómeno social particularmente complejo, que tiene en su origen múltiples causas lo que condiciona la forma en que debe ser encarado.
Ante el fracaso cobra fuerza el populismo punitivo que propone iniciativas de reforma constitucional que plantean penas de cadena perpetua o la creación de una guardia nacional militar, que apela a remover los instintos humanos más primarios procurando un dudoso beneficio electoral.
Podemos debatir incansablemente sobre el aumento de pena o respecto a sacar el Ejército a la calle para combatir el delito u otras ideas similares, pero debemos comprender que simplemente estamos eludiendo la discusión real del problema que es a esta altura más que evidente: el agotamiento de un modelo de policía gubernativo, incapaz de dar una respuesta eficiente ante el delito y garantizar la seguridad ciudadana.
La experiencia de las últimas décadas evidencia la necesidad de instrumentar una verdadera política de Estado en materia de seguridad pública que definitivamente encare los problemas en profundidad, mediante el diseño de un modelo de seguridad democrático, moderno y eficiente, basado en los necesarios consensos técnicos, sociales y políticos.
Tal modelo de seguridad es parte de la reforma del Estado y requiere indispensablemente de un cambio cultural que desarrolle un Modelo de Policía Integral, capaz por su conocimiento, formación y eficiencia de ser una organización que genere entre sus miembros un sentimiento de dignidad y pertenencia. En suma, consolidar la idea de una profesión formada al máximo nivel técnico, para hacer frente al reto de garantizar la seguridad de la ciudadanía.
(*) Diputado por Montevideo – Partido Independiente
