Por Pablo Abdala (*) | @pabloabdala66
El senador Jorge Larrañaga propuso reformar la Constitución para introducir en ella cuatro herramientas que permitan el combate al delito. Se trata de un conjunto de modificaciones al sistema jurídico vigente que, seguramente, no generará efectos mágicos sobre la realidad, pero contribuirá a contener la escalada de violencia que padecen los uruguayos, y a enfrentar a la delincuencia que la provoca.
Nadie ignora que el país vive una emergencia en materia de seguridad. Los ciudadanos –todos los días, y en el marco de la mayor indefensión- ven vulnerados sus derechos y los de sus familiares directos o, al menos, corren el serio y cotidiano riesgo de verlos vulnerados.
Es evidente, también, que la realidad que nos rodea lejos está de ser una circunstancia meramente ocasional o pasajera. Muy por el contrario, a esto hemos llegado a través de un proceso de deterioro progresivo que incluye el fracaso (o la ausencia) de la política de seguridad y el agotamiento de la gestión del ministro del Interior. Pero, también, son parte del problema la crisis del sistema educativo y la ineficacia de las políticas sociales, entre otros aspectos tal vez no tan relevantes.
La enmienda constitucional que se preconiza no resuelve las cuestiones de carácter estructural que tanto condicionan el destino nacional. Sería sencillamente falso o inexacto sostener lo contrario. Sin embargo, el planteo persigue lo que parece de toda lógica en cualquier emergencia: frenar el daño sobre la vida, la integridad, la propiedad y la libertad de las personas, actuando con más contundencia y con mayor rigor sobre los factores que lo perpetran.
Las normas jurídicas, que son instrumentos, es de sentido común que se adecuen a la realidad que están llamadas a regular o custodiar, y eso está en la base de los cuatro cambios constitucionales que se sugieren. Es inconcebible, por ejemplo, que en el Uruguay subsista la prohibición de los allanamientos nocturnos, que proviene de la Constitución de 1830, mientras el narcotráfico aprovecha esa limitante de la acción de policías y fiscales para llevar adelante su comportamiento criminal.
De la misma manera, es menester que los sujetos que cometen los delitos más atroces y aberrantes (violación y homicidio de un menor, por ejemplo) y cuyo perfil psicológico indica su casi imposible reinserción, sean separados de la sociedad, para protegerla, a través de la pena perpetua revisable. O que los que son condenados por los delitos más graves cumplan efectiva y completamente la pena impuesta, y que copadores, violadores, secuestradores o narcotraficantes no obtengan la libertad anticipadamente por la aplicación de algunos de los institutos vigentes.
Por otra parte, la conformación de una Guardia Nacional con efectivos militares responde a la misma orientación: la grave crisis de seguridad demanda que el Estado apele a todos los recursos materiales y humanos disponibles, para imponer su autoridad y darle protección a la población. Si es verdad –como es- lo que dijo el Comisario Mayor Layera, en cuanto a que vamos camino a El Salvador, porque las bandas criminales avanzan y el Estado se repliega, es obvio que hay que actuar. Y con urgencia.
La iniciativa de Larrañaga, por la gravedad del problema y la inquietud popular que el mismo genera, se ha instalado en el centro del debate. Los más escépticos señalan, como una aparente debilidad, que las propuestas, de prosperar, recién se aplicarían a partir del próximo período de gobierno. En rigor, estarán vigentes antes, porque cobrarán vigor desde el preciso momento de su aprobación plebiscitaria. Pero, además, el fin que se procura no es excluyente de la necesidad de cambiar al gobierno sino, más bien, complementario: quienes estamos invitando a la gente a firmar trabajamos, a la vez, para que el gobierno cambie y, como aspiramos a que cambie para bien, advertimos que será muy bueno que quien lo suceda, cuente con estos instrumentos desde el inicio.
También se ha argumentado, legítimamente que la reforma que se proyecta, al ser materia de ley, no debiera insertarse en la Constitución. No estamos de acuerdo. Para dilucidar este aspecto es aconsejable leer el proyecto en su integralidad. La técnica empleada reconoce la condición de rigidez de la norma constitucional, y respeta el margen de actuación del legislador: salvo en el caso de los allanamientos nocturnos, que para consagrarlos es ineludible modificar el artículo 11, los otros tres planteos son resueltos a través de una disposición transitoria, pero podrán ser modificados en el futuro, si cambian las circunstancias, y si así lo dispone la ley que al efecto se dicte por una mayoría especial.
Sin embargo, más allá de la técnica jurídica, hay una razón política que da explicación al camino escogido, y que todo el país conoce. Las alternativas de la democracia representativa, como las vías parlamentarias clásicas, se han agotado y están definitivamente bloqueadas, al menos en lo que resta de la actual administración. Por la sencilla razón de que el que está bloqueado es el gobierno, ganado por la parálisis y la inacción, y carente de capacidad de reacción ante una realidad que lo desborda, como consecuencia de su irreversible fracaso, su machacona obcecación y su enmarañada disputa ideológica interna.
Sin embargo, a esta altura, posiblemente no sea eso lo que más importa. A juzgar por la adhesión que la recolección de firmas viene registrando, quien está comprendiendo el alcance y el valor de la propuesta es la gente. La ciudadanía experimenta una mezcla de temor y hartazgo ante la inseguridad, y ha encontrado una oportunidad para manifestar su insatisfacción y su angustia. Comparte las medidas proyectadas en su sustancia y en la virtualidad de su eficacia pero, además, advierte que, firmando, puede hacerse sentir.
En definitiva, lo que se ha generado es una saludable conmistión entre lo racional y lo emocional, pero con inconfundibles componentes de rebelión. Una rebelión, por cierto, democrática y sin armas, de neto corte republicano y exenta de violencia de cualquier especie.
Como en tantas etapas de la historia, una rebelión por libertad y por derechos. Para vivir sin miedo. Para vivir en paz.
(*) Diputado de Alianza Nacional – Partido Nacional
