Otro verano caliente

Por Iván Posada (*) | @IvanPosada33

La movida del movimiento agropecuario autoconvocado irrumpió en el verano uruguayo con inusitada fuerza. La convocatoria del 23 de enero dio muestras de una gran capacidad de movilización. A diferencia  de los antecedentes de 1999 y 2002, las gremiales del sector se mantuvieron al margen de la organización. Sin embargo, los “autoconvocados” concitaron un apoyo excepcional para una movilización realizada en el interior de nuestro país, a 180 kilómetros de Montevideo, en un caluroso martes de enero, en plenas vacaciones de buena parte de los uruguayos.

La pérdida de competitividad y sus consecuencias para el sector agropecuario fue el tema central de la jornada cívica, jalonada especialmente por la oratoria inteligente, racional y fundada del Ing. Agr. Eduardo Blasina realizando un preciso señalamiento de los principales problemas que afectan al agro, el conmovedor discurso del “Serrano” Abella, toda una síntesis de sentimiento libertario y democrático, y finalmente, la lectura de la proclama por parte del periodista Jorge Landi.

El problema no solo afecta al agro, afecta a todo el sector exportador, y también, a la producción nacional que compite con productos importados.

Para nuestro país que produce alimentos para 30 millones de personas, con un mercado interno de algo más de 3.4 millones de personas, la inserción internacional es la clave de la sostenibilidad de su desarrollo económico social.

Nuestro país es un tomador de precios. Los precios de los bienes que Uruguay exporta los fija el mercado internacional. En tal sentido, el acceso a los mercados internacionales a través de acuerdos comerciales que supongan disminución o eliminación de aranceles es una de las claves para mejorar las condiciones de competitividad. Por tal razón, resulta vital avanzar en acuerdos comerciales como el acordado con Chile, que insólitamente, el propio Frente Amplio se niega a aprobar.

China es el principal socio comercial de Uruguay. En el año 2017, el 28% de los bienes exportados por un monto de 2.549 millones de dólares tuvieron ese destino. Australia y Nueva Zelanda, dos fuertes competidores de Uruguay, ya tienen firmados un acuerdo de libre comercio con China, lo que determinará que en varios rubros ingresaran a ese mercado con arancel cero. Mientras, el gobierno sigue prisionero de la visión ideologizada del Frente Amplio, trabado por sus eternos cabildeos.

Para esa inserción internacional que juzgamos vital, ante precios que vienen dados, los costos internos constituyen una variable relevante. De hecho, salvo los salarios que surgen de una negociación tripartita (empleadores, trabajadores y Estado), la mayoría de los costos relevantes no son transables. Destacan en particular, los costos inherentes a bienes y servicios prestados por el Estado, en particular los combustibles y la energía eléctrica.

Un informe presentado por CPA Ferrere, “El precio de los combustibles en Uruguay”, en junio de 2017, estima que el sobrecosto del gas oil en 2016 para la globalidad de la cadena agroindustrial fue de 367 millones de dólares, de los cuales 69 corresponden al sector primario, 291 al transporte y 7 a la industria.

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Pero sin duda, el tema recurrente cada vez que se hace referencia a la pérdida de competitividad es el dólar barato. Recientemente, en su reporte económico habitual en el programa En Perspectiva, la Economista Tamara Schandy de la consultora Tea Deloitte  aseveraba:

Uruguay está caro en dólares. En la región, el desequilibrio de tipo de cambio real frente a una media histórica solo es comparable al que tiene Argentina. En el área de turismo eso nos “protege”, pero en el resto de los sectores una brecha del orden de 30% versus la media histórica supone una presión muy grande sobre la rentabilidad exportadora.

A nuestro juicio es notorio que Uruguay precisa procesar un cambio de precios relativos”.

La realidad es que el dólar se ha depreciado a nivel internacional como parte de la política comercial de Estados Unidos. Sin embargo, en la realidad uruguaya a este comportamiento internacional de la moneda estadounidense debe sumarse el hecho de una política fiscal procíclica y de una política monetaria contractiva.  El resultado ha sido el deterioro del tipo de cambio real que se menciona en la cita anterior.

Por otra parte, el deterioro fiscal se mantiene en un nivel del 3.5% del Producto Interno Bruto (PIB),  a pesar de que el ajuste fiscal que comenzó a regir en el año 2017 supuso un incremento de la recaudación de la Dirección General Impositiva de 6.2% en términos reales, explicada sustancialmente por el incremento real  del Impuesto a la Renta de las Personas Físicas de 26,3% y del Impuesto a la Asistencia a Seguridad Social (IASS) del 21%.

Lamentablemente, nuestro país desaprovechó la fase expansiva del ciclo económico para aprobar una regla fiscal como propuso el Partido Independiente insistentemente durante el período de gobierno anterior.

Ahora, como tantas otras veces en gobiernos anteriores, volvemos a llorar sobre la leche derramada. La realidad es que el margen del gobierno es escaso. No logra controlar el déficit fiscal. Se sigue endeudando a razón de 2.000 millones de dólares por año con el consecuente deterioro de la relación deuda  a producto, poniendo en riesgo el grado inversor.

En este contexto las respuestas al movimiento de los “autoconvocados” van a ser del tenor de las dadas al comienzo de esta semana. Poco significativas para cambiar la situación actual.

Tarde o temprano, este o el próximo gobierno, deberá corregir una situación que resulta insostenible para la producción nacional que compite en el mercado internacional. Tarde o temprano, habida cuenta de las fuertes restricciones fiscales, se deberá abandonar la política monetaria para hacer política cambiaria, o sea, pasar a administrar el precio del dólar. La pregunta relevante es si esta decisión se toma anticipándose a las expectativas de  los agentes económicos o si el propio mercado la termina imponiendo. Siempre es preferible deslizarse en un tobogán que caerse abruptamente. Pero sobre esto el gobierno tiene la palabra.

(*) Diputado por Montevideo – Partido Independiente