Por Edward Holfman | @EdwardHolfman
Hoy el crimen organizado no es solo un desafío policial o judicial para los gobiernos de América, el crimen organizado es un fenómeno complejo y multicausal, que afecta la seguridad nacional, la soberanía y a las democracias de nuestro continente.
Las organizaciones del crimen organizado en América se adaptan rápidamente a los cambios, la pandemia de covid-19 fue un ejemplo claro, donde las organizaciones criminales continuaron con sus operaciones ilícitas habituales y se aprovecharon del contexto para expandir su portafolio delictivo, esta vez, relacionado a la salud, vacunas y medicamentos.
Las organizaciones criminales han incorporado nuevas tecnologías, como las plataformas digitales, la criptografía avanzada y la inteligencia artificial. Esta nueva forma de gestión digital mejora las operaciones criminales, también sirve para el ocultamiento de sus negocios ilícitos, que en la mayoría de los casos superan los controles obsoletos y escasos por parte de los gobiernos. Estas herramientas proporcionan a las organizaciones criminales la facilidad y seguridad de continuar con sus negocios, expandirlos, generar ganancias y más poder. Esta nueva realidad deja al descubierto lo frágiles y vulnerables que son los actuales controles realizados por parte de los gobiernos en la fiscalización de las operaciones y negocios del crimen organizado. El crimen organizado nos muestra a diario lo fácil que es vulnerar la capacidad de prevención, control y respuesta por parte de los gobiernos de América a los negocios, operaciones y amenazas del crimen organizado.
Hoy el crimen organizado es una amenaza real y latente para cualquier democracia en nuestro continente. Esta amenaza latente se ve reflejada en la capacidad de infiltración, sobornos, desinformación, corrupción, extorsión, lavado de dinero y en el control del territorio, principalmente de aquellas zonas donde el Estado no está presente y se afianza aún más el poder de estas organizaciones, fenómeno que llamamos “gobernanza criminal”.
Las organizaciones criminales en América tienen más recursos y dinero para invertir, desarrollar sus operaciones y negocios ilegales locales y transnacionales. La incorporación de tecnología, los sistemas criptográficos y la inteligencia artificial son amenazas reales para la seguridad nacional de los Estados y afianzan aún más el poder del crimen organizado.
El crimen organizado transnacional dejó de ser análogo y pasó a ser digital, a utilizar herramientas como las criptomonedas y la “dark web” para vender sus drogas, comprar precursores químicos, traficar personas y comprar armas. El mercado criminal se volvió global, digital y difícil de rastrear. En las redes sociales el crimen organizado ha encontrado una forma efectiva de reclutar personas con diversos fines ilícitos, financiar operaciones, estafas, extorsiones, robo de identidad, secuestros virtuales y los ciberdelitos que generan más ganancias.
El empleo de la tecnología y la inteligencia artificial por parte de las organizaciones del crimen organizado a menudo supera no solo la capacidad de prevención, disuasión y la respuesta por parte de los gobiernos de América, también se ha convertido en una amenaza estructural, latente y peligrosa para la seguridad nacional de los Estados, su soberanía y su democracia. La reacción de los Estados frente al crimen organizado ha sido lenta, fragmentada y en muchos casos insuficiente. Cabe preguntarse: ¿Por qué los gobiernos de América incluso aquellos que enfrentan amenazas directas a su soberanía y a sus democracias, no actúan con la rapidez que exige esta amenaza?
Existen varias causas, entre ellas, una marcada debilidad institucional: gran parte de los gobiernos de América carecen de las capacidades técnicas, presupuestarias y humanas para entender y enfrentar los nuevos desafíos del crimen organizado, que en la actualidad se ha infiltrado en todas las estructuras del Estado. Esto impide avanzar y revertir la situación por inacción o complicidad de funcionarios deshonestos. El dinero ilícito del crimen organizado compra voluntades, también votos. Los Estados carecen de una visión estratégica sobre la política de seguridad pública y la política criminal, y es por excelencia la mayor debilidad de los gobiernos en América. Partimos de la base que políticos y tomadores de decisiones confunden estos dos conceptos, para ellos significan lo mismo y siguen sin comprender que son dos conceptos relacionados pero distintos dentro del ámbito del control social y jurídico del Estado. La política de seguridad pública evita que ocurran los delitos, mientras que la política criminal actúa cuando los delitos ya han ocurrido. Hoy seguimos aplicando viejas prácticas del siglo XX en la lucha contra el crimen organizado local y transnacional en América.
En América urge desarrollar estrategias conjuntas para enfrentar este flagelo transnacional, observamos con enorme preocupación que, en lo cotidiano, donde comienza el verdadero cambio, no existe una cooperación real entre los gobiernos. Observamos buenas intenciones, declaraciones, pero nada más.
Hay una desconexión regional importante que lleva a los gobiernos de América a actuar de forma individual y aislada, para enfrentar el crimen organizado transnacional. Un crimen organizado en América que avanza con gran rapidez, sin obstáculos, desarrollando nuevos negocios e incrementando sus ganancias a nivel local y global.
Esta inacción, esta falta de estrategias conjuntas por parte de los gobiernos de América favorece a las organizaciones criminales que operan con capacidades tecnológicas avanzadas, con recursos ilimitados, con inteligencia artificial y algunas de ellas hasta con capacidades militares similares a muchos ejércitos de la región.
Resulta inevitable advertir que esta ceguera estratégica en la lucha contra el crimen organizado y el narcotráfico también tiene expresión y presente en Uruguay.
(*) Consultor y analista senior en seguridad, crimen organizado y terrorismo. Director de The Guardian Group.
