Por Guillermo Maciel (*) | @macielguillermo
Las malas noticias
El primer semestre de 2019 mostró una baja en los homicidios, pero, lamentablemente, estos han retomado su tendencia a incrementarse en los últimos meses del segundo semestre. En efecto, los últimos tres meses de este año 2019 han sido fatídicos, con un incremento en la tendencia. En agosto ocurrieron 30 homicidios, en setiembre 30 más y en octubre otros 30.
Prácticamente, no hay un día en el mes en que no haya una familia llorando a una víctima asesinada.
Estas circunstancias permiten estimar que el 2019 terminará siendo el segundo año en la historia del Uruguay, con récord en materia de asesinatos, superando a todos los años anteriores, excepto al 2018.
A su vez, en el primer semestre de 2019 las rapiñas continuaron aumentando, registrándose 15.819 (un 9,2% más que el semestre anterior). Y de continuar a este ritmo, este año 2019 podría cerrar con un nuevo récord, superior a las 30.000 rapiñas.
La realidad indica que hoy no hay rincón del país donde el delito no esté presente.
Repetían que no movía la aguja electoral. No les importó la gente ni las víctimas de la delincuencia. Declararon que la seguridad no era una prioridad para el Frente Amplio (FA). Y estos son los resultados fatales.
Además, en los hechos parecería que hay «pena de muerte» en Uruguay. Por una lado, la delincuencia que no duda en disparar y cegar una vida en una rapiña, y por otra parte, en el hecho de que en un año 35 presos fueron asesinados en cárceles de nuestro país (donde hay tan solo 11.000 reclusos). En el mismo lapso, Estados Unidos ejecutó a 22 por pena de muerte (donde la población es de 2,5 millones de reclusos). Datos realmente alarmantes.
La inseguridad se ha transformado en uno de los grandes problemas de la gente y del país. Los delitos han tenido un aumento significativo en los últimos años. Es ahí donde los uruguayos ven vulnerados sus derechos humanos, y se afecta su calidad de vida, al tiempo que son rehenes y pierden libertades frente al delito.
Asistimos a un colapso de la seguridad como nunca antes en toda la historia del país. Y el gobierno no tiene conciencia de la dimensión y gravedad del problema de la inseguridad.
Ahora, tras los comicios de octubre, y tras la pérdida de votos, «reconocen que hay problemas de seguridad» y dicen que ahora van a proteger a la gente. Hablan como si no fueran gobierno con tres períodos seguidos. Es un descaro absoluto.
El gobierno quiere dar clases de cómo combatir la inseguridad, y se les escapó un mafioso nada menos que de la cárcel central, y pasan toneladas de cocaína por el puerto y aeropuerto sin que se enteren. Una vergüenza y un desprestigio internacional para la imagen del país.
El candidato Martínez, su asesor en seguridad Leal y hasta el propio ministro del interior Bonomi, reconocen que hay «problemas» de seguridad. Después de más de 400 asesinatos en el año 2018, de casi 30.000 rapiñas y más de 145.000 robos, se dieron por enterados.
Ahora en el FA se pelean por ver de quién es la culpa de la inseguridad. Es de todo el FA. Pero hay que recordar que todos respaldaron a Bonomi y su equipo (Leal incluido) pese a sus 10 interpelaciones y llamados a sala al Parlamento por la pésima gestión y los resultados negativos. Todos en el FA criticaron a la oposición por pedir cambios, así como justificaban el aumento de homicidios, apelando a los llamados “ajustes de cuentas”; y de las rapiñas y el narcotráfico casi ni hablaban. Todos en el FA minimizaron la situación.
Y mientras se pasan facturas entre ellos, a la gente la siguen rapiñando, robando y matando.
Hoy el FA ofrece más de lo mismo; ofrece continuismo. Promete soluciones que, si las tuviera, ya las debería haber aplicado antes. Llevan 15 años gobernado y la gestión en seguridad es un fracaso rotundo y consecutivo en todos esos años. No son creíbles.
Las buenas noticias
La Argentina redujo en un 30,3% la tasa de homicidios dolosos en los últimos cuatro años (2014 al 2018) y también lograron disminuir los “femicidios” un 12,1%. Asimismo, vienen reduciendo los otros delitos y la tasa de hechos delictivos en general desde el 2014 al 2018 se redujo en un 6,8%. Sus datos estadísticos son totalmente confiables. Fueron certificados por su “calidad estadística” con la calificación más alta, “A”, por la ONU, tras varios meses de inspecciones.
En Brasil también están mejorando los índices de seguridad ciudadana. Cada mes llegan de Brasil cifras alentadoras sobre la disminución de los delitos y de la violencia en general. Durante 2018 la cifra total de asesinatos disminuyó un 11%. Mientras que en 2019 el número de homicidios en el país cayó un 22,1% en el primer semestre y llegó a un 22% en los ocho primeros meses en comparación con el mismo periodo del año pasado; una baja sin precedentes.
Esto demuestra que se puede revertir la situación de inseguridad imperante en nuestro país. Que es posible recuperar la seguridad perdida. Que si nuestros países vecinos, mucho más extensos, complejos y poblados pudieron, también en nuestro país es posible.
Sin dudas hay una emergencia en seguridad pública. El fracaso en la materia es estrepitoso, y el gobierno del FA es el responsable. Se han olvidado que en materia de seguridad pública lo que está en juego es la vida de las personas. Los datos y estadísticas en seguridad son personas lesionadas o fallecidas, son familias destruidas o que quedan marcadas de por vida por la delincuencia.
Esto no se arregla cambiando un ministro, sino al gobierno y la política de seguridad. La respuesta está en hacer de la seguridad pública una prioridad, de respaldar a la policía y cuidar a la gente, de ejercer la autoridad, de realizar una buena gestión, con una mayor presencia del Estado en los barrios, con una tarea coordinada de las fuerzas de seguridad, con un mayor esclarecimiento de los crímenes y captura de los delincuentes, que haga caer la impunidad. También, con una lucha frontal de combate al narcotráfico que permita incautaciones de drogas, e ir así desarticulándolo; y con una decisión política de ir a fondo contra la delincuencia. Es posible, se puede, y un nuevo gobierno, que no será del FA, lo hará a partir del próximo 1º de marzo.
(*) Director del Observatorio en Seguridad de Fundapro.
