Por Felipe Schipani (*) | @felipeschipani
Cuatro meses han pasado desde que el Frente Amplio volvió al poder, y ya es posible hacer una primera evaluación de su desempeño. Lo que se observa con preocupación —y sin necesidad de forzar una lectura partidaria— es un gobierno desordenado, sin rumbo claro, sin liderazgo firme y, lo más alarmante, sin sentido de la urgencia que el país requiere.
Apenas iniciado su mandato, el nuevo gobierno del Frente Amplio batió un récord que no es para celebrar: el de renuncias. En menos de 120 días, se fueron más jerarcas que en años completos de otras administraciones. La primera en caer fue la ministra de Vivienda por una situación irregular con su vivienda. Le siguió la renuncia de la vicepresidenta del Puerto, que votó en un asunto en el que su esposo era parte interesada, violando principios elementales de ética pública. También renunciaron el presidente del Instituto Nacional de Colonización por violar la Constitución y la número tres del Ministerio de Ambiente. Y como si todo eso fuera poco, el presidente del Inisa renunció y luego se arrepintió.
La pregunta que surge naturalmente es: ¿quién está gobernando? Porque si algo ha quedado claro es que este gobierno, en sus primeros cuatro meses, ha carecido de norte. No hay iniciativa política. En el Parlamento, la producción legislativa es prácticamente inexistente. No hay proyectos de ley relevantes. No hay hoja de ruta. Y lo más grave: no hay liderazgo visible. El presidente Orsi, lejos de marcar el rumbo, parece más bien replegado, con dificultades para ejercer una conducción clara y eficaz.
La falta de liderazgo se refleja también en el manejo de las políticas públicas. El caso del Instituto Nacional de Colonización es un buen ejemplo: se comprometieron 32 millones de dólares en una compra de tierras que fue objetada por el Tribunal de Cuentas.
En lo social, la gestión del invierno ha sido un capítulo aparte. Ocho personas fallecieron en las calles en medio de una ola de frío, y la respuesta del gobierno fue tardía y desorganizada. Para colmo, mientras el país estaba en alerta roja, el presidente de ASSE se tomaba 17 días de licencia, dejando sin quórum al directorio del principal prestador de salud. Es difícil imaginar un símbolo más claro de desconexión con la realidad.
Y si de símbolos hablamos, el cierre de la Biblioteca Nacional el 26 de mayo —Día del Libro— fue casi una metáfora perfecta de este arranque de gobierno. En lugar de abrir las puertas a la ciudadanía y celebrar la cultura, se optó por clausurar uno de los espacios más emblemáticos del país. ¿Descuido? ¿Desinterés? ¿Desorganización? Probablemente un poco de todo.
Lo cierto es que el Frente Amplio regresó al gobierno prometiendo certezas y rumbo, pero lo que ha ofrecido hasta ahora es un desconcierto generalizado. La excusa de que se trata de una transición difícil ya no es válida: tuvieron cinco años para prepararse, y asumieron el poder con la experiencia de haber gobernado tres períodos completos. Sin embargo, parecen actuar como debutantes.
Nadie espera que un gobierno resuelva todos los problemas en cuatro meses. Pero sí se espera que al menos dé señales claras de hacia dónde quiere ir, que transmita seguridad, que marque una agenda. Eso, hasta ahora, no ha sucedido.
El Uruguay necesita un gobierno que trabaje, que rinda cuentas, que ejerza con responsabilidad el poder que le fue conferido. Necesita claridad en las prioridades, solvencia técnica, liderazgo político y capacidad de ejecución. Nada de eso está presente en estos primeros cuatro meses.
Lo preocupante no es que haya errores —los errores son inevitables—, sino que no hay dirección. Y un gobierno sin dirección, sin agenda, sin liderazgo, no es otra cosa que un gobierno a la deriva.
Los uruguayos no votaron para volver al pasado, sino para tener un futuro mejor. Pero hasta ahora, el Frente Amplio solo ha ofrecido inercia, improvisación y un festival de renuncias que deja una sensación amarga. El tiempo pasa, y el margen para enderezar el rumbo se acorta.
La historia no espera. El país tampoco.
En materia de política exterior, el rumbo elegido por el gobierno también genera señales de alarma. Lejos de construir una estrategia autónoma basada en los intereses nacionales, se ha optado por una política exterior seguidista de Itamaraty y del gobierno de Lula. Esta alineación quedó en evidencia con la participación del presidente de la República en la reciente cumbre de los Brics, compartiendo espacio con regímenes como Irán y Rusia, cuyos modelos políticos y alianzas internacionales están en las antípodas de los valores democráticos que deben guiar a Uruguay. Este tipo de acercamientos resultan profundamente inconvenientes para un país que debe cultivar vínculos con democracias consolidadas y mercados abiertos.
La situación educativa tampoco muestra signos de una conducción clara. El nuevo gobierno ha restituido espacios de poder a los sindicatos dentro del sistema educativo, lo que compromete la posibilidad de avanzar en transformaciones necesarias y deja al sistema en manos de intereses corporativos. A cuatro meses de asumido el nuevo ciclo, no hay señales de un plan de política educativa coherente, moderno ni centrado en el estudiante.
En el área de seguridad social, el gobierno ha lanzado un proceso de diálogo que recién culminará el próximo año, sin un horizonte claro ni una propuesta concreta sobre la mesa. Se trata de una instancia incierta, sin definiciones, donde nadie sabe aún qué orientación tomará la reforma ni qué tipo de soluciones se proyectan.
A todo esto, se suma una constante narrativa del oficialismo que intenta responsabilizar a la gestión anterior de cada una de sus propias falencias. La supuesta herencia maldita ha sido utilizada como excusa permanente, incluso en la discusión presupuestal, para justificar la inacción o la falta de resultados. Sin embargo, es evidente que la coalición republicana entregó un país con mejores indicadores económicos, sociales y fiscales que los que recibió del Frente Amplio en 2020. Culpar al pasado no es gobernar. Gobernar es asumir responsabilidades y dar respuestas.
(*) Diputado por el Partido Colorado.
