La reciente suba en el precio de los combustibles, la cuarta en lo que va del año, hizo alcanzar los $79,88 por litro de nafta, y $61,99 para el gasoil. A pesar de que el gobierno ha aumentado los precios por debajo del cálculo técnico de la Ursea, y por este camino intente encauzar la inflación, el economista Bruno Giometti, del Instituto Cuesta Duarte, interpreta que los incrementos vienen siendo un factor que alienta en sentido contrario, ya que la mayoría de los productos de la canasta básica tienen como uno de sus componentes de costo el combustible.
La semana pasada el Gobierno anunció una suba de precios de los combustibles que comenzó a regir el pasado 1º de mayo, y que constituye el cuarto incremento de precio en el año. No obstante, las autoridades destacaron que el aumento fue menor al establecido en el cálculo técnico de la Unidad Reguladora de los Servicios de Energía y Agua (Ursea), apuntando a mitigar las presiones inflacionarias.
A pesar de que el Gobierno ha aumentado los precios por debajo del cálculo técnico de la Ursea, en base al Precio de Paridad de Importación, los incrementos vienen siendo un factor que alienta la inflación, en tanto se ubican largamente por encima de la variación del Índice de Precios del Consumo (IPC) general, según entienden desde el Instituto Cuesta Duarte del Pit-Cnt.
Arma de doble filo
Para ahondar en el alcance que puede llegar a tener la medida, CRÓNICAS consultó al economista del instituto, Bruno Giometti, quien opinó que los aumentos mensuales del precio de combustibles afectan notoriamente a la formación de precios.
“La interpretación podría ser que, por un lado, el gobierno está aumentando por debajo de la fórmula técnica por motivos políticos -sobre todo antes del Referéndum-, y para evitar una disparada aún mayor de la inflación; al tiempo que tampoco descuida las cuentas públicas”, interpretó el entrevistado.
Además, agregó que la mayoría de los productos que conforman la canasta de consumo tienen como uno de sus componentes de costo el combustible, ya sea para producción, distribución y/o comercialización.
“El criterio de ajustar mensualmente los precios traslada a la economía una volatilidad externa, de forma directa y completa. Agrega incertidumbre a productores y consumidores. El criterio anterior de ajuste, si bien era perfectible, evitaba esta volatilidad mensual al alza y a la baja que está planteada ahora”, comparó Giometti.
Sobre lo último, la medida podría terminar afectando la cadena de fijación de precios, tal como un arma de doble filo.
Este efecto se puede ver, por un lado, cuando la suba interna del precio de los combustibles se suma a las presiones inflacionarias por contextos internacionales, haciendo que los alimentos incrementen su IPC hasta un 13%, que significa tres puntos porcentuales (PP) por encima de la inflación nacional.
“Esto es particularmente preocupante dado que hay una relación inversa entre el ingreso del hogar y la proporción del gasto en alimentos; es decir, el incremento en los alimentos afecta en mayor medida a los hogares más pobres”, advirtió el economista.
Por otro lado, impacta en el precio del supergás, producto de uso popular que ha experimentado una suba del 26% en el año móvil.
Asunto sin cauce
Continuando por esta línea, el entrevistado estimó que es altamente improbable que en los próximos meses se logre encauzar la inflación hacia el rango meta, e incluso, no descartó la posibilidad de que este indicador pueda alcanzar los dos dígitos antes de cerrar el año.
“La inflación se ubica fuera del rango objetivo desde junio de 2021 y subiendo. Esto no se debe únicamente a los ajustes de combustibles, aunque es un factor relevante; también a las subas de los alimentos. Es una variable difícil de proyectar en general y mucho más en un escenario con altos componentes de incertidumbre en lo internacional, como estamos transitando”, subrayó Giometti.
Aunque analistas privados esperan que en el segundo semestre la inflación se modere un poco y se ubique entre 8% y 9% para el final del año.
“Aún manteniéndose algo por debajo del 10% se trata de una inflación elevada y que impide que el inicio de la recuperación de los salarios reales se concrete este año, postergando para 2023 algo que estaba previsto para este año”, observó el investigador.
Para paliar los efectos, el entrevistado consideró que se debe poner foco en la igualdad y la justicia social.
“En última instancia, la restricción fiscal planteada actualmente se podría aflojar en parte si se aumentara la recaudación con impuestos a quienes han tenido ganancias extraordinarias y fuerte acumulación de riqueza en estos últimos año”, planteó Giometti y sugirió utilizar ese margen de recaudación para mitigar la situación de los más vulnerables.
“Los gobiernos siempre se mueven en escenarios con restricciones. Tanto por los factores internacionales que inciden sobre una economía pequeña y abierta como la uruguaya, así como restricciones vinculadas a los recursos de que se dispone”, concluyó el economista.
