Los cambios en el IRPF, el IASS y en la tributación a las mipymes no son regresivos, según analizaron en diálogo con CRÓNICAS, los economistas Pablo Moya de Oikos, y Ramón Pampín de PwC. Explicaron que no puede decirse que el beneficio sea para un segmento de altos ingresos o “privilegiado”, y destacaron que se haya optado por la vía de las deducciones en el IRPF. Pampín opinó que “mantiene la responsabilidad fiscal”, mientras que Moya evaluó que se “va a recaudar menos”, pero puede ayudar a potenciar el consumo interno.
El presidente de la República, Luis Lacalle Pou, dio a conocer el pasado jueves 2 de marzo ante la Asamblea General las largamente esperadas -y polémicas- modificaciones tributarias, que implican cambios en el régimen de deducciones del IRPF, un aumento del mínimo no imponible del IASS y modificaciones en el régimen tributario para las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes).
En el caso del IRPF, se prevé un aumento del porcentaje de deducciones del 10% al 14% para las personas con ingresos nominales (sin considerar aguinaldo y salario vacacional) anuales iguales o inferiores a 180 BPC, eso es, unos $ 84.900 mensuales nominales a valores actuales. También aumentó la deducción por hijo de 13 a 20 BPC anuales (duplicándose en el caso de hijos con discapacidad), y se aumentaron las deducciones por crédito para vivienda y para arrendamiento de inmuebles.
En el IASS, se aumentó el mínimo no imponible del tributo de 8 a 9 BPC, lo que implica que pasará de $ 45.280 a $ 50.940.
También se presentaron cambios en la tributación de la renta empresarial enfocado en las mipymes, que incluyen un proyecto de condonación de adeudos al tributo social del Mides, cambios en el IRAE ficto y en los anticipos mínimos de IRAE, entre otros.
El costo fiscal, según destacó Lacalle y también su equipo económico (ver recuadro), será de unos US$ 150 millones.
Estas modificaciones despertaron polémica en la previa, y también luego de los anuncios. La principal es que el beneficio tributario no recaería en los sectores de más bajos ingresos, puesto que la mayoría de los asalariados o jubilados no pagan IRPF ni IASS. También se cuestionaba su impacto sobre los ingresos fiscales del Gobierno, en particular considerando la incertidumbre económica a futuro.
¿Los más privilegiados?
En este marco, CRÓNICAS dialogó con Pablo Moya de la Consultora Oikos, y Ramón Pampín, gerente de la Consultoría Económica de PwC, quienes evaluaron los cambios anunciados, sus potenciales impactos y el camino que se debería seguir en materia tributaria.
Mientras que Pampín subrayó que este descenso de impuestos “mantiene la responsabilidad fiscal”, Moya opinó que el cambio implica “una rebaja de la capacidad contributiva, (porque) va a recaudar menos”. No obstante, señaló que más allá de ello, también hay un efecto contrapuesto, por ejemplo, al potenciar el consumo interno.
Consultados respecto a si se trata de un cambio “regresivo” en materia tributaria, ambos expertos mostraron su desacuerdo con esa afirmación. “Sería regresivo si gravara distinto a los que menos tienen, que no lo hace. Puede ser que a cierta franja la favorezca, pero tampoco son sueldos muy altos los que se van a ver beneficiados, entonces no lo catalogaría como regresivo”, fundamentó Moya. En la misma línea, Pampín se cuestionó si “es justo catalogar al segmento que tiene ingresos en las franjas más bajas del pago de IRPF como un segmento privilegiado”, explicando que en términos de ingresos e incluso sociales, resulta “bastante más simple definir conceptualmente los extremos de ‘pobreza’ y ‘riqueza’ que los de ‘clase media’». Asimismo, destacó que los cambios en esta reforma “vienen por el lado de las deducciones”.
IVA
Cuando se anunció que habría cambios en el IRPF y el IASS, muchos cuestionaron que se optara por esos tributos y no por reducir el IVA, un impuesto que tiene mayor peso en aquellas familias de mayores ingresos. Asimismo, se volvió a poner sobre la mesa la idea de un IVA personalizado, según los diferentes niveles de ingreso.
Moya reconoció que optar por ese camino generaría un impacto “mucho más uniforme”. “Si de alguna manera se buscara una mejora en el bolsillo de todos y sobre todo de los que gastan la mayor parte de sus ingresos en bienes de consumo, como son los ingresos bajos, una rebaja del IVA es una medida mucho más uniforme”, explicó. Sin embargo, estimó que la rebaja anunciada fue la de lograr “generar un beneficio dentro de las escasas posibilidades”. “No nos olvidemos que Uruguay sigue teniendo un déficit estructural constante que no ha tenido inconveniente en financiarlo, pero eso impacta directamente en la inflación o en deuda”, fundamentó.
En cuanto a la aplicación de un IVA personalizado, ambos economistas tuvieron diferentes miradas. Para Pampín, es algo que “Uruguay debería plantearse”, en particular a través de la utilización de medios de pago electrónicos. “Se deben considerar las heterogeneidades regionales y sociales en el acceso y uso de los medios de pago. Hacer jugar la tecnología a favor es algo que nos va a permitir poder hacer políticas económicas mucho más precisas”, consideró el experto de PwC.
Sin embargo, Moya valoró que “primero deberíamos ir a un sistema de liquidación de renta de las personas como renta y no como ingreso”. Lamentó que las deducciones que se realizan “son muy escuetas”, y por ejemplo, “la cuota de las hipotecas está muy reducida, sobre todo en los valores de las casas, y es un gasto sobre el cual la clase media queda excluida”.
“Hay mucho para andar antes de embarcarnos en el gran tema del IVA personalizado”, subrayó el economista.
Arbeleche: “Siempre se recibe una crítica de parte de la oposición y sin fundamentos”
La ministra de Economía Azucena Arbeleche expresó que la rebaja de impuestos planteada comenzará a regir, una vez aprobada por el Parlamento, a partir del 1º de enero del presente año.
En declaraciones realizadas en el marco de la conferencia de prensa que ofrecieron las autoridades de Economía, Relaciones Exteriores y Transporte y Obras Públicas con motivo del reciente viaje a Brasil, donde se alcanzaron varios acuerdos de cooperación en infraestructura e integración regional, la ministra se refirió a los cuestionamientos de la oposición a los cambios tributarios. Arbeleche afirmó que las críticas no la sorprendían “porque desde que el gobierno ha tomado medidas en cualquier momento durante la pandemia, ahora cuando anuncia la rebaja de impuestos, siempre se recibe una crítica de parte de la oposición y sin fundamentos”.
Respondiendo a la crítica del Frente Amplio, respecto a que con los cambios se da “marcha atrás” al aumento de impuestos que implicó el cambio de criterio en la fijación de la BPC, la ministra señaló que ésta se puede ajustar por inflación o por índice medio de salarios, y que el Gobierno “desde el inicio, claramente dijo que lo hacía con índice medio de salarios porque es lo que da neutralidad en la recaudación”. “Se hizo en el 2021, se hizo en el 2022 también se hizo en el 2023 y ahora la situación es la contraria a la que se le dio en los dos años anteriores porque tenemos salarios que aumentan más que la inflación, pero el criterio es la neutralidad de la recaudación”, dijo. En ese sentido, comentó que “las críticas no son de recibo”, y por tanto ahora se da una rebaja de impuestos por un total de US$ 150 millones. “Se diga lo que se diga, lo que hay es una rebaja de impuestos”, remarcó.
Respecto a la disponibilidad de recursos para realizar esta rebaja de impuestos, Arbeleche aseguró que “el dinero está y si hay algo que ha demostrado este gobierno es responsabilidad fiscal”.
Recaudación neta de la DGI tuvo un leve descenso en enero, aunque subieron ingresos por IVA
La recaudación total bruta de la Dirección General Impositiva (DGI) alcanzó los $ 53.931 millones en enero, lo que implicó un crecimiento de 9,5% medido a valores corrientes en comparación con igual mes de 2022, de acuerdo a la información publicada por el organismo recaudador. Si se descuenta el efecto inflacionario, el aumento de la recaudación fue de 1,3% en términos reales.
Por su parte, si se considera la recaudación neta de la DGI, es decir, descontando la devolución de impuestos que realiza el organismo, se observa una caída interanual de 0,1%.
Al analizar la recaudación por tipo de impuestos, se observa que por IVA (el tributo de mayor peso en los ingresos de la DGI) se registraron $ 26.296 millones en enero, representando el 48,8% de la recaudación total bruta. En este mes la variación real respecto al mismo mes del año anterior fue de 1,5%, mientras que en el año móvil fue de 4,3% real.
Por su parte, la recaudación del Imesi alcanzó los $ 4.725 millones, representando de esta forma el 8,8% de la recaudación total bruta. Este tributo tuvo una caída en su recaudación de 13,1% en términos interanuales en enero, mientras que considerando el año móvil se constata un leve crecimiento de 0,5% real.
En lo que refiere a la recaudación del IRAE, alcanzó los $ 6.536 millones (el 12,1% de la recaudación total bruta), manteniéndose estable en términos reales en el mes de análisis, aunque creciendo un 4,1% si se consideran los doce meses cerrados a enero.
Por último, la recaudación del IRPF alcanzó los $ 10.251 millones (19% de la recaudación total bruta), aumentando 9% respecto a enero de 2022, y 7,2% en el año móvil.
