El Centro de Estudios para el Desarrollo (CED) reunió a empresarios, líderes de opinión, políticos y periodistas en su Desayuno de Análisis de Coyuntura Política y Económica. La actividad contó con las presentaciones de Agustín Iturralde, director ejecutivo del centro de estudios, e Ignacio Zuasnabar, director de Opinión Pública de Equipos Consultores.
El pasado martes 16 de septiembre, en el Club de Golf del Uruguay, el CED realizó su Desayuno de Análisis de Coyuntura Política y Económica. El evento contó con la participación del director ejecutivo del CED, Agustin Iturralde, y del Director de Opinión Pública de Equipos Consultores, Ignacio Zuasnabar.
En su disertación “Un presupuesto frágil. Incertidumbre, cambios de reglas y límites al crecimiento”, el economista Iturralde marcó la visión del CED sobre la coyuntura económica al analizar el panorama económico global y regional. El ejecutivo hizo hincapié en la debilidad del dólar estadounidense, un síntoma de la incertidumbre interna en ese país, y analizó la situación de la región.
De Brasil, destacó la reducción de la inflación y el buen desempeño del mercado laboral, contrastando con el elevado déficit fiscal que mantiene (aproximadamente 7,9% del PIB). De Argentina, señaló el éxito de la primera etapa del plan de estabilización, pero advirtió sobre el estancamiento reciente y las tensiones del modelo económico, particularmente con el dólar alcanzando el límite superior de su banda de flotación.
Ese contexto internacional de incertidumbre, según el economista, hace que la propuesta para el presupuesto uruguayo sea aún más vulnerable. Para él, las implicaciones de la undécima ronda de negociación colectiva sobre el enfoque en franjas salariales sin considerar la productividad podría generar riesgos de mayor desempleo e informalidad, especialmente en los sectores más vulnerables de la economía, es un factor adicional de presión sobre el panorama fiscal.
El análisis se centró en lo que consideran un presupuesto “frágil” y que una de las principales razones es el debilitamiento de la regla fiscal. El CED advirtió que los cambios propuestos, como la eliminación del tope de gasto, volverían la regla “laxa” que, en la práctica, dejaría de funcionar como un freno al aumento del gasto público. La organización proyectó que si estas modificaciones son aprobadas, el gobierno rompería el tope de gasto en 2025 y 2026, incluso sin considerar los “gastos postergados”. Esta flexibilización se consideró un retroceso en la disciplina fiscal, limitando la capacidad de respuesta del país ante futuros shocks externos.
Además, se observó un cambio en la dinámica fiscal histórica. A diferencia de presupuestos anteriores, el deterioro fiscal se concentra en los primeros dos años, lo que reduciría el margen de acción del gobierno ante escenarios adversos. En cuanto a las proyecciones macroeconómicas oficiales, el CED las calificó de “optimistas”, con un crecimiento anual promedio de 2,4% y una inflación del 4,5%, mientras el tipo de cambio se mantendría por debajo de la inflación. Estas proyecciones, sin embargo, chocan con la realidad de la inversión necesaria; se estima que se requerirían US$ 16 mil millones adicionales para alcanzar el ratio de Inversión/PIB del 20%, una cifra que el presupuesto no contempla.
El endeudamiento fue otro punto de preocupación. Se advirtió que incluso bajo los supuestos oficiales, esta dejará de tener una trayectoria estable, y aumentará a lo largo de todo el período en torno a 5 puntos del PIB. De hecho, tras plantear diferentes escenarios menos optimistas que los previstos por el presupuesto, Iturralde mencionó que el gobierno alcanzaría el ancla de deuda de 65% del PIB, por lo que debería implementar un nuevo ajuste fiscal con el objetivo de evitar una trayectoria insostenible de la deuda.
Otro de los factores que mencionaron es que, a pesar de que Uruguay ya se ubica entre los países con mayor presión tributaria de Latinoamérica, el ajuste fiscal se dará mediante nuevos impuestos. Finalmente, el CED subrayó la reducida presencia de medidas procrecimiento en la propuesta del Poder Ejecutivo.
