El Gobierno anunció medidas para mitigar el impacto del aumento de la inflación, que despertaron diversas opiniones, pero que en general fueron vista de forma crítica por diversos sectores. Empresarios criticaron que se los llame a renegociar el convenio, trabajadores acusan al ajuste de insuficiente, y economistas independientes criticaron desde diversas valoraciones, aunque coincidieron en la inconsistencia con otras políticas macroeconómicas. No obstante, se matiza sobre su impacto al alza de los precios en momentos en que “la demanda está planchada”.
Buscando aplacar los efectos del aumento de la inflación en el poder de compra de los uruguayos, el Gobierno anunció el pasado lunes que a partir del 1º de julio aumentará un 2% los sueldos de los funcionarios públicos, y un 3% las jubilaciones y pensiones a partir de julio. Además, tal como se informó el pasado 18 de abril, el Ministerio de Trabajo convocó al Consejo Superior Tripartito para llamar a 88 mesas de negociación, que involucran a más de 300 mil trabajadores del sector privado, para que se evalúen posibles adelantos relacionados a los correctivos por inflación y se adelantó que en las próximas semanas se comunicarán nuevas medidas en torno al Ministerio de Desarrollo Social (Mides) y a sus competencias.
Las medidas no fueron del todo bien recibidas y despertaron críticas desde diversos ámbitos. Mientras que economistas independientes critican la “inconsistencia” de las políticas, empresarios manifestaron su sorpresa por lo que entienden es un cambio en las reglas de juego, y los trabajadores entienden que el ajuste es insuficiente y fustigan que se trata en realidad de un adelanto y no un adicional.
En este agitado contexto, CRÓNICAS dialogó con tres economistas que plantearon diferentes visiones del escenario actual.
Misión imposible
Pablo Moya, socio de Oikos – Consultoría Económico Financiera, afirmó que existe una inconsistencia en las políticas y respaldó su opinión en la contradicción que implica, por ejemplo, con la medida del BCU de aumentar la tasa de interés.
«Con una medida, querer incrementar el ingreso del sector público y de las pasividades, bajar la inflación, es imposible. Y una tercera pata que es el de apreciar la moneda local -una baja en el tipo de cambio-, mediante el aumento del gasto público, genera una pérdida de competitividad» argumentó Moya.
Además, llamó a separar las presiones inflacionarias de carácter transitorio (como los provocados por la guerra) de los permanentes, ya que desde hace años Uruguay sufre un fenómeno de alta inflación permanente.
“Es importante tratar de diseñar políticas, no atender directamente el efecto transitorio. Lo que sería deseable es analizar el nivel permanente de inflación alta, que no es simplemente llegar a acuerdos contrarios a la libre competencia -como los acuerdos de precios-, prohibidos por la ley de libre competencia, sino ver por qué producir bienes y servicios en el país es caro”, argumentó.
Según explicó, el fenómeno se enmarca dentro de un “diagnóstico errado” de que hay alguien en la cadena percibiendo una ganancia excesiva.
Moya no cree que los aumentos anunciados generen grandes presiones al alza sobre precios, ya que “la demanda está planchada”.
En suma, relacionó el salto actual de la inflación con la guerra entre Rusia y Ucrania, pero advirtió que un punto o uno y medio se pueden justificar con el contexto internacional, pero que es necesario diferenciar lo transitorio de lo estructural.
Comprometido
Desde otra perspectiva, Alejandra Picco, economista e investigadora del Instituto Cuesta-Duarte del PIT-CNT valoró que el gobierno pudo sentirse presionado por los compromiso que ha asumido por sí mismo en cuanto a las metas fiscales y la promesa de que a finales del período tendríamos lo niveles salariales iguales a los previos a la pandemia.
«Como los ajustes salariales se componían de un porcentaje a cuenta de la inflación y otro de recuperación, necesitaba hacer algo. El problema es que, como las medidas que han llevado adelante no han afectado mucho la tendencia de crecimiento de los precios y en gran medida se explican por factores externos, no es sencillo controlarlos a nivel interno. Entonces, lo que hizo fue tocar el lado de los ingresos. Aunque no necesariamente esto asegure que este año vaya a haber recuperación del salario real, y todavía ni siquiera se sabe en el sector privado, que tiene un peso importante», desarrolló la economista.
Por esta línea, coincidió en que las políticas que viene llevando adelante el gobierno “quizás no son tan consistentes entre sí”, haciendo referencia a la política más “restrictiva” de aumentar la tasa de interés encareciendo el crédito y afectando la demanda. Sin embargo, apuntó que “es una política que a corto plazo no ha demostrado ser muy efectiva en Uruguay y en este contexto, probablemente, tampoco tenga efectos”. “Por un lado esta política restrictiva y por otro una más expansiva en incrementos salariales. Esto va a tener un costo en el plano fiscal, aunque ya se hablaba de un sobrecumplimiento de metas», agregó Picco.
Algunas veces, la realidad supera la teoría, como en este caso en que según comentó la investigadora existía una necesidad genuina de la población y se hace difícil trasladarlo.
“Me parece que el problema que tenemos hoy es que el crecimiento de los precios no estaba afectando solamente a la gente que se atiende a través de políticas sociales. Había una caída del bienestar que ya no se podría explicar por la pandemia y había que atenderlo”, justificó.
No obstante, reconoció que la medida es positiva pero tiene un efecto acotado.
Economía política
Por su parte, Ignacio Umpiérrez, economista del Centro de Estudios para el Desarrollo (CED), expresó que no ve en estas medidas una exponencial incidencia en las tensiones inflacionarias ni a la política monetaria.
“Primero, porque estamos hablando de un conjunto acotado de sectores (30%). Segundo, porque de efectivizarse ese adelantamiento (que deberá ser negociado), no son grandes sectores fijadores de precios en la economía. Y tercero, independientemente de la periodicidad, ya hay correctivos. Por tanto, mientras los haya y no se cumplan las metas de inflación, la indexación va a existir y los riesgos de espirales de precios-salarios van a estar latentes”, explicó el economista.
Añadió que desde el punto de vista fiscal el aumento a públicos y jubilaciones debería tender a ser neutro en términos reales respecto a la proyección fiscal realizada previo a la suba de la inflación.
“En términos estructurales, que es como debe dimensionarse adecuadamente, la política fiscal ha sido más bien contractiva, no hay señales de que la política fiscal haya virado hacia una fase expansiva”, subrayó el investigador.
Reconoció que pudo haberse dado un cambio en el enfoque, pero que las medidas van alineadas al objetivo del gobierno sobre llegar al fin de 2024 con el mismo nivel de salario real que en 2020.
“Allí, el componente de economía política: ¿es viable una economía creciendo a buen ritmo, con dinamismo en el empleo, con una situación fiscal más robusta, que afronte un tercer año de pérdida de salario real? Yo creo que desde el punto de vista de la economía política no lo es”, concluyó Umpiérrez.
