Aunque destacó su “compromiso y dedicación” y valoró su rol en el “fortalecimiento de la institucionalidad fiscal”, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) respondió con dureza al último informe del Consejo Fiscal Asesor (CFA). A través de un comunicado, evaluó “necesario un enfoque más realista y pragmático al formular críticas o recomendaciones de política económica, que contemple los desafíos y limitaciones reales que enfrenta la administración pública, especialmente en el último año de gobierno”.
El pasado 20 de febrero, el CFA publicó un informe sobre el cálculo del Resultado Fiscal Estructural al cierre de 2024, donde se incluyeron fuertes críticas al incumplimiento de las metas fiscales que se dio el año pasado, advirtiendo que era una “señal de preocupación” (ver nota).
Esta semana, el MEF dio a conocer su respuesta al informe del CFA, incluyendo cuestionamientos a las conclusiones principales a las que arribó el consejo conformado por los economistas Alfonso Capurro, Ana Fostel y Jorge Roldós, entendiendo que le faltó realismo y pragmatismo.
Sobre las metas fiscales
El informe del CFA alertó por el incumplimiento en las metas indicativas de la regla fiscal, así como la activación de la cláusula de salvaguarda, mencionando “errores de pronóstico en la estimación de la inflación” (más baja de lo esperado) que impactaron sobre la recaudación de la DGI. Además, se cuestionó que “la política fiscal se mantuvo pasiva a los desvíos” y evidenció “una mayor rigidez y menor capacidad de reacción en el año electoral”.
En su respuesta, el MEF destaca que esos “errores de pronóstico” del equipo económico fueron inferiores a los incurridos entonces por los analistas encuestados por el BCU, y defiende que “la rigidez no se relaciona al año electoral”. “Siendo el último año de la administración, la prioridad del gobierno en 2024 fue honrar los compromisos de gasto nominal asumidos y asegurar la continuidad de los servicios públicos, incluso si ello significaba incurrir en desvíos respecto a las metas fiscales, por una menor recaudación”, señala el MEF. Se fundamenta que recortar el gasto en un monto equivalente al desvío de los ingresos verificado en 2024, en 0,3% del PIB (unos US$ 250 millones), habría implicado “afectar los servicios esenciales del Estado e incumplir compromisos legales asumidos”.
“En definitiva, el recorte de gastos que el CFA hubiera esperado del gobierno para compensar la caída de la recaudación, hubiera sido imprudente e inconveniente ya que hubiera implicado incumplir compromisos legales asumidos y hubiera resentido los servicios públicos, con fuerte incertidumbre en la gestión operativa mensual”, señala el comunicado.
El MEF también argumenta que “el tiempo oportuno de un gobierno para gestionar eficientemente el gasto público son los primeros cuatro años de administración, junto a una planificación razonable del último año, y en ese sentido, se lograron avances significativos, tal como el CFA lo reconoce”.
Sobre la cláusula de salvaguarda
Por otra parte, el CFA fue crítico en su informe respecto a la activación de la cláusula de salvaguarda para el incremento del tope de endeudamiento. El MEF señala que se debe distinguir lo que la ley indica: “Grave desaceleración económica, sustanciales cambios en precios relativos, situaciones de emergencia o desastres de escala nacional”. En tal sentido, se entiende que “no hay discusión respecto a la legalidad del uso de la cláusula de salvaguarda al existir sustancial cambio de precios relativos”.
Por otra parte, señala que “lo más importante en este aspecto es que los argumentos del CFA omiten el impacto real del desvío inflacionario, que sorprendió a las autoridades y analistas por igual”.
“En definitiva, la invocación de la cláusula de salvaguarda fue legal, se sustenta en el análisis presentado sobre la existencia del sustancial cambio de precios relativos y se realizó cuando la cifra de endeudamiento neto se acercó al tope legal”, defiende el MEF.
Sobre la sostenibilidad fiscal
Por último, el MEF también realiza comentarios sobre la apreciación del CFA, respecto a que el incumplimiento fiscal en 2024 constituye una señal de preocupación ya que la posición fiscal estructural se mantiene alejada de un nivel consistente con la sostenibilidad intertemporal del cociente de deuda bruta sobre PIB.
En respuesta, se indica que la reducción de la inflación tuvo un costo fiscal en 2023 y 2024, que no es esperable que se reitere en el corriente año. Asimismo, se destaca que la deuda neta en 2024 fue de 53,3% del PIB, notoriamente por debajo de la estimación presentada en la Rendición de Cuentas 2020 (58,9%).
“Por tanto, el MEF entiende que más allá de que el déficit fiscal en 2024 fue mayor al estimado por un magro comportamiento de la recaudación tributaria, en este período se ha fortalecido el manejo de la política fiscal con la implementación de una nueva institucionalidad fiscal, el menor crecimiento del gasto real anual de los últimos veinte años, y la estabilización de la deuda pública”, señala el informe.
A modo de conclusión, el MEF agradeció “el compromiso y la dedicación del CFA en sus labores y valoramos su rol en el fortalecimiento de la institucionalidad fiscal”. Sin embargo, cerró con una crítica contundente, advirtiendo que considera “necesario un enfoque más realista y pragmático al formular críticas o recomendaciones de política económica, que contemple los desafíos y limitaciones reales que enfrenta la administración pública, especialmente en el último año de gobierno”.
