La “gestión prudente” del Gobierno durante la pandemia que “limitó el aumento de la carga de la deuda” y el proceso de reformas en curso, llevaron a la agencia Moody’s a mantener la calificación crediticia de Uruguay. Además, se mantuvo la nota con perspectiva estable, debido al equilibrio entre “las presiones fiscales y económicas subyacentes que precedieron a la pandemia y las acciones del gobierno para abordar estos desafíos”.
La agencia estadounidense Moody’s Investors Service mantuvo la calificación de emisor de deuda de Uruguay en Baa2 con una perspectiva estable, refirmando así, el investement grade o grado de inversor del país, según informó a través de un comunicado.
La decisión de la agencia se basa en dos aspectos. Por un lado, se destaca “una gestión prudente” del Gobierno durante el desarrollo de la pandemia del covid-19 que “limitó el aumento de la carga de la deuda”, lo que le permitirá estabilizar los ratios de endeudamiento en los próximos años. Por otro, resalta el proceso de reformas en curso, que apunta a “cambios materiales en la formulación de las políticas macroeconómicas, que deberían impulsar la eficacia y credibilidad de la política fiscal y monetaria”.
En ese sentido, explica que “la perspectiva estable equilibra las presiones fiscales y económicas subyacentes que precedieron a la pandemia y las acciones del gobierno para abordar estos desafíos”. La calificación también “refleja la baja presencia del gobierno en el economía, fuerte predictibilidad de las instituciones, bajo riesgo político y moderado riesgo de vulnerabilidad externa”.
De acuerdo a lo detallado en su informe, Moody’s considera que en el contexto de la pandemia, la respuesta política del gobierno permitió brindar apoyo a la población y a la economía, pero limitando el empeoramiento de los niveles de deuda. También se destaca la “red de seguridad social bien establecida con una amplia cobertura” con la que cuenta el país, que permitió mitigar situaciones de vulnerabilidad en materia de empleo. Moody’s valora positivamente la creación del “fondo coronavirus” para encapsular todos los gastos asociados a la pandemia, lo que le permitirá al Gobierno “eliminar gradualmente el gasto adicional una vez que la emergencia sanitaria ceda”.
No obstante, se advierte por el incremento del déficit fiscal como consecuencia de la contracción de la economía y la respuesta fiscal brindada por el Gobierno, lo que determinó un aumento de la carga de la deuda al 61,8% del PIB en 2020 desde el 51,6% en 2019.
Repunte
Moody’s espera que la economía uruguaya se recupere gradualmente entre este año y 2023, con un crecimiento promedio de 3%. “Si bien Uruguay experimentó su primera ola de la pandemia en 2021, Moody’s considera que el fuerte progreso del programa de vacunación del gobierno (…) apoyarán la recuperación económica de este año”, señala el comunicado. Aún así, prevé que este año la relación deuda/PIB alcance un máximo este año de 63%, aunque se estabilizaría en este nivel “a medida que el gobierno continúa aplicando una estrategia de consolidación fiscal en los próximos años”.
Se destacan los avances del Gobierno en lograr reformas estructurales, algunas de ellas incluidas en la LUC, que al entender de Moody’s permitirán “reforzar la eficacia y la credibilidad de la política fiscal y monetaria”, como las “modificaciones a la regla fiscal”. También se hace referencia al proceso de discusión para la reforma de la seguridad social, donde se interpreta que “la historia de Uruguay de construcción de consensos políticos respaldaría la adopción de medidas para hacer frente a sus desafíos económicos y fiscales estructurales en los próximos años”.
Entre los factores que podrían mejorar la calificación crediticia se menciona el continuar con la agenda de reformas del gobierno, en particular del cumplimiento de la nueva regla fiscal. También generaría un fortalecimiento la reducción de la carga de la deuda y los intereses, así como continuar mejorando la estructura del pasivo. Un tercer punto mencionado es la reducción de las rigideces estructurales, como la baja productividad del país, que afecta el crecimiento potencial.
Por el contrario, podría recortarse la calificación si se entiende que es poco probable que se aborden los desafíos previstos, debilitando la capacidad de respuesta de las políticas, y llevando a un “crecimiento económico deficiente” y a un mayor deterioro fiscal.
