Por Santiago Pérez Bentancort (*)
Frente a las calamidades que la vida impone, el ser humano tiende a modificar su conducta y actuar de formas que, en circunstancias más favorables, no hubiera elegido. De la misma forma, frente a las regulaciones que la política impone, los empresarios tienden a alterar sus planes de acción, haciendo un uso distinto de los medios disponibles que de otro modo no habrían elegido.
Una regulación es una barrera al ejercicio de la función empresarial. En palabras de Jesús Huerta de Soto (catedrático de economía política en la URJC), la función empresarial es la capacidad típicamente humana para darse cuenta de las oportunidades de ganancia que surgen en el entorno y actuar en consecuencia para aprovecharse de las mismas.
Es de suma importancia saber que la función empresarial se centra en tres fines clave: la asignación eficiente de recursos, la perspicacia para detectar cambios a futuro y la capacidad de innovar en la producción. El empresario se enfrenta virtuosamente al riesgo sistemático del mercado y a la incertidumbre inerradicable del futuro. El proceso empresarial es, a la vez, coordinador y generador de nueva información; produciendo nuevos desajustes e impulsando un proceso de expansión sin límites del conocimiento y del desarrollo humano.
Bajo las regulaciones, este proceso empresarial se ve altamente perjudicado. Aquellos medios idóneos para lograr los fines mencionados resultan obstaculizados, ya sea por costos artificialmente altos o la imposibilidad de hacerse con los medios en sí. Esto conlleva a que se opte por alternativas menos deseables, por ende, menos eficientes para los fines correspondientes.
Asimismo, regular es una forma indirecta de planificar centralizadamente. Siguiendo el pensamiento de Friedrich von Hayek, toda regulación está condenada al fracaso en la medida en que es imposible centralizar toda la información necesaria para llevar a cabo tal ardua tarea. Al encontrarse dispersa la información, el ejercicio de la función empresarial es más eficiente en las manos libres de los empresarios que controlada por un burócrata.
Por otra parte, el deterioro de la empresarialidad se traslada al ámbito de la competencia. Ésta tiende a disminuir en los mercados fuertemente regulados, ya sea porque se crean barreras de entrada debido a los costos impuestos por la regulación, o bien porque se deriva en que empresas que ya operan decidan dejar el mercado. En general, los costos de cumplimiento regulatorio son más elevados para las pequeñas y medianas empresas, a diferencia de las grandes empresas que cuentan con un mayor margen para absorber dichos costos; fomentándose el uso de la regulación como promotora de privilegios y formación de lobbies.
Debido a la oferta reducida como consecuencia de este deterioro de la competencia, es de esperarse que los precios aumenten si es que los consumidores no pueden sustituir los bienes y servicios regulados por otros existentes. No es que las empresas trasladen los costos de la regulación a los consumidores, sino que es la reducción en la oferta la que genera presiones al alza sobre los precios.
En síntesis, las consecuencias finales del proceso de regulación son: importantes caídas en la productividad en las industrias reguladas, en el ingreso per cápita y en el bienestar individual. El proceso dinámico y progresivo de eficiencia que supone la empresarialidad se deteriora considerablemente, imponiendo un limitante al desarrollo económico y social. Ni los empresarios pueden maximizar sus rentas potenciales ni los consumidores pueden acceder a una mayor cantidad y calidad de bienes y servicios, incluso a mejores precios.
Los procesos de desajustes incorregibles que generan las regulaciones ponen en marcha las dinámicas del intervencionismo, que llevan a mayores niveles de regulación y gasto público en la economía. Se produce un ciclo vicioso de deterioro de la función empresarial y de estancamiento económico, que le da mayor posibilidad de avance al estatismo en detrimento de la libertad y condena al individuo a un camino de servidumbre.
No obstante, las políticas de desregulación han vuelto a adquirir cierta popularidad y demanda en las agendas políticas. El caso más popular quizás sea el de Argentina, bajo el gobierno de Javier Milei. Los primeros resultados de las desregulaciones giraron en torno a caídas en los precios reales y aumento en la oferta de productos, fomentándose la empresarialidad y la competencia. Un claro ejemplo es la desregulación en el mercado de alquileres en Buenos Aires: tras eliminarse controles de precios y restricciones contractuales, la oferta de alquileres aumentó más de tres veces y el precio real promedio se redujo hasta un 30%. No es menor tener presente que el Fondo Monetario Internacional (FMI), el Banco Mundial (BM) y JP Morgan proyectaron un crecimiento del PIB real argentino del 5.5% para 2025 y del 4.0% para 2026, valores de los más altos para el mundo occidental.
Pero no es sólo el caso de Argentina. Tomando como insumo las reformas de Milei, existe cierto interés por replicarlas en Estados Unidos bajo la segunda presidencia de Donald Trump. Se ha creado el Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE, por sus siglas en inglés) con el principal objetivo de eliminar el exceso de regulaciones y resoluciones tomadas por las agencias federales. El progreso del departamento hasta la fecha ha sido considerablemente escaso, aún quedando suficiente tiempo hasta su finalización el 4 de julio de 2026.
Al mismo tiempo, en 2024 la Comisión Europea publicó un informe realizado por Mario Draghi (expresidente del BCE y exprimer ministro italiano), quien remarcó que las diferencias en ingresos y productividad entre Europa y Estados Unidos se deben principalmente al exceso de normativas. En efecto, Europa se enfrenta a los problemas mencionados anteriormente, derivados del deterioro de la empresarialidad y competencia. Por eso, una de las propuestas en el informe de Draghi es la revisión y eliminación de normativas restrictivas, así como el control del flujo de nuevas normativas.
Y la lista de interesados sigue. Han sido varios los partidos y políticos, sin importar su posición en el espectro político, que se han pronunciado a favor de la desregulación, ya sea en la forma de simplificaciones hasta grandes recortes normativos. Todos coinciden en algo: la sobrerregulación está destruyendo las oportunidades de desarrollo, en cuanto se limita la asignación eficiente de recursos, la previsión frente a la incertidumbre del futuro y la capacidad de innovación. ¿Serán los próximos años un período de auge para las políticas de desregulación?
¿Y por casa cómo estamos? En base a datos del Instituto Fraser para 2022, Uruguay está un 140% más regulado que Estados Unidos, un 22% más que la Unión Europea en promedio, un 19% menos que América Latina en promedio, y un 38% y 30% menos que nuestros vecinos Argentina y Brasil respectivamente. En perspectiva, no estamos tan mal, pero podríamos estar muchísimo mejor considerando además que la estructura productiva del Uruguay es de un tamaño muy inferior si la comparamos con otros países de la región y del mundo.
Por otro lado, entre 2019 y 2024 se han promulgado cerca de 670 leyes, 2.430 decretos y 3.400 resoluciones en nuestro país; un total de 6.500 normativas (acotando a estas tres categorías). En el mismo período de tiempo, la normativa promulgada en Estados Unidos y en la Unión Europea fue de 5.500 y 13.000 respectivamente. A modo de comparación, por millón de habitantes se han promulgado aproximadamente 17 normativas en Estados Unidos, 29 en la Unión Europea y 1.900 en Uruguay.
Es evidente que Uruguay necesita un proceso de desregulación. Será necesario escuchar a quienes lidian todos los días con el exceso normativo, pues ellos conocen mejor su sufrimiento. Es por esto que, en abril de este año, el Centro de Estudios de la Realidad Económica y Social (Ceres) lanzó la plataforma “Uruguay más simple”, con el fin de que todas las personas interesadas puedan ayudar a identificar normativas que obstaculicen la función empresarial. En cierto sentido, resulta más fácil conocer los obstáculos existentes sobre la actividad económica que toda la información necesaria para llevarla a cabo, haciendo que la desregulación resulte ser una política pública más viable que la propia regulación.
Por otra parte, la desregulación podría ser una política eficiente para potenciar el crecimiento del Uruguay. En mi trabajo para la edición de 2024 del Premio Academia Nacional de Economía sostengo que una reforma para el sano crecimiento económico debería centrarse en ciertos pilares fundamentales, entre ellos la promoción del libre mercado y la empresarialidad. La desregulación perfectamente lograría esto mismo.
Al mismo tiempo, la desregulación traería beneficios en materia de suavización del ciclo económico. Al estar nuestro país altamente dolarizado hacia las industrias más alejadas al consumo final, estamos más expuestos al ciclo económico internacional (el de Estados Unidos principalmente); teniendo que soportar subas de tasas de interés y apreciación artificial del peso uruguayo durante los períodos de crisis y recesión. Las políticas de desdolarización están lejos de ser realmente efectivas, siéndolo mucho más la desregulación para potenciar el mecanismo natural de reajuste de los mercados libres.
La desregulación a nivel general de la economía generaría un shock positivo en la productividad, potenciando el crecimiento económico. Es un hecho que los ingresos per cápita en los países menos regulados son, en promedio, cinco veces más altos que aquellos en los países más regulados, algo importante a tener en cuenta para el largo plazo. Pues, la desregulación sería el perfecto puntapié inicial para una serie de reformas que nos permitan volver a ser un país grande, volver a ser un país de oportunidades, volver a ser “la California del Sur” o “la Suiza de América”.
¿Qué tan regulado está Uruguay respecto a otros países? (2022)
Fuente: Elaboración propia en base a datos del Instituto Fraser.
Regulación e Ingreso Per Cápita (promedio por cuartil, 2022)
Fuente: Elaboración propia en base a datos del Proyecto Maddison y del Instituto Fraser.
(*) Académico Supernumerario – Ganador Tercer Premio Academia Nacional de Economía Edición XVIII – 2024: “Capitalismo y Empresarialidad”
