Juan Gómez: “Hay personas a las que les interesa muy poco la rehabilitación, para las que no hay otra salida que la prisión”

Juan Gómez, fiscal de Homicidios


En una escalada de la violencia en la que la curva de los homicidios no ha mermado en muchos años, hay asesinos que logran rehabilitarse, pero también están los otros; aquellos que no tienen interés en recuperarse y para quienes el destino final es la cárcel, según el análisis del Dr. Gómez. Por otra parte, el fiscal considera que en algunos casos es necesario el aumento de las penas, y es categórico respecto a la regulación de la tenencia de armas: “Quien porte un arma y no esté habilitado para eso debería ser penalizado y preso”.

Por Magdalena Raffo | @MaleRaffo

El 29 de junio, Gómez cumplirá 65 años y deberá tener especial cuidado debido a la pandemia, en virtud de la recomendación del gobierno dirigida a quienes tengan o sobrepasen esa edad. Pero la función del fiscal de Homicidios tiene que ser presencial, porque implica estar en contacto con testigos, apersonarse en el lugar de los hechos y tomar declaraciones a los imputados, entre otras cosas. Es por esto que le planteó al fiscal de Corte, Jorge Díaz, la necesidad de un cambio.

Luego de manejar otras alternativas, como su pasaje a Flagrancia –por ser una actividad menos cargada-, ambos acordaron que él y su equipo continuarán con los juicios ya iniciados y con las formalizaciones efectuadas hasta el 31 de mayo. Al quitarles los turnos y las investigaciones, el 1º de junio se creó una tercera Fiscalía de Homicidios que se encargará de esos asuntos.

-¿La pandemia afectó el curso de los homicidios?

-No, para nada. Hay una lamentable continuidad de la violencia, que se inscribe dentro de una sociedad violenta y en algunos aspectos enferma. Yo lucharé hasta el último día por la importancia de la vida humana y lo grandioso que puede ser, con las dificultades de toda época, estar vivo y tener ganas de vivir, de trabajar.

-Este gobierno asumió con la premisa de combatir el narcotráfico y el crimen organizado. ¿El cambio de rumbo en la política de seguridad puede ser una forma de confrontar a la delincuencia y así bajar los homicidios?

-En primer lugar, yo jamás me dirijo a la gente desde una perspectiva política. Sí manifiesto el deseo de que los enfoques sobre esos temas tengan éxito y nos permitan algo tan sencillo como vivir en paz y tranquilidad. Es una obligación que tenemos los que estamos vinculados al tema de la seguridad.

-Durante su vasta carrera, el delito de homicidio ha ido en aumento, sobre todo, desde 2002, con el ingreso de la pasta base. ¿A qué atribuye que no se haya podido frenar ese incremento?

-Quien no se respeta, no puede respetar. Si parto de la base de que a alguna gente no le interesa su propia vida, no va a preocuparse por la de usted y menos por la mía. Ahí entramos en esa pérdida de ver al otro como un ser humano que merece estar vivo y al que no puedo quitarle la vida por el mero hecho de tener un arma en la mano o porque es de otro grupo criminal.

Cuando alguien perdió el valor por la vida de los demás y mató, si tiene que volver a hacerlo no repara en nada y lo hace. Ese es uno de los problemas por los que hay que luchar. No podemos, sin intentarlo, seguir en una sociedad que no se defiende frente a esas barbaridades.

-El hecho de que haya mayor presencia policial en la calle, ¿puede servir para prevenir los homicidios?

-Pienso que es un elemento preventivo para el delito en general. Creo –y hablo como ciudadano- que hace bien que la gente visualice la presencia de las fuerzas policiales, en la medida que estén cumpliendo un servicio con mucho respeto, pero con la fortaleza que el propio Estado les da, que es el uso, si es necesario, de la fuerza.

-¿Y si se planteara una guardia militar, que estuvo en su momento sobre la mesa…?

-Creo que ni los propios militares comparten esa posibilidad. ¡Me parece tan sencillo! Es como que mañana se me ocurriera que los policías pudieran cumplir las funciones de los militares. Lo bueno es cada vez tener una fuerza con funciones de policía más profesionalizada, más formada, más instruida y, por supuesto, con el respeto por los ciudadanos.

-En las fronteras hay militares cumpliendo funciones de seguridad.

-Están en aplicación de una ley hecha por el Parlamento Nacional y cumpliendo un mandato que –hasta donde yo sé- más allá de esa tarea de prevención, salvo alguna cosa de flagrancia, no inciden mayormente en los temas últimos de seguridad. Me refiero a intervenciones que supongan detenciones de personas. Hay decisiones que son de cuño político, que se plasman en una ley y que, en un Estado de Derecho, se deben respetar.

-¿Están dadas las condiciones para rehabilitar a los homicidas? Hay especialistas que afirman que las cárceles son una escuela del delito.

-Hay homicidas que van a rehabilitarse porque son conscientes del error que significa para ellos el estar privados de libertad por un momento de calentura, por determinados tipos de homicidios. Hay otros que no y no podemos negarnos a ver la realidad. Algunos tienen más de un homicidio, están –como ellos mismos dicen- jugados en la vida y les interesa muy poco la rehabilitación. Lamentablemente, para esa gente no hay otra salida que la prisión.

Yo he visto a lo largo de mi vida a muchos homicidas que se han rehabilitado y se han jurado nunca más volver a una cárcel. La gente no tiene ni la menor idea de lo que es estar privado de libertad, de lo que puede incidir en la vida de una persona que de un día al otro pase a estar limitado nada más y nada menos que en su libertad ambulatoria. Eso es bravo, es duro y debemos tener en cuenta esa consecuencia que sufren, muchas veces, muchachos muy jóvenes.

Se da una constante cuando uno formaliza y pregunta por los estudios cursados. Las respuestas suelen ser “hice primaria”, “empecé secundaria y no terminé primer año”. Ese ha sido el periplo educativo que han tenido muchos de nuestros homicidas, entonces yo no concibo otras formas de rehabilitar que no sean el trabajo y el estudio.

-¿Hay una responsabilidad de las autoridades educativas por no haber podido atraer a esas personas que abandonaron el sistema?

-Debe haber una responsabilidad de alguien, quizás mía, tuya, de la propia sociedad. En seguridad, los responsables más claros son los que trabajan en el tema, como los fiscales, los jueces, los policías; en otras áreas seguramente habrá responsabilidades. Cuando se disgrega el núcleo que contiene a las personas, que muchas veces es la familia, eso también es un problema. Si uno empieza a analizar verá que hay muchas responsabilidades hasta llegar a esa consecuencia triste. Es difícil ese tema, pero no por eso debe dejar de abordarse.

-¿Cree que habría que limitar o regular el porte de armas?

-Yo considero que ese es un tema que hasta ahora no se ha resuelto bien, en el entendido de que las armas las debe portar quien está autorizado y nadie más. Entonces, para evitar tantos dolores y delitos, quien porte un arma y no esté habilitado para eso, realmente está cometiendo una infracción penal que debe tener una consecuencia con un mensaje duro. Solo por el hecho de estar portando un arma sin estar autorizado, debería ser penalizado y preso. El arma es un mecanismo de defensa, pero se deben seguir todas las reglamentaciones que habiliten a uno a tenerla y portarla.

-¿Hoy no se castiga a aquel que tiene un arma sin el permiso?

-No necesariamente. En realidad, puede ser un delito, pero yo voy a la consecuencia, es decir, que sea claro. Andás con un arma, ¿con qué objetivo? Tenés que cumplir con la habilitación. Yo creo que se evitaría mucho, pero son ideas.

-¿Nunca lo ha planteado en algún ámbito parlamentario o político?

-No, nunca. Yo me ufano de estar lejos y respeto mucho los ámbitos políticos, pero no estoy ni cercano ni lejano de nadie. Estoy acá, felizmente, con el trabajo que me agrada y me apasiona. Es importante en la medida que uno lo hace pensando que puede estar haciendo algo bien para los demás. Yo trabajo con cuatro fiscales excelentes con los que luchamos a brazo partido, no para atribuir responsabilidades penales a cualquiera, sino para luchar por responsabilizar a quien se merece, a quien quita, a quien afecta la vida de los demás.

-¿Qué piensa de que los militares retirados puedan portar armas e intervenir en caso de delito?

-Por más buena voluntad que pueda tener un militar retirado… No voy a hablar de militares retirados, voy a hablar de un fiscal retirado. En el momento en el que efectivamente me vaya de la fiscalía, habré culminado mi labor. Podré charlar con alguno y me escuchará o no, pero la responsabilidad pasa a otras personas y tenemos que ser respetuosos de esos retiros cuando la edad así lo dispone.

-No lo cree conveniente entonces.

-Son decisiones políticas en las que no quiero abrir una opinión porque no me compete. No es que tenga temor ni que algo me lo impida, pero intento ser respetuoso de los poderes. También confío en la razonabilidad. Si pensara que cualquiera puede imponer su voluntad sin escuchar a los congéneres o a los que tienen responsabilidad sobre determinados temas, no estaría creyendo en el Estado de Derecho. Y si hay algo que me apasiona además del trabajo, mi familia, la gente, es vivir en un Estado de Derecho.

-¿Hay alguna propuesta del proyecto de ley de urgente consideración que le preocupe?

-Yo la voy a estudiar cuando se apruebe. Confío en que los planteos que hicimos fueron atendidos, porque se trata de luchar contra la impunidad, pero no sé cómo va a terminar.

-La ley de urgencia propone aumentar las penas para delitos gravísimos cometidos por menores. ¿Sería lo conveniente?

-En el año 98, en uno de los casos más graves en que he tenido que intervenir como fiscal, la consecuencia final fue imputar a un menor de edad una infracción de un homicidio muy especialmente agravado. El clamor popular de ese entonces era que se debía ampliar el tiempo de duración de las internaciones para determinados delitos graves. Eso, que tiene más de 20 años, no me hace ruido que se plasme ahora y me parece bien.

Por ejemplo, si un joven de 17 años, 11 meses y 20 días, sale con otro joven de 18 años y cinco días, y cometen una tropelía como asaltar y matar a una persona, el mayor de edad se enfrentará a una pena mínima de 15 años, y el menor, por cuestiones de días, con el mismo raciocinio, estará expuesto a nada más que cinco años de medidas educativas. Entonces, ese tipo de situaciones en delitos muy graves como el que le estoy señalando, merecen una consideración de mayor entidad como respuesta para una sociedad más sana. A veces dicen que el aumento de las penas no soluciona nada, pero en algunos casos es necesario.


“Ojalá que el buen sentido campee antes que la brutalidad”

-Ha habido una serie de ataques vinculados con el avance del narcotráfico, como la bomba en la Brigada Antidrogas, intentos de robo en bases militares, la amenaza de muerte a la fiscal de Estupefacientes (Mónica Ferrero) y el ataque a balazos a la exabogada de un narco mexicano. ¿Qué reflexión le merece?

-Son conductas no deseables y no esperables hasta hace poco tiempo. Hay personas que no dan la cara y amenazan con males a aquellos que no hacen otra cosa que cumplir con sus deberes funcionales, es lamentable. Me consta el extraordinario apego al trabajo que tiene la Dra. Ferrero, y es una barbaridad que alguien pretenda incidir en su vida y su labor con amenazas que, felizmente, las autoridades toman en cuenta e investigan. Espero que se sepa quiénes están detrás de esos actos, que no dejan de ser cobardías.

-¿Usted como fiscal tiene miedo, considerando estos recientes ataques?

-Vivir con miedo es lo peor y cuando uno vive con miedo se muere de susto. Sí tengo cuidado, porque los tiempos han cambiado, pero vivo con la tranquilidad de respetar a todo el mundo. No hay un solo preso que haya intervenido que pueda decir “este fiscal me prepoteó, me faltó el respeto”. No puedo observar como posible un acto de falta de respeto que sería un atentado contra mi persona. Ojalá que el buen sentido campee antes que la brutalidad.