Pablo Rosselli, economista y socio de Exante
En entrevista con CRÓNICAS, Rosselli explicó que la compra del Instituto de Colonización, que es de 400000 hectáreas a un precio de US$ 4000 por hectárea, redunda en una inversión de US$ 1600 millones que, en cinco o seis años, podrían bajar los asentamientos a la mitad. Por otro lado, subrayó que, desde el punto de vista económico, el anuncio más importante del gobierno hasta el momento fue la designación de Guillermo Tolosa como presidente del Banco Central. A su vez, dijo que no es correcto interpretar los resultados fiscales del 2024 como un desvío “muy imprevisible”.
Menú: Yakatori de pollo, arroz mirokumai especiado, criollita de mango, verdeo y sésamo, fue la elección del entrevistado, que acompañó con agua sin gas. De postre optó por ensalada de frutas y un café.
-¿Qué opina de los primeros anuncios en materia económica de estos primeros tres meses de gobierno?
-Este gobierno comenzó sin grandes anuncios, yo no esperaba que se dieran muchos en estos primeros meses y hay dos hitos claves como el presupuesto y la ronda de salarios. En el presupuesto vamos a ver algunos cambios e innovaciones. Quizás, desde el punto de vista económico, lo que resulta el anuncio más importante, es la designación de Guillermo Tolosa al frente del Banco Central del Uruguay (BCU). Tolosa es un economista profesional, independiente, sin filiación política conocida y con una larga trayectoria en el Fondo Monetario Internacional (FMI). Esa designación, a mi juicio, constituye una señal de relativa independencia técnica del BCU y señaliza cierto compromiso del presidente de obtener niveles de inflación bajos. Las declaraciones y primeros anuncios que tomó Tolosa desde que asumió, apuntan a que el gobierno intentará niveles de inflación más bajos que los que históricamente hemos tenido. Tolosa señaló que el BCU va a perseguir un objetivo puntual de inflación de 4,5%, con un rango de tolerancia del 1%. Eso puede parecer un cambio semántico, pero no es así. Cuando se miran en el mundo los países con metas de inflación, que son la gran mayoría, las metas son puntuales y tienen rangos de tolerancia. No tiene mucho sentido que el BCU nos diga que tiene un objetivo de inflación que va de 3% a 6% y que 3,1% sea lo mismo que 5,9%. Eso no contribuye a una formación adecuada de expectativas. Entonces, es un paso en la dirección correcta fijar un objetivo puntual de inflación. Ahora tenemos que esperar en qué medida esa intención declarada del BCU se transforma en un objetivo perseguido y logrado con el paso del tiempo.
-¿La política económica y monetaria del gobierno de Orsi van en la misma línea que el gobierno de Lacalle Pou?
-En buena medida, sí. El nuevo directorio del BCU ratificó un régimen de metas de inflación, explicitó un objetivo puntual, mantuvo la tasa de política monetaria como su instrumento y por el momento no ha realizado intervenciones en el mercado de cambio, lo que mantiene una perspectiva de una flotación libre de la moneda. Ha transcurrido poco tiempo, pero ese es un cambio que ha venido para quedarse, que las intervenciones en el mercado de divisas sean más bien esporádicas que frecuentes. En la primera reunión del Comité de Política Monetaria (Copom) subió la Tasa de Política Monetaria (TPM) en 25 puntos básicos, con lo cual uno podría decir que hay una serie de continuidades en lo que hace a la política monetaria enfocada en bajar la inflación. En más de una entrevista, Tolosa ha señalado que es necesario tener una mayor y mejor coordinación de las otras políticas macroeconómicas con la política monetaria, léase la política fiscal y salarial. Son áreas que no dependen del BCU y veremos con la Ley de Presupuesto y las pautas salariales, en qué medida efectivamente el nuevo gobierno comienza con más coordinación entre las políticas macro. Cuando se mira lo que sucedió en los últimos años, en el último tramo de la anterior administración, desde fines de 2022 en adelante, la política fiscal adquirió un signo marcadamente expansivo y se elaboró sobre una proyección de inflación en el techo del rango meta, que era 6%, cuando el objetivo relativamente explícito del BCU en aquel momento era que la inflación debía ir más hacia el centro del rango meta. También tuvimos aumentos salariales importantes que resultaron de los acuerdos de recuperación de la pérdida de salario real que se produjo con las pautas de 2020. Pero, en los hechos, políticas salariales de aumentos significativos y política fiscal con expansión del gasto público, fueron elementos que dificultaban el accionar de la política monetaria y que contribuyeron a una apreciación de la moneda que fue excesiva. Habrá que ver si este gobierno realmente trae una mejor consistencia entre las políticas macro o si esto queda en lo discursivo y en lo aspiracional.
-¿A qué adjudica el incumplimiento de uno de los tres pilares de la regla fiscal en 2024? ¿Fue por subestimar las expectativas de inflación?
-El equipo económico del gobierno saliente, de algún modo, atribuyó los desvíos de los resultados fiscales a una inflación inferior a la proyectada. En realidad, cuando uno mira lo que sucedió con la política fiscal, esta tomó un signo contractivo, si excluimos la expansión de gastos que hubo para atender la emergencia sanitaria, al inicio del período de gobierno anterior, como había sido prometido por Lacalle Pou durante la campaña. Pero esa vocación contractiva cambió sobre fines de 2022 y tuvimos dos años enteros avanzando en un sesgo expansivo. Por lo tanto, en mi opinión no es correcto interpretar los resultados fiscales del 2024 como un desvío muy imprevisible. La senda expansiva de las cuentas públicas se hizo muy notoria sobre fines de 2022 y principios de 2023 y, por lo tanto, el gobierno anterior tuvo tiempo para tomar medidas correctivas. Si no lo hizo, fue porque valoró que no correspondía. Es cierto que la inflación terminó siendo menor a la prevista, pero terminó en línea con el centro del rango meta. El origen de ese desvío comenzó cuando el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) armó su presupuesto contemplando una inflación del 6% para los últimos dos años de su administración. En aquel momento, muchos economistas advertimos que el escenario de inflación que se presentaba en aquella Rendición de Cuentas apuntaba al techo del rango meta, cuando el presidente del BCU decía que la inflación debía ir hacia el centro. La inconsistencia de origen fue esa, después hubo oportunidades de tomar medidas que no se tomaron y eso terminó derivando en un incumplimiento de los tres pilares de la regla fiscal. El tope de gasto no es opinable, el gasto público en 2024 creció más de lo que estaba autorizado en la regla fiscal, las metas indicativas del resultado estructural no se cumplieron y el gobierno apeló a una cláusula de salvaguarda para emitir más deuda de la que tenía autorizada, alegando que hubo un cambio de precios sorpresivos. En mi opinión, el tipo de efectos que generaba ese cambio de precios relativos, no debería ser motivo suficiente para convocar una regla de salvaguarda.
-Hay visiones disonantes sobre el dato fiscal actual entre oficialismo y oposición. ¿Es una discusión meramente política?
-No es nada sorprendente que cuando hay un cambio de gobierno y un cambio de signo, el partido político entrante alegue que la situación fiscal es peor que la que imaginaba y que la nueva oposición diga que eso no es así. Creo, de todos modos, que hay un elemento nuevo en ese contexto, que es que el gobierno saliente hizo una campaña electoral en su momento prometiendo una mejora fiscal importante, que terminó sin ocurrir y prometiendo una nueva institucionalidad fiscal, con un consejo asesor independiente y un comité de expertos. Esas cosas nuevas, de algún modo, le dan combustible a esta discusión que siempre ocurre en estas instancias. De todos modos, inequívocamente la introducción de la nueva institucionalidad fiscal fue algo positivo, lo que le permitió al gobierno en aquel entonces ganar credibilidad y comprar tiempo para atender una situación fiscal que lucía comprometida. Dicho todo eso, también es cierto que introducir esas innovaciones no impidió que la política fiscal volviera a registrar el llamado ciclo electoral. Eso le da nuevas fuentes a esta discusión, que es frecuente. Cuando se mira la situación fiscal del país hoy, presenta muchos desafíos y es lógico que sea motivo de discusión entre la administración saliente y la entrante.
-¿Qué tan complejo es el panorama fiscal?
-Uruguay tiene una situación fiscal que plantea muchos desafíos. El déficit fiscal terminó en 4,3% en 2024, el MEF está señalando que el año pasado no se realizaron una serie de pagos de partidas que correspondía haber realizado y que, en tal caso, el déficit fiscal habría sido cercano al 5%. No tenemos elementos para evaluar con precisión esos extremos, pero probablemente sea cierto que el nivel de partida del déficit está arriba de cuatro puntos del Producto Interno Bruto (PIB). Ese es un nivel de déficit que es incompatible con la sostenibilidad de la deuda pública, entendida como la capacidad de evitar que la deuda pública continúe subiendo. Estos desequilibrios fiscales van a hacer que la deuda siga subiendo en relación al PIB, lo que no es dramático en un período corto, porque Uruguay tiene capacidad para que su deuda pública suba algo más, tiene una estructura de deuda pública pactada a plazos largos y tasas de interés fijas, que le dejan tiempo para ocuparse de este problema fiscal. Pero está claro que la senda de las cuentas públicas debe ser de mejora y eso debería estar contemplado en la Ley de Presupuesto.
-¿Cómo ve el apartado macroeconómico? ¿Qué tipo de desafíos presenta de cara a la elaboración y discusión de la Ley de Presupuesto?
-El equipo económico tiene poco margen de maniobra para las políticas macro. Hay poco espacio porque hay una situación fiscal delicada, hay ciertos compromisos asumidos de incrementos de gastos en algunas áreas de la administración, que habrá que ver en qué medida se pueden cumplir y en qué plazos. Todavía tenemos recorrido por delante en materia inflacionaria y un problema de competitividad, que tiene un origen macroeconómico, con tasas de interés altas que favorecieron una apreciación de la moneda, pero también hay cuestiones de origen macroeconómico. En general, la economía uruguaya ha crecido muy poco. Los economistas pensamos que la tasa tendencial de crecimiento de Uruguay está en el entorno del 2,5%, pero llevamos 10 años sin ver esa tasa de crecimiento. Es imprescindible que Uruguay logre crecer más y no va a ser posible mejorar sustancialmente la pobreza y la marginalidad si la economía no crece. Un elemento importante del apartado macroeconómico, que no está internalizado en el debate político, es el mercado de trabajo, que en Uruguay funciona muy mal. En los últimos cinco años hubo una creación muy importante de empleos, se revirtió la tendencia decreciente del empleo que hubo entre 2015 y 2019, hoy tenemos 100000 empleos más que en 2019, pero también hay 100000 personas más ganando menos de $ 25000. Eso sugiere que la creación de empleos en el período pasado estuvo muy orientada a empleos de baja remuneración.
“En los próximos años realmente hay poco espacio de aumento de salario real”
-¿Es peligroso un aumento salarial voluntarista que erosione el empleo?
-En un país donde la productividad del trabajo no está creciendo, pensar en aumentos significativos del salario real, necesariamente va a conspirar contra el nivel de empleo y contra la competitividad de las empresas. En los próximos años realmente hay poco espacio de aumento de salario real. Pensar en aumentos de más del 1% anual probablemente conduzca a otras inconsistencias en el entorno macroeconómico.
“El Estado asigna enormes cantidades de recursos a áreas que no deberían ser prioritarias”
Al respecto de la polémica en torno al rol del Instituto Nacional de Colonización (INC), desatada a raíz de la compra de la estancia María Dolores por US$ 32,5 millones, el entrevistado dijo que “tenemos que mejorar sustancialmente la calidad y asignación del gasto público en las áreas que son prioritarias”.
En este sentido, subrayó que Uruguay tiene una inversión en el INC, con 4000 hectáreas a US$ 4000 por hectárea, lo que son US$ 1600 millones invertidos “para subsidiar el acceso a la tierra”.
“Para subsidiar el acceso a la tierra, no se precisa ser dueño de esa cantidad y monto de tierras. Sin entrar a discutir si es una buena o mala política, un subsidio de US$ 50 dólares por hectárea tendría un costo de US$ 20 millones de dólares por año, un subsidio de US$ 100, sería el doble. No tiene ningún sentido que el Estado tenga US$ 1600 millones por año en el INC, que, invertidos en un período de cinco o seis años, podrían bajar los asentamientos notoriamente a mucho menos de la mitad. El Estado asigna enormes cantidades de recursos a áreas que no deberían ser prioritarias”, concluyó.
