Diego O’Neill, presidente de la Confederación de Cámaras Empresariales (CCE), alertó sobre el impacto que la conflictividad laboral tiene en la economía y el clima de inversión. En diálogo con CRÓNICAS, cuestionó el respaldo sindical a medidas que incumplen convenios vigentes, defendió la institucionalidad de la negociación colectiva y sostuvo que “empresarios, trabajadores y gobierno deben empujar en la misma dirección”.
Por Lucía Arregui
-¿Cómo evalúa la situación general del clima laboral en Uruguay en este inicio de gestión del nuevo gobierno?
-Hemos observado en estos últimos tiempos algún nivel de conflictividad que nos preocupa. De hecho, emitimos un comunicado en ese sentido por algunas situaciones en algunas empresas, no sectores completos, pero sí donde hay conflictos sin motivos genuinos, con convenios vigentes. También nos preocupa el conflicto de la pesca, que ya lleva un mes con los barcos parados y genera una gran destrucción de valor para empresas, trabajadores y el país. Si bien no es de carácter general, sí se ha manifestado en sectores puntuales.
-Desde la confederación han expresado una “gran preocupación” por el aumento de la conflictividad laboral. ¿Qué sectores son los más afectados y cuál es el origen de esta tensión, a su entender?
-Ha habido conflictos en empresas del sector lácteo y frigorífico. Algunos no trascienden porque los propios empresarios prefieren mantener un perfil bajo para no afectar sus negocios. Las causas varían, en algunos casos por incorporación de tecnología, entre otras. Eso es un poco lo que queríamos poner sobre la mesa, una cierta advertencia, en el sentido de que esto no es bueno para el país porque no solo afecta a los involucrados, sino también al clima de inversión. Estamos alineados con el gobierno y el Ministerio de Economía en priorizar el crecimiento económico, y estas señales no ayudan.
-El comunicado de la CCE menciona el conflicto en el sector pesquero como un caso flagrante. ¿Qué está ocurriendo allí específicamente, y qué impacto tiene para las empresas del rubro?
-No entramos en detalles porque eso les corresponde a las cámaras del sector. Pero hay una paralización que ya roza los 30 días, pese a que hay un convenio vigente. Si el sindicato quiere cambiar condiciones laborales, debe hacerlo en el marco de la negociación colectiva. Un conflicto con barcos parados, existiendo un convenio, atenta contra la institucionalidad de la negociación. Si no se respetan los convenios, se debilita todo el sistema. Los convenios son el instrumento fundamental de la negociación. Entonces, si no respetamos los convenios, se cae la negociación colectiva y eso es lo que hay que preservar.
-El documento sostiene que hay un convenio vigente hasta 2027, y que el sindicato lo incumple con el “aval de la central sindical”. ¿Cuál es el rol del PIT-CNT en este caso y cómo evalúa su postura?
-Bueno, eso lo mencionamos porque el PIT-CNT emitió un comunicado días previos respaldando al sindicato. Entonces, por eso es que hacemos mención al aval de la central sindical. No sabemos exactamente si están tratando de solucionar el conflicto, pero su comunicado oficial fue de apoyo a la medida sindical.
-Ustedes hablan de un atentado contra “la institucionalidad de las relaciones laborales”. ¿Qué elementos concretamente considera que están siendo vulnerados desde la perspectiva empresarial?
-Al tener un convenio colectivo vigente, allí ya están pactadas condiciones salariales y laborales. Entonces, plantear un conflicto para modificar condiciones laborales, desconoce el convenio vigente. El sindicato puede plantear reivindicaciones, pero no instalar un conflicto en plena vigencia del convenio. La paralización ya ha generado pérdidas millonarias en 30 días, afecta a plantas exportadoras, a trabajadores que pierden salario, y al país.
“Es importante que la ronda no se extienda y sería deseable fijar un plazo máximo”
-¿Qué expectativas tiene la confederación respecto a la nueva ronda de Consejos de Salarios?-Estamos esperando las pautas que se conocerán en los próximos días, ya que los convenios vigentes vencen el 30 de junio y el 1º de julio se abre la nueva negociación. Ha habido algún trascendido de que habría franjas para dar mayores aumentos a los salarios más deprimidos, lo cual nos parece muy bien. Le hemos transmitido al ministro la importancia de que la ronda no se extienda y que sería deseable fijar un plazo máximo —60 o 90 días— para negociar. Cuando las negociaciones se dilatan demasiado, en general se complejizan y aumenta la conflictividad. Hay que promover el diálogo y la negociación, pero sin frenar la actividad ni afectar los puestos de trabajo ni el salario.
-La confederación convoca al gobierno a intervenir. ¿Qué tipo de acción esperan por parte del Poder Ejecutivo y del Ministerio de Trabajo? ¿Han tenido respuestas hasta ahora?
-Nos consta que el Ministerio de Trabajo está abordando el tema. Al exhortar a las autoridades, buscamos que se sumen esfuerzos desde el máximo nivel para encauzar esta situación. Sabemos que el ministro y su equipo están trabajando, y todo lo que pueda hacerse desde el gobierno, suma.
-¿Cree que existen mecanismos legales suficientes para resolver estos conflictos, o es necesario revisar el marco normativo del sistema de relaciones laborales en Uruguay?
-Entendemos que falta legislar, por ejemplo, en materia de huelga. Todos los derechos deben tener un marco regulatorio, y el derecho de huelga no es la excepción. Su reglamentación permitiría establecer mecanismos previos para resolver diferencias antes de llegar a medidas de paro, y también permitiría evaluar la licitud o no de una huelga equis. Creemos que faltan elementos legislativos para poder darle al derecho de huelga un marco reglamentario que evite estas situaciones.
-En el comunicado también se revaloriza el sistema de convenios colectivos. ¿Está en riesgo ese sistema, tal como lo conocemos hoy?
-En la medida que no se respetan los convenios, se afecta el sistema. Ahora se abre la ronda más grande de Consejos de Salarios de la historia. Una vez alcanzado un acuerdo, ese convenio debe regir sin conflictos por incumplimientos, sean del sector empresarial o sindical. Los convenios deben cumplirse para evitar una conflictividad constante y asegurar la estabilidad en las relaciones laborales. Es decir, es muy importante que todos respetemos los convenios para que la conflictividad no sea algo de todos los días, sino que pueda haberla cuando haya una situación realmente objetiva que amerite una situación de conflictividad, pero no promoverla a partir de un incumplimiento del convenio.
-Ustedes advierten que este tipo de situaciones puede afectar la llegada de inversiones. ¿Ya han percibido señales de alerta por parte de empresarios o inversores, tanto locales como internacionales?
-Naturalmente, sí. Los inversores miran estos temas y se asesoran con estudios locales. En el caso de la pesca, sabemos de una inversión detenida, en stand by, a la espera de cómo se resuelve esto. Pero, más allá de casos puntuales, hay que cuidar el clima de inversión. Uruguay tiene fortalezas como seguridad jurídica y estabilidad, pero también necesita paz sindical, competitividad e inserción internacional. Todo suma a ese clima de inversión que tanto necesitamos.
“Todos queremos puestos de trabajo de calidad y crecimiento; hay que buscar las coincidencias”
-¿Qué mensaje le gustaría transmitir a los actores sindicales y a los trabajadores frente a esta situación de tensión?
-Desde nuestro punto de vista estamos todos en el mismo barco, que es el país, todos queremos lo mejor para Uruguay y para su gente. Todos tenemos preocupaciones comunes al respecto de la pobreza, de la infancia, de la cantidad de uruguayos a los que es necesario ayudar para que salgan de su situación y puedan tener oportunidades y también un desarrollo con calidad de vida. Todos queremos puestos de trabajo de calidad, queremos crecimiento, entonces, hay que buscar los caminos de coincidencia para empujar en la misma dirección y evitar los enfrentamientos. Porque más allá de visiones ideológicas o de algunos intereses que pueden ser contrapuestos, naturalmente, creo que hay mucho espacio de coincidencia y sobre todo de interés en que la sociedad salga adelante.
-¿Qué tipo de diálogo mantiene hoy la confederación con los sindicatos y con el gobierno? ¿Hay espacio para recomponer confianza entre las partes?
-Hemos tenido muy buen diálogo con el gobierno, con el presidente, el secretario de Presidencia y el ministro de Trabajo. También visitamos al PIT-CNT en su sede hace unos meses buscando estar a tono en un clima de diálogo que el gobierno está planteando y al que nos queremos sumar. En sectores como la pesca, los actores no somos nosotros; son el sindicato de marineros, las cámaras de la pesca, la Cámara de Industrias Pesqueras del Uruguay, pero creemos que siempre hay espacio para dialogar. Como país debemos evitar estas situaciones que terminan generando más perjuicios que beneficios.
-En entrevista con CRÓNICAS, el abogado y socio de Guyer & Regules, Santiago Madalena, planteó que sería útil permitir que las empresas puedan “descolgarse” de los convenios, no solo ante una crisis, sino también por razones de competitividad. ¿La confederación coincide con esa idea? ¿Qué condiciones deberían habilitar un descuelgue?
-Desde la confederación entendemos que el mecanismo de descuelgue existe, pero es complejo y poco utilizado porque requiere pasar por el Consejo de Salarios y votación. Proponemos que existan mediciones objetivas —rentabilidad, caída de ventas, pérdida de empleo— para que una empresa, en determinadas circunstancias, pueda descolgarse, sin depender de una negociación. Debe ser algo objetivo, mensurable y no solo una expresión del empresario, pero sí darles a los descuelgues, como digo, objetividad para poder proceder con ello.
