Son varios los factores y fenómenos externos que afectan a la economía uruguaya. En ese sentido, el senador Sergio Botana, del Partido Nacional, recorre el país, en especial los departamentos Salto, Colonia, Paysandú y Río Negro, en busca de comentarios enriquecedores, soluciones, quejas y sugerencias para disminuir o erradicar la carestía y contribuir con nuevas ideas a sus nueve proyectos de ley que impulsa desde diciembre de 2021.

El primer proyecto apunta a mantener un precio de base del combustible y su fijación.

Esto es, fijar un precio referente para el tanque de La Tablada, cuya relación de equivalencia es el costo de importar la nafta o el gasoil  sumados a los costos de introducción a la planta. “No se le indica a Ancap si puede o no refinar, sino que se le impide trasladar el costo a la producción y al costo de vida'', mencionó Botana.

Por otro lado, el segundo proyecto se vincula al cemento y tienden a disminuir la pérdida de Ancap con el producto, la baja en el costo en el mercado local y busca generar un estímulo en la producción.

En línea nuevamente con la empresa petrolera estatal, el tercer proyecto supone una liberalización en el envasado y distribución del supergás.

El cuarto promete un subsidio al boleto capitalino a través de una transformación en el cambio de la flota, con ómnibus más eficientes energéticamente, ya sea con unidades eléctricas e híbridas. Este proyecto se tiñe desde lo económico hacia lo ambiental, suscribiéndose a los Objetivos de Desarrollo Sostenibles número 7, 9, 11 y 13: energía asequible y no contaminante; agua, industria, innovación e infraestructura; ciudades y comunidades sostenibles y acción por el clima, respectivamente.

La eliminación del IVA al gasoil y su distribución por un nuevo impuesto fijo de $2 por litro es el quinto proyecto. “Esto provocaría una baja superior a los $8 en el precio final del combustible”, indicó el senador.

Por otro lado, el sexto se vincula con la transformación del Imesi a la nafta. Botana propone un fondo de amortiguación al precio de la nafta -entre los $20 y $36-. “Es necesario para evitar saltos abruptos, permitiendo una mayor predicción y planificación”, agregó. 

El séptimo se refiere a la eliminación de la tasa de inflamables de Montevideo y prohíbe adicionar a los combustibles nuevos impuestos.

El octavo proyecto introduce una mejora en la distribución, el aprovechamiento de los fletes y en la seguridad de la circulación de estos. Al mismo tiempo, crea un sistema para la autorización de nuevas estaciones.

El noveno y último proyecto se vincula directamente con los comercios que aceptan tarjetas de crédito y de débito como medio de pago “y que hoy son rehenes de estas tarjetas, debiendo pagar tasas abusivas a causa de que no hay un mercado de competencia y de regulación”, comentó Botana.

El fin de este proyecto es topear los aranceles que cobran las tarjetas de débito en 0.4% y las de crédito en 1.5%.

Según Botana, Uruguay sufre un encarecimiento en los precios por causas ajenas a la economía local, y la aceleración de la inflación, por tanto, es causada por el entorno internacional. “La expansión monetaria desordenada de Estados Unidos, el retorno de la actividad económica, la invasión de Rusia a Ucrania, los problemas que recaen sobre el petróleo y el desabastecimiento de productos y de materias primas realzan los precios”, remarcó.

El senador y exintendente de Cerro Largo declaró a CRÓNICAS que el objetivo de los proyectos se basa en “modificar aspectos tributarios, abaratar el combustible, rever los subsidios que se pagan hoy en día y mejorar aspectos vinculados a la distribución, que es cara e ineficiente”.

Al mismo tiempo, afirmó que los proyectos han pasado por comisiones parlamentarias, Ministerio de Economía y Finanzas, Ministerio de Industria, Energía y Minería, Ancap y el Banco Central del Uruguay, con el fin de recabar informes de las instituciones, organismos y organizaciones vinculadas directamente por las condiciones que reflejan los proyectos.