Por Mariano Tucci (*) | @MarianoTucci46

El presupuesto del gobierno del Frente Amplio está vertebrado por cinco grandes sensibilidades que se ajustan a las dificultades centrales que atraviesa el país y a sus compromisos de campaña: 

Por un lado, el eje de la responsabilidad y la sostenibilidad fiscal, a partir de una serie de dificultades económicas desconocidas en su profundidad, que derivaron en el mayor déficit fiscal de las últimas tres décadas. 

Por otra parte, el desarrollo económico con equidad territorial para una mayor prosperidad con el impulso de importantes obras de infraestructura y transporte a lo largo y ancho del país.

Un tercer eje que promueve la justicia tributaria y distributiva con la incorporación de impuestos a las grandes transnacionales y a las ganancias de capital en el exterior, pero no incluyendo impuestos al trabajo. 

Un cuarto que establece con meridiana claridad el combate a la desigualdad social con importantes recursos destinados a la primera infancia, la gente en situación de calle, los salarios sumergidos, la salud y la vivienda.

Y un quinto y último orientado a la convivencia pacífica, con programas de alto impacto en materia de seguridad. 

Cuando abordamos los ejes programáticos y las principales medidas que por esta hora se discuten en la Cámara de Representantes, destacamos como elemento ineludible la protección a la infancia y la adolescencia, ramales que constituyen la prioridad central de la ley presupuestal, concentrando la mayor asignación presupuestal.

Como medidas principales aparece el aumento del 50% en el Bono Crianza de la Tarjeta Uruguay Social, destinado a elevar los ingresos de hogares en situación de vulnerabilidad extrema con mujeres embarazadas y niños de cero a tres años.

La implementación del programa “Crece desde el Pie”, una iniciativa integral que busca que ningún niño nazca o crezca en condiciones habitacionales insalubres.

El refuerzo de la atención a la niñez y a familias vulnerables. En este caso, el presupuesto asigna recursos adicionales para atender a personas en situación de calle, cuya cantidad ha crecido en años recientes.

Se encaminan medidas orientadas al apoyo, sostenimiento y la continuidad educativa desde temprana edad. La consolidación del financiamiento de la nueva política de Bono Escolar, que se aplica desde julio de 2025 en las escuelas públicas más vulnerables, es la materialización de una acción focal en este sentido. Este bono consiste en una asignación anual de $ 2.500 por niño que asiste a primaria.

Cerrando este capítulo es importante destacar la extensión del tiempo pedagógico y apoyo educativo porque el presupuesto prevé una línea de financiamiento específica para ampliar la cobertura de escuelas de tiempo completo y extendido, priorizando los centros de contextos críticos. La meta es llevar esta modalidad extendida a 90.000 niños y niñas en todo el país.

El componente salud es también un elemento central de preocupación de la gente y en este sentido, el gobierno propone la reducción drástica de los tiempos de espera para consultas especializadas, estudios y cirugías. Hoy hay 461.000 personas esperando especialistas, 30.000 esperando consultas de salud mental y más de 1000 niños que esperan por cirugía de ojos.

Por eso también es imprescindible el acceso asegurado a medicamentos esenciales y en este caso la ley garantiza que no volverán a faltar los medicamentos básicos.

Por otra parte, no podemos dejar de jerarquizar la atención a la salud mental que propone este presupuesto: se asignan fondos específicos para ampliar la red de atención psicológica y psiquiátrica, integrándola al primer nivel de atención. 

Por supuesto que la seguridad pública sigue siendo una prioridad para nuestra administración y es por esa razón que vamos a implementar el Plan Más Barrio, un programa que combina intervenciones policiales, sociales, urbanas y culturales en las zonas que han sufrido mayor deterioro de la seguridad.

De la mano viene el desafío de la reforma del sistema penitenciario y rehabilitación y allí se asignan fondos para una profunda reforma penitenciaria.

Se incrementa la oferta de programas educativos y laborales para las personas privadas de libertad, atacando la alta reincidencia con oportunidades de formación y reinserción.

Es reconocida y largamente anunciada la necesidad crear la Dirección de Policía Comunitaria y la expansión del programa de Policías becarios.

En materia de transporte, se estimula la puesta en marcha de un Plan Metropolitano de Transporte destinado a modernizar y ordenar el transporte en Montevideo y su zona metropolitana.

Hace pocos días recibimos al ministro Fratti quien nos contó detalles de las principales medidas orientadas al sector agropecuario y a las familias rurales: se asignan fondos para la implementación de Procría, un programa destinado a mejorar la eficiencia reproductiva del ganado y la productividad ganadera en los establecimientos rurales.

El esperado e imprescindible plan nacional de combate a la garrapata y por supuesto que el aumento de las partidas destinadas al INC, para que pueda adquirir y distribuir más tierras a familias rurales que quieran emprender proyectos productivos sustentables.

No es noticia para nadie porque se propuso en el proceso electoral, y fue compartido por varios partidos, que se impulsa en esta ley la ejecución de un Plan de Riego encauzado a establecimientos productivos, que combinará inversiones públicas y privadas en infraestructura hídrica.

En la conversación pública, y esto me interesa destacarlo, algunos actores han instalado con mucha fuerza la consignación de un conjunto de tributos que parecería ser que afectan a todos los ciudadanos, y esto no solo no es cierto, sino que está alejado del direccionamiento de la política tributaria del Uruguay.

En el presupuesto se proponen medidas para corregir inconsistencias del sistema impositivo y adoptar estándares internacionales, incluyendo la incorporación de un Impuesto Mínimo Global para grandes multinacionales (más de 750 millones de dólares de facturación) y la equiparación del tratamiento tributario de ganancias de capital locales y del exterior.

Estas modificaciones impositivas se enmarcan en el principio de justicia tributaria, para que pague más el que tenga más, algo que hemos establecido con meridiana claridad históricamente.

Estas adecuaciones y ajustes se aplican al capital y no al trabajo, en el caso de las medidas que se destinan a las ganancias de capital en el exterior se aplica al capital especulativo o rentista, y no al productivo. Aquí se pretende corregir una injusticia en el tratamiento tributario, porque las ganancias de capital locales ya están gravadas, a diferencia de las que se obtienen en el exterior.

En síntesis, estamos convencidos de que si analizamos los últimos gobiernos podemos decir que el primer presupuesto de Tabaré fue el que saneó y reconstruyó la simiente del Uruguay después de la crisis del 2002, mientras que el de Mujica fue el que expandió y transformó el país, apoyado en el crecimiento económico y en las mejoras sociales alcanzadas en el período previo. El segundo gobierno de Vázquez consolidó lo realizado en los años anteriores. Finalmente, el gobierno de Lacalle capeó una crisis en clave nacional con relativo éxito en lo estrictamente sanitario, pero con deficiencias severas en materia social, ya que procesó un ajuste cuando la gente caía en la pobreza ante la advertencia e insistencia de la oposición y la academia.

Este gobierno, el de Yamandú Orsi, presenta al Parlamento una ley de presupuesto equilibrada, responsable y de alto impacto social. Tenemos confianza en este proyecto porque nos esperanza y nos motiva. Con la voluntad política de todos, escuchando y mejorándolo, comenzaremos a transformarles la vida a nuestros compatriotas.

(*) Diputado del Espacio 609, Convergencia Popular (Lista 46).