El pasado lunes 27, una delegación del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) que encabezó su titular, Gabriel Oddone, presentó oficialmente el proyecto de ley de presupuesto quinquenal ante la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda de la Cámara de Senadores, lo que marcó el ingreso en ese ámbito. Esta semana, la Comisión recibió al Ministerio de Salud Pública (MSP), al Ministerio de Defensa Nacional (MDN), a la Fiscalía General de la Nación (FGN), al Ministerio del Interior (MI) y al Congreso de Intendentes, entre otros. 

En diálogo con CRÓNICAS, el senador frenteamplista Eduardo Brenta, integrante de la Comisión, evaluó que sus correligionarios en la bancada parlamentaria de diputados realizaron “un excelente trabajo” ya que, a pesar de que “no tener la certeza de que las tres fuentes de ingreso fueran aprobadas” -en relación a las modificaciones impositivas- se logró con un “buen acuerdo” con el cuál están “extremadamente satisfechos” y, por tanto, “se generaron los mecanismos para lograr el financiamiento del resto de la propuesta presupuestal”. 

"Nos parece que fue un muy buen acuerdo que viabiliza el presupuesto y, además de un conjunto de reasignaciones en línea con los compromisos programáticos del Frente Amplio (FA), está la expectativa de quizá poder mejorar algunos aspectos”, aseveró. 

El acuerdo en cuestión refiere a la obtención de los votos de Cabildo Abierto, para lo cual el oficialismo admitió una mejora salarial para el personal subalterno de las FF. AA. y partidas para Sanidad Militar. Por otro lado, respecto a la llamada Ley Forestal y la ley que regula el endeudamiento, Brenta no confirmó que exista un compromiso como tal pero dijo que “son temas en los cuales perfectamente pueden haber coincidencias porque ya las hubo” y “comparten la preocupación por encontrar mecanismos que atiendan la situación de familias endeudadas permitiendo flexibilización o consolidación de deudas”. 

Respecto a cuál va a ser la agenda para el presupuesto en el Senado, Brenta advirtió que un “primer desafío” está representado por “la formulación de políticas y la asignación de recursos correspondientes” para “unos 80 millones de pesos aprobados en la Cámara de Diputados sin los votos de la bancada del FA en relación a políticas vinculadas a la discapacidad, preocupación que compartimos pero sabiendo que esos artículos no tienen financiamiento”, acotó. 

Por otro lado, en el eje de las posibles reasignaciones, Brenta identificó “algunas preocupaciones por mejoras a nivel de educación” que “son compartidas” pero “con un margen muy estrecho, dado que en la Cámara de Diputados se resignaron más de 800 millones de pesos y limita mucho las posibilidades de mejorar aún más esta propuesta en el Senado”, finalizó. Según informó el MPP en sus canales de comunicación, el presidente de la Comisión, Sebastián Sabini, agregó que el Senado va a “impulsar reasignaciones” hacia “la creación de juzgados y fiscalías de género y la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP)”.

Preocupación por el caso Cardama
Algo similar a la interrupción momentánea en la comparecencia de Lustemberg ocurrió con la ministra de Defensa, Sandra Lazo, ya que su visita involucró múltiples menciones a la situación vinculada al proceso de rescisión del contrato por la construcción de dos patrulleras oceánicas con el astillero español Cardama Shipyard y acusaciones de “censura”. 

Sobre el tema, Brenta opinó que “si bien advertimos en el periodo anterior respecto a situaciones que no veíamos con claridad en este proceso”, a partir del anuncio “de la inexistencia de la garantía” por parte del Poder Ejecutivo, “se han desatado una serie de situaciones en las que casi a diario aparecen nuevas informaciones que hacen más compleja una situación”. Al respecto, mencionó lo publicado por un medio nacional donde se hablaba de que la obra de las fragatas estaba avanzada en un 20% y el día anterior el expresidente Lacalle Pou había hablado del 60%. “Se ve que no fue informado adecuadamente”, sentenció Brenta. 

En su visión, las patrulleras son “imprescindibles” y “muy necesarias para Uruguay” en la custodia de su mar territorial, riquezas pesqueras y combate al narcotráfico, pero por otro lado está “la preocupación respecto a qué va a pasar con esta licitación que cada día se complejiza más y que puede significarle un daño importante al Estado uruguayo en materia económica”.