El intercambio comenzó con una pregunta disparadora: ¿Qué políticas deben priorizarse para reducir a la mitad la pobreza infantil? La motivación no es menor: entre los 0 y 6 años la incidencia supera el 30%, con impactos persistentes sobre capital humano, salud y productividad futura. La consigna de la actividad fue clara: pasar del diagnóstico a la ejecución.

Del diagnóstico a la acción: foco, escala y coordinación

Hubo consenso en que el tema está “sobrediagnosticado”. Uruguay cuenta con información suficiente para focalizar mejor, pero lo que falta es escala y coordinación. Balsa propuso encuadrar la estrategia en cinco familias de políticas que deben operar como un paquete integrado: transferencias monetarias y en especie; licencias parentales - educación y cuidados en primera infancia; acompañamiento integral a familias; mejora de habilidades y empleabilidad de madres y padres; y políticas macro que aceleren el crecimiento. El hilo conductor es combinar alivio inmediato del ingreso con inversiones en capacidades que corten la transmisión intergeneracional de la pobreza. No se trata de elegir una u otra, sino de articularlas en tiempo y forma.

Transferencias que mueven la aguja, bien diseñadas

Brum y De Rosa subrayaron que, si el objetivo es abatir rápidamente la pobreza infantil, las transferencias son condición necesaria. Su poder radica en la amplitud de cobertura y en la capacidad de incidir sobre múltiples dimensiones del bienestar infantil. Pero no basta con “más plata”: hace falta diseño fino. Deagosto insistió en simplificar y unificar el mosaico de programas, reducir fricciones administrativas (altas, recertificaciones y “saltos” que penalizan el progreso), asegurar oportunidad de los pagos y graduar las salidas para evitar trampas de pobreza. También pidió revisar condicionalidades que, con la mejor intención, terminan excluyendo a los más vulnerables. La conclusión operativa: transferencias suficientes, simples y oportunas, integradas con el resto de las políticas para que no se transformen en un “asistencialismo” estigmatizado, sino en un puente efectivo hacia la autonomía.

Cuidados y educación inicial: el doble dividendo

El bloque de cuidados y educación en primera infancia fue presentado como una inversión con doble retorno. Por un lado, libera horas para que adultos -en particular en hogares monomarentales- accedan a empleos mejores y más estables; por otro, mejora el desarrollo infantil y los resultados educativos futuros. Balsa propuso mirar estos programas con lentes de costo-efectividad: universalizar la red y extender la jornada a ocho horas no compite con las transferencias, sino que las potencia. La combinación transferencias + cuidados es la que permite que el alivio de ingresos se traduzca en más empleo formal y en mejores trayectorias educativas para los hijos.

Adolescencia, escuela y trabajo: cerrar la grieta de la deserción

Brum enfatizó la debilidad en educación media: con tasas de egreso aún insuficientes, demasiados adolescentes abandonan o permanecen desvinculados de aprendizajes significativos. Su propuesta pasa por aumentar la pertinencia de la oferta -más educación técnica, más trayectos flexibles y primeras experiencias laborales- para que permanecer en el sistema sea relevante y mejore el ingreso futuro. Sin calificaciones, la liberación de tiempo que proveen los cuidados no se convierte automáticamente en salario. La escuela, el centro educativo y la empresa deben construir puentes explícitos: pasantías, formación dual, mentors y seguimiento.

Vivienda y hábitat: la pieza que faltaba

El hacinamiento apareció como un condicionante transversal. Una política habitacional que reduzca la densidad crítica por hogar multiplica el impacto de las transferencias y de los cuidados, mejora el ambiente de aprendizaje. Incorporar vivienda al paquete de primera infancia no es accesorio, es el andamiaje que sostiene el resto.

Crecimiento, desigualdad y sostenibilidad social

De Rosa planteó que, si los ingresos familiares en la base crecen apenas al ritmo del promedio, la salida de la pobreza puede tomar demasiados años. De ahí que proponga acelerar el crecimiento y, en paralelo, redistribuir para que los hogares con niños pobres crezcan más rápido que la media. Este equilibrio, además, exige sostenibilidad política y social: sin consensos sobre prioridades y fuentes de financiamiento, la agenda pierde tracción.

Gobernanza, datos y rendición de cuentas

La mesa coincidió en tres condiciones de gestión. Primero, metas claras y mensurables (qué reducir, dónde y en qué plazos). Segundo, coordinación interinstitucional con tableros de seguimiento que eviten superposiciones y permitan ajustar en tiempo real. Tercero, una focalización basada en evidencia que use mejor los datos disponibles para llegar exactamente a quienes lo necesitan. A esto se suma una evaluación sistemática de impacto y una rendición de cuentas que legitime las decisiones ante la ciudadanía.

El rol del sector privado: aliado decisivo

La agenda propuesta no es solo estatal. El sector privado puede aportar escala y velocidad en tres frentes: formación pertinente, primer empleo y conciliación (horarios, licencias, servicios de cuidado). Para las empresas, el retorno es tangible: menor ausentismo y rotación, más productividad y un entorno social más estable. Para el país, significa capital humano mejor preparado y una reducción de inequidades que hoy pesan sobre el crecimiento.

Hoja de ruta: una estrategia integradora

De la discusión surge una secuencia razonable: simplificar y robustecer las transferencias para asegurar un piso de ingresos; ampliar y extender la jornada de cuidados y educación inicial priorizando hogares monomarentales; integrar una línea habitacional contra el hacinamiento en barrios críticos; reformatear la educación media con trayectos técnico-laborales y primeras experiencias de trabajo; y alinear la macro con metas de crecimiento y reducción de desigualdad, asegurando financiamiento estable. Todo ello bajo una gobernanza con metas, datos y evaluación. El resultado esperado no es una suma de iniciativas sueltas, sino un portafolio coherente que acelere resultados y evite cuellos de botella.

 La actividad se enmarcó en la XIX edición del Premio Academia Nacional de Economía 2025: Hacia un Uruguay sin pobreza infantil: propuestas de políticas para alcanzar una reducción inicial del 50%. Por más información: acadeco.com.uy

(*) Coordinadora Ejecutiva – Academia Nacional de Economía