En las últimas horas han trascendido versiones de prensa que indican que el Dr. Álvaro Danza dejaría sus trabajos en las mutualistas privadas, pretendiendo así “zanjar” el conflicto de intereses tras un informe desfavorable de la Jutep. Pero el problema no se resuelve con un gesto tardío ni con una renuncia parcial. Lo que está en juego aquí no es un contrato privado ni una cuestión administrativa: es el cumplimiento de la Constitución de la República, el pacto básico que sostiene nuestro Estado de derecho.

Queremos ser claros: Danza violó la Constitución durante seis meses, desde que asumió en abril. Y lo hizo con conocimiento de causa, desoyendo las advertencias públicas, los reclamos parlamentarios y las evidencias jurídicas que le fueron señaladas una y otra vez. Esto no se arregla renunciando a la actividad privada. La única respuesta posible es su renuncia a la presidencia de ASSE, porque violó la Constitución, porque actuó con soberbia y porque pretendió normalizar lo que es, a todas luces, una irregularidad grave.

“Si pasa, pasa” no corre cuando se trata de la Constitución.

La violación constitucional que cometió es de ejecución permanente: se ha mantenido día a día, desde su asunción hasta hoy. Por eso seguimos exigiendo su renuncia y pediremos a la ministra Lustemberg que lo cese en la interpelación. El tiempo de los matices se terminó.

El artículo 200 de la Constitución es meridianamente claro:

“Los miembros de los directorios de los entes autónomos o servicios descentralizados no podrán ejercer actividades que, directa o indirectamente, se relacionen con el organismo en el que cumplen funciones”.

No hay interpretación posible ni margen para el equívoco.

El Sistema Nacional Integrado de Salud es un entramado donde ASSE y las mutualistas privadas coexisten, se interrelacionan y compiten. Si el presidente de ASSE trabaja también en otros prestadores de salud, se genera una conjunción de intereses prohibida por la Constitución. En ese punto, no hay discusión política posible: hay una infracción constitucional.

Y lo más grave es que no se trata de un error administrativo o de un descuido, sino de una decisión sostenida en el tiempo. Por este solo hecho, Danza debería haber presentado su renuncia hace tiempo.

Pero más allá del plano jurídico, hay una cuestión de fondo que interpela a la ética pública. ¿Qué esperamos del presidente del principal prestador de salud del país? ¿Que sea un presidente part time? ¿Que divida su tiempo entre la gestión de un servicio público con cientos de miles de usuarios y sus consultas privadas?

ASSE es un gigante. Tiene presencia en cada rincón del país, miles de funcionarios y la responsabilidad de atender a quienes más necesitan del Estado. No puede ser administrada como un empleo más ni tratada como un “kiosco adicional”. Dirigir ASSE exige tiempo completo, compromiso total y una comprensión profunda de lo que implica el servicio público.

No está mal que un profesional quiera ganar dinero; es legítimo y honesto. Pero, como decía José Mujica, “quienes quieran hacer plata, que no hagan política”. La función pública no es un trampolín económico, es un compromiso con el país. Y cuando se asume una responsabilidad de Estado, se deben dejar de lado los intereses personales, los vínculos económicos y los beneficios privados.

La permanencia de Danza en el cargo compromete no solo su credibilidad, sino también la del gobierno.

Al sostenerlo, el Poder Ejecutivo asume una responsabilidad política directa, que lo asocia a esta irregularidad constitucional. Si un jerarca viola la Carta Magna y no se adoptan medidas, el mensaje que se transmite es devastador: que la Constitución se cumple solo cuando conviene.

Más aún, hay en el propio gabinete ejemplos que contrastan fuertemente con esta situación. La ministra Lustemberg, reconocida médica pediatra, renunció a ingresos mucho mayores para dedicarse íntegramente a la gestión pública. Esa coherencia ética, esa disposición a priorizar el servicio por sobre el interés personal, es lo que dignifica el ejercicio del gobierno.

La política necesita recuperar esa noción del honor público.

Necesita que el ejemplo vuelva a tener valor, que la palabra Constitución vuelva a significar límite y respeto, no un simple adorno jurídico. Porque cuando se vulnera la Constitución desde adentro del Estado, lo que se erosiona no es solo la legalidad, sino la confianza ciudadana.

El dilema es tan viejo como claro: o se sirve al Estado, o se sirve al bolsillo.

Las dos cosas a la vez, no.

Y cuando la duda se instala sobre cuál de las dos cosas motiva a un servidor público, ya no hay lugar para la ambigüedad.

Uruguay se ha distinguido históricamente por la integridad de sus instituciones y la austeridad de sus servidores públicos. No permitamos que ese legado se diluya.

Porque si normalizamos la violación constitucional, mañana nadie podrá reclamarle al poder que cumpla la ley.

(*) Diputado por el Partido Colorado.