Tal como informó CRÓNICAS, la semana pasada el Poder Ejecutivo reglamentó el paquete de medidas económicas que anunció en junio el ministro de Economía y Finanzas, Gabriel Oddone, para paliar la situación de diferencia cambiaria que viven los comerciantes próximos a pasos fronterizos. En este sentido, el decreto prevé que los beneficios se apliquen en Bella Unión, Artigas, Rivera, Aceguá, Río Branco y Chuy, y establece disposiciones que van desde la exoneración de aportes patronales para la contratación de trabajadores; la reducción del Impuesto al Valor Agregado (IVA) en determinados tipos de pago y un régimen especial para importar determinada mercadería en algunas empresas, según su tamaño. 

“Hace más o menos cuatro meses que estamos con este tema”, precisó Gustavo Laclau, presidente de la Asociación Comercial e Industrial de Rivera, en relación a que el Parlamento avaló el paquete normativo en agosto. En diálogo con CRÓNICAS, celebró que a partir del 1º de diciembre las medidas pasen a estar en funcionamiento: “La primera lectura que puedo hacer es sobre la importancia que tiene volver a trabajar en políticas de frontera; la última que tuvimos fue por el año 85 cuando se formaron los free shops”, declaró sobre el Decreto 222, que se aprobó durante el primer gobierno del colorado Julio María Sanguinetti.

Valoró que “nuevamente se busca intentar corregir de alguna forma esta situación” y “empezamos a tratar realmente políticas de frontera que nos interesan mucho”, aunque “no es la solución” definitiva. Reparó en que uno de los puntos ya se llevó adelante: el descuento al Imesi, impuesto que grava a los combustibles. “No solamente tenemos una fila en las estaciones, sino que han contratado gente para mejor atención y, por más que está un poquito más cara que en Brasil, tenemos inclusive clientes brasileños que vienen a comprar por el tema de la calidad superior”, aseguró al respecto.

Evacuar dudas y ajustar algunos puntos 

En lo vinculado al resto de las medidas, particularmente al régimen especial de adquisiciones y la reducción de impuestos, el entrevistado adelantó que el 26 de noviembre van a recibir a la Dirección General Impositiva (DGI), el Banco de Previsión Social (BPS) y la Dirección Nacional de Aduanas, “porque no tenemos claro qué productos afecta”. Si bien “sabemos que hay cierta lista con respecto a la microimportación que se puede hacer”, no está claro “cuáles son esos productos” y “son dudas que realmente necesitamos evacuar para llevar adelante todo esto”.

También existen medidas que se aplican de forma diferente según el tipo y tamaño de cada empresa. Laclau explicó que “en Rivera hay tres tipos de empresas bien diferenciadas: las grandes, que son forestación y free shop -y no tienen estas problemáticas-; las empresas medianas o familiares, y las pequeñísimas empresas, que es a quien apunta todo esto”. En palabras del directivo, desde la gremial continuarán trabajando en ese sentido con el objetivo de “lograr involucrar más cantidad de empresas, porque sus productos no entran dentro del decreto”. 

Otra duda está en el kilometraje. El ejecutivo dijo que lo que pretenden “es que se refiera no a un punto de frontera, sino a todas las fronteras, porque eso va a beneficiar a ciudades del interior del departamento”. “Por eso hay cosas para seguir hablando y trabajando. Reconozco que esta iniciativa es muy buena y espero que continúe para intentar mejorar la parte empresarial de todas las fronteras del Uruguay”, cerró.