En este contexto, el diputado del Partido Colorado, Felipe Schipani, reflexionó que el proyecto de ley “parte de una promesa incumplida” y “de muchas cosas que se plasmaron en el programa de gobierno o se dijeron en la campaña electoral”, pero no se ven reflejadas en el articulado. Recordó los dichos del subsecretario del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), Martín Vallcorba, que divulgó el semanario Búsqueda, y reiteró que “el programa de gobierno era imposible de cumplir porque era muy ambicioso”, lo que configuró “el preámbulo del tratamiento”.

El martes pasado, cuando dialogó con CRÓNICAS, Schipani estaba supliendo a su correligionario, el senador Robert Silva, en la comisión, y presenció la comparecencia de las autoridades de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP). “Se prometió el 6% del PIB, pero, sin embargo, no se llega ni cerca, ni siquiera se mantiene el presupuesto educativo. Hay un deterioro, un recorte en materia de educación”, concretó.

“También puedo hablar de seguridad, donde Orsi propuso 2.000 policías en la calle durante el debate y no hay un solo cargo (...). En materia impositiva se dijo que no se iba a poner impuestos y se ponen cuatro”, listó. En ese sentido, dijo que el Presupuesto es “engañoso” y adelantó que, así como su sector no lo votó en Diputados, “no lo vamos a votar en el Senado porque entendemos que sería mucho mejor para el país que siguiera rigiendo el Presupuesto del gobierno anterior”.

Reasignaciones para Fiscalía y la educación

En el plano de las reasignaciones, el miércoles la senadora frenteamplista Constanza Moreira anunció en rueda de prensa que se encuentran “haciendo algunas modificaciones normativas” y “reasignaciones en educación, Fiscalía General de la Nación y la Universidad de la República (Udelar)”, pero resta “determinar en conjunto con Universidad cuales son las prioridades” en un aumento “que será ajustado”.

En diálogo con este medio, Schipani comentó que “lo que se puede reasignar es muy poco”. “Por supuesto que hacen falta más recursos y fundamentalmente hace falta reorientar. En materia educativa no solo se está muy lejos de la promesa del 6%, sino que el crecimiento previsto para el país no acompaña la inversión en educación: el presupuesto educativo hoy está en el 4,8% del PIB y baja el 4,2%”, señaló.

El legislador también opinó sobre las interpelaciones previstas para la ministra de Defensa Nacional, Sandra Lazo, y el ministro de Educación y Cultura, José Carlos Mahía. La primera instancia se desencadenó por la decisión que tomó el Poder Ejecutivo para rescindir el contrato con el astillero español Cardama Shipyard por la construcción de dos patrulleras oceánicas; mientras que la cita con Mahía surgió tras la resolución de la Junta de Transparencia y Ética Pública bajo el paraguas de la situación laboral del presidente de ASSE, Álvaro Danza. Tras el episodio, Silva presentó un proyecto de ley que faculta a la Suprema Corte de Justicia (SCJ) a dirimir en casos de posible incompatibilidad.

“Va a ser una buena instancia para poner arriba de la mesa todo lo que ha ocurrido con Cardama. Como el gobierno de una posición inicial de rescindir un contrato, con el tiempo fue cambiando su postura… Lo que parece lógico, porque la reacción del gobierno fue más un golpe publicitario que realmente la intención de rescindir un contrato”, dijo respecto al conflicto entre el Estado y el astillero vigués.

Respecto al segundo punto, comentó que el proyecto parece “bastante razonable” porque la SCJ es “el juez de las inconstitucionalidades”, lo que configura “el ámbito más adecuado para interpretar la Constitución de la República y que no sea a través del ámbito político, como lamentablemente se ha convertido la Jutep”, afirmó.