La sociedad brasileña una vez más quedó dividida en dos bloques: uno que cuestiona el procedimiento y otro que está a favor de estas incursiones. Esa diferencia no es menor y muestra el corazón del dilema brasileño, donde la métrica de “éxito” oscila entre decomisos y neutralizaciones y la exigencia de legalidad, proporcionalidad y protección de la población civil.
Río vive hace décadas bajo una forma de gobernanza criminal fragmentada. El CV y grupos asociados disputan rutas, mercados y legitimidad local. En esos territorios el crimen organizado no solo vende drogas, regula el comercio, define quién entra y sale, arbitra conflictos y sustituye al Estado cuando aparece solo en clave represiva. Por eso, una operación de alta letalidad puede producir un impacto táctico (decomisos, capturas, caída de mando medios) sin alterar la matriz estratégica, la estructura se recompone rápido, los “soldados” son reemplazables y el control territorial tiende a reconfigurarse, no a desaparecer.
Las voces a favor sostienen que el Estado no podía tolerar “santuarios armados” con fusiles, cámaras, drones y explosivos y que la presión sostenida corta la expansión del CV hacia corredores metropolitanos. El propio gobierno de Río defendió la acción como cumplimiento de órdenes judiciales y respuesta a una amenaza de narcoterrorismo. En cuanto al decomiso masivo de fusiles, en un solo día se incautaron cifras equivalentes a meses enteros y se señala que se golpeó la capacidad real de fuego del CV.
Las voces críticas, en cambio, ven una política de exterminio que refuerza la lógica “criminal bueno es criminal muerto”, deteriora la confianza y multiplica el daño colateral: escuelas cerradas, transporte paralizado, barrios sitiados. Señalan, además, un problema estructural: Brasil investiga poco y mata mucho, si la inteligencia no desarma finanzas, redes logísticas y corrupción, el operativo termina castigando la periferia visible del negocio, no el núcleo.
El efecto social es ambivalente. A corto plazo hay un alivio en sectores que sufren la extorsión cotidiana y piden orden sin matices. Pero a mediano plazo, la repetición de megaoperativos letales normaliza la violencia como método, profundiza la fractura entre la favela y la ciudad formal y deja a una generación joven atrapada entre facciones y represión. La paz duradera no nace del control episódico, sino de la presencia estatal integral, investigación criminal, justicia rápida, políticas sociales y recuperación del territorio con servicios públicos.
En clave regional, lo ocurrido en Río de Janeiro importa más allá de Brasil. El CV es un actor transnacional en expansión, presiona fronteras, puertos y rutas de cocaína hacia el Atlántico Sur. Cuando ese tipo de facción es golpeado en su corazón urbano, puede reaccionar exportando violencia o desplazando criminales hacia países vecinos, buscando zonas de menor riesgo operativo y mayor rentabilidad. La geografía del delito es móvil, la presión en un punto empuja el globo hacia otro punto. Para el Cono Sur, esto implica alerta sobre fronteras permeables, logística portuaria y lavado de activos. Sin coordinación regional, cada golpe local puede terminar redistribuyendo el problema.
La lección de Alemão y Penha es dura, el Estado debe entrar, sí, pero no solo con fusiles. El poder criminal se construyó por décadas de ausencia, corrupción y desigualdad extrema, ninguna operación, por más grande y sangrienta, nunca será la solución por sí misma. Puede ser necesaria para restablecer la autoridad inmediata, pero será insuficiente si no se integra a una estrategia mayor. En Río de Janeiro se jugó una batalla, la guerra contra el crimen organizado regional se gana con inteligencia financiera, control de armas, cooperación internacional y presencia estatal todos los días. Sin eso, el ciclo se repite: otro operativo, más muertos, más fusiles incautados y otra generación naciendo bajo el mismo dominio.
(*) Consultor y analista senior en seguridad, crimen organizado y terrorismo. Director de The Guardian Group.