El director ejecutivo del Centro de Estudios de la Realidad Económica y Social (Ceres), Ignacio Munyo, abrió su exposición señalando que Uruguay atraviesa un punto de inflexión. A su juicio, el país ha mantenido una comodidad estructural que hoy resulta riesgosa en un entorno internacional más dinámico y competitivo. Revisar el funcionamiento del Estado y mejorar su capacidad de respuesta, sostuvo, es indispensable para que Uruguay no siga perdiendo ritmo frente a la región.
“El gobierno se encuentra dando vueltas hace tiempo sin poder salir” del laberinto, afirmó durante el evento titulado “Uruguay en un laberinto complaciente: ¿se puede salir?”, realizado el pasado miércoles en el Radisson. Allí, centró su análisis en tres áreas que considera críticas: regulación, seguridad y educación.
Regulación: el peso de las normas “por las dudas”
Munyo describió un sistema regulatorio que genera sobrecostos y frena inversiones. Explicó que, tras una amplia consulta, “58% de las normas que la gente reporta son por las dudas”, creadas para evitar riesgos, pero que “generan procesos innecesariamente complejos”.
También identificó normas impulsadas por intereses sectoriales. Uno de los ejemplos que utilizó fue el timbre profesional obligatorio al inscribir un nacimiento: “Es una transferencia social desde hogares humildes a profesionales”. Señaló además que modificar privilegios como los de los despachantes es extremadamente difícil: “No hubo forma de avanzar y sigue siendo obligatorio”, dijo sobre un artículo que cayó en la discusión presupuestal.
Al comparar con Argentina, subrayó que ese país modificó más de 400 normas. “437 normas se cambiaron asociadas a la desregulación”, recordó, y afirmó que los impactos positivos fueron inmediatos.
Al abordar la temática sobre seguridad, el director ejecutivo fue contundente e hizo énfasis en que “Uruguay está asediado por el crimen organizado”. Aseguró que hoy operan mafias internacionales, cárteles y redes vinculadas al narcotráfico, apoyadas por empresas locales. Advirtió sobre la crisis del sistema carcelario, que funciona como “un centro de operaciones y de reclutamiento para la industria de la droga”.
Expuso que el país tiene una de las tasas de encarcelamiento más altas del mundo y que “uno de cada dos presos está detenido en condiciones crueles e inhumanas”. Además, destacó que la mayoría recupera la libertad sin apoyo: “30 personas por día salen de la cárcel y solo tres tienen apoyo”.
Ceres propone reducir la población penitenciaria a niveles comparables con la región y avanzar hacia un sistema mixto; “la gestión privada de las cárceles es central”, sostuvo.
El tercer pilar fue la educación, sobre la cual afirmó que “la escalera de salida está rota”. Según Ceres, el 62% de los jóvenes de 15 años "no logran los mínimos resultados" para una capacidad de contribución en el mercado de trabajo, y la brecha socioeconómica es de las más problemáticas del mundo.
El 75% de los estudiantes de educación media abandona porque "no tiene interés en los contenidos que se le dan o porque comienza a trabajar". La solución de Ceres es la formación dual, que busca "articular el aprendizaje en dos espacios complementarios –el centro educativo y la empresa– que comparten la responsabilidad educativa".
“Tenemos las puertas abiertas”
En diálogo con CRÓNICAS, el economista explicó que Uruguay tiene hoy “dos puertas muy importantes abiertas”, en referencia al Acuerdo Transpacífico y al posible ingreso a la OCDE. Consideró que el país ya no puede negociar condiciones y debe “adaptarse a lo que el acuerdo establece”. Recordó que la OCDE “no obliga, sugiere”, pero que Uruguay nunca dio el paso de pedir ser miembro pleno, a pesar de que “tenemos las puertas abiertas”. A su entender, ese acompañamiento externo ayudaría a impulsar reformas que “por nuestra cuenta” no logran avanzar.