-La inflación en octubre se situó en el 4,3%, debajo de la meta fijada por el Banco Central del Uruguay (BCU) del 4,5%. Pensando en el largo plazo y suponiendo que las rondas de negociación salarial, en su mayoría, cerrarán bajo los parámetros de las pautas establecidas por el Ejecutivo, ¿es de esperar que se revise la meta fijada por el ente?

-Es posible, pero hay varios aspectos a tener en cuenta. Primero, los resultados en materia de inflación probablemente haya sido uno de los puntos altos de este 2025 en materia económica. Buena parte de eso por la gestión anterior, porque Diego Labat fue el primero en hacer hincapié en que Uruguay debía bajar su inflación. Ese énfasis en el objetivo inflacionario y en los instrumentos es también algo característico de Guillermo Tolosa, y quizás lo distinto es que el contexto de 2025 a nivel global fue muy diferente y, en este caso, muy favorable. Con el dólar yéndose de $44 a $40, e incluso con perspectivas de que esto no se revierta en el corto plazo, hay cierta ganancia en materia de prever que, si el dólar va a seguir débil, la inflación siga contenida. Al mismo tiempo, está la ventaja de que, cuando asumió este gobierno, con la inflación algo por debajo del 6% estaba el desafío en materia de credibilidad, sobre todo de cara a la ronda de negociación salarial, de apuntar a una inflación del 4,5% y alcanzarlo. En junio estaba en el 4,5% y, según las proyecciones, va a estar en ese margen por lo menos hasta mediados de 2026. Eso es un primer punto a tener en cuenta, y el relativo éxito de las negociaciones salariales, en parte, se debe a eso.

-¿Cómo puede impactar la reducción de un punto porcentual de la inflación, por ejemplo, en las negociaciones salariales de 2027, si se contempla el impacto que eso puede tener en la recaudación?

-El escenario fiscal actual no tiene margen para que el proceso de desinflación sea en forma desordenada y para que la política monetaria sea inconsistente con la política fiscal y de ingresos. Si los salarios aumentan al 6% y la meta de inflación baja al 3%, va a haber un problema en el mercado laboral, porque si la productividad no aumenta un 3%, en el fondo va a existir un problema. Para hacer eso de forma ordenada, me imagino que en la próxima ronda de negociación salarial, en junio de 2027, el gobierno va a tener que llegar en un contexto donde el eventual objetivo de inflación ya debería estar anunciado. Ahora, haciéndolo antes de las rondas salariales, se soluciona parte del asunto, pero después está el tema vinculado a lo fiscal, donde también hay parte del problema que no es evitable, que son las pasividades que se indexan en base al Índice Medio de Salarios del año anterior. Siempre que se baje la inflación habrá un costo. Un punto porcentual menos de inflación equivale al 0,1% del Producto Interno Bruto (PIB). Si en determinado año se baja la inflación un punto en comparación con el año anterior, el impacto fiscal será del 0,1%. Hay otras partes del gasto que, si bien son rígidas, son más maleables, como el gasto en remuneraciones o los ajustes salariales del sector público que pueden ajustarse en enero, en base a una nueva meta de inflación que se haya definido en diciembre del año anterior, específicamente en diciembre de 2026.

-¿Qué señal dan las pautas salariales presentadas por este gobierno, teniendo en cuenta los aspectos que menciona? ¿Faltó un reconocimiento de las heterogeneidades y diferenciales según el tamaño de las empresas o la locación?

-La respuesta rápida es que sí. Uno de los principales problemas que tiene la negociación colectiva es la falta de un vínculo directo con la productividad y que los temas que se discuten son si determinado aspecto se ajusta a la ley y convenciones de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Lo que se ve, es que el mercado laboral está segmentado, donde hay empresas diferentes, en regiones diferentes y que contratan una diversidad de trabajadores, donde la negociación colectiva distingue por rama y subrama, pero los lineamientos son únicos. Cuando se observa la heterogeneidad o no de los acuerdos, lo que se ve es que más o menos todos son muy similares. En general, lo que se ve es que termina siendo un ajuste mínimo para todas las empresas y categorías de trabajadores. La realidad es que hay regiones que tienen menores niveles de productividad, hay empresas o sectores más productivos y el funcionamiento de la negociación colectiva no permite contabilizar ese tipo de efectos, lo que se ve en los niveles de informalidad. En Artigas, el 50% de los trabajadores son informales, por ejemplo. Es cierto que los lineamientos insinuaban y alentaban a las partes a considerar este tipo de aspectos, pero obviamente en forma muy poco vinculante. Mi impresión es que el objetivo del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) fue avanzar en la desindexación, en donde considero que ha habido avances. En la medida en que las cosas funcionen y la inflación esté donde el BCU dice que va a estar, la próxima negociación colectiva debería estar más orientada a la productividad y pensando en cómo atender las heterogeneidades.

-¿Considera que fue un desindexación mucho más implícita de la que apuntaba Gabriel Oddone y a la que su fuerza política se opuso?

-Probablemente. Es verdad que cuando se habla de desindexación, se dice que estrictamente no hay ningún tipo de vínculo entre la evolución de los salarios y la inflación, pero era muy poco probable que las pautas salariales no tuvieran ningún tipo de correctivo por inflación, sobre todo porque en el momento donde se diseñaron, la inflación estaba en el 6% y hace un año y medio que se ubica en los niveles que el BCU quiere. De igual forma, no lo veo como algo binario, donde hay desindexación o no, pero en todo caso, el primer paso era bajar los niveles de indexación y creo que ahí el gobierno tuvo éxito.

-¿Identifica que existe una mirada distinta entre el MEF y otros ministerios a la hora de hablar de determinadas políticas e iniciativas?

-Si, claramente la visión más allá del MEF, y eso siempre ocurrió así, es que la opinión de parte del arco político del Frente Amplio (FA) no es la misma que la opinión de la otra parte del partido, y esa tensión entre el uso de las herramientas y en qué medida se utilizan las herramientas de la política económica siempre ha estado sobre la mesa, como también lo estuvo en el gobierno anterior. Esto es una limitante para cualquier gobierno, incluso dejando de lado al MEF, que debe arbitrar esas diferencias. Si se analiza la composición a la interna del partido de gobierno, es más homogéneo hoy de lo que era antes. Partimos de la base de un gobierno que tiene una mayoría a la interna con el MPP, que es bastante más significativa de lo que era en el pasado. También es cierto que hay diferencias en la forma de encarar los problemas en el gobierno, que seguirán existiendo en lo que resta del período. Es una condicionante que cualquier coalición tiene.