En noviembre, la central sindical realizó su presentación formal en el Paraninfo de la Universidad de la República: el documento plantea alcanzar el patrimonio de unas 25.000 personas con distintos criterios de progresividad a partir de un millón de dólares como mínimo no imponible. “Definido en un millón de dólares, la progresividad viene dada por la definición de los tramos de patrimonio y las tasas (alícuotas) aplicadas”, explicó el escrito y precisó que van de 0,1% a 1,5% en función de la riqueza. No hay impuesto por debajo del millón.
Lo recaudado irá a un fondo “cuyas características serán definidas a partir de una propuesta del Consejo Nacional de Políticas Sociales, en consulta con el Consejo Nacional Consultivo Honorario de los Derechos de la Niñez y la Adolescencia”, según el documento que compartió la institución. También aclaró que “no debe ser entendido como una propuesta cerrada, sino como un punto de partida” y que se pensó como una medida que “no implique un incremento en la presión impositiva” ni recaiga sobre “los activos afectados a las actividades productivas”.
“Consideramos que esta propuesta constituye una acción que, a mediano plazo, debería enmarcarse en una reforma más general orientada a dotar de mayor progresividad al conjunto del sistema tributario uruguayo”, enmarcó el PIT-CNT. El subsecretario del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), Martín Vallcorba, dijo a Canal 5 que “puede afectar el clima de negocios” y que “la capacidad recaudatoria es limitada porque los grandes patrimonios que existen en Uruguay no son esencialmente de uruguayos”.
Sobre las críticas a la propuesta, el contador Marcos Soto dijo a CRÓNICAS que “la evidencia internacional puede ser mixta”: Así como “hay países en los que cuando se colocaron este tipo de impuestos no ocurrió nada y no se desalentó ni la inversión ni todo lo demás”, también aparecen otras geografías que “están yendo para atrás y están retirando este tipo de impuestos porque lo ven como distorsivo”. “Plantear de antemano cuáles van a ser las consecuencias sobre determinadas decisiones económicas es muy apresurado”, aseveró en primera instancia.
Al margen de lo anterior, el experto acotó que “hablamos de tasas muy bajas” y es difícil que “se interprete como demasiado distorsivo”; además de que el IPPF es un impuesto “que no es nuevo para Uruguay” porque ya existe y se fue reduciendo a lo largo del tiempo, con “mayor énfasis” en gobiernos frenteamplistas por considerarlo como “un impuesto de control al Impuesto a la Renta de las Personas Físicas (IRPF)”.
“Cuando uno proyecta o analiza hipotéticamente qué puede ocurrir, tiene que en algún modo fundamentarlo (...) Cuando uno recurre a eso, con una lógica muy académica, llega a la conclusión de que tampoco hay una evidencia tan clara de que vaya a suceder eso que se está planteando”, afirmó. “Decir que esto va a espantar y que va a distorsionar decisiones de los agentes me parece un poco apresurado”, cerró en la misma línea.
Algunas advertencias
El decano de UCU Business School también realizó algunas advertencias tanto en general como respecto a la propuesta. Por un lado, dijo que lo que no puede ocurrir es que “haya un impuesto que sea de tipo confiscatorio” y “de tasas que de algún modo operen efectivamente como una confiscación de un patrimonio o una confiscación de una renta”, algo que contrasta con un planteo de “tasas extremadamente moderadas”.
También problematizó “la capacidad que tenga el fisco de controlar esto”, dado que cuenta con “un abanico demasiado grande de fiscalización y de contralor”, por lo que puede complejizar la tarea. Finalmente, apuntó como menester que “siempre que hay una modificación tributaria, lo que hay que cuidar es que esa modificación no borre con el codo lo que se ha escrito antes con la mano” y “que no se borre algún tipo de condición que el país ofreció en el pasado, porque si no, es como un cambio en las reglas del juego”.