El primer movimiento llegó en febrero, con la modificación del régimen sancionatorio vinculado a las autorizaciones ambientales, que no solo actualizó el esquema, sino que endureció las sanciones aplicables. En agosto, el Ministerio de Ambiente incorporó una obligación clave: la implementación de sistemas de telemedición para el uso de aguas superficiales y subterráneas, apostando a una gestión basada en información en tiempo real.

Setiembre sumó la reglamentación de la Ley de Donación de Alimentos, aprobada en 2023, un paso relevante para reducir desperdicios y facilitar que alimentos aptos lleguen a quienes los necesitan. Pero el impulso regulatorio no se detuvo ahí. En octubre se aprobaron cinco decretos sobre temas diversos e igual de relevantes: residuos de construcción (ROC), residuos de baterías, humedales, drenajes urbanos y calidad de aguas, configurando un paquete de reformas que impacta en múltiples sectores.

A esto se agrega la puesta en marcha del reglamento de Residuos de Aparatos Eléctrico-Electrónicos (RAEE), aprobado en 2024, con la creación de los registros de importadores y fabricantes, y de reparadores. Un punto decisivo entró a regir el 18 de noviembre: solo podrán importar aparatos eléctrico-electrónicos los operadores que estén registrados, lo que obliga a una adecuación inmediata.

Con tantos cambios en pocos meses, la pregunta parece inevitable: ¿vendrá algo más antes de que cierre el año? Lo cierto es que la agenda regulatoria ambiental avanzó con una velocidad inusual durante este 2025 y con efectos concretos sobre la gestión empresarial.

(*) Presidenta de Deres y consejera de Ferrere Abogados (líder del Departamento de Derecho Ambiental).