En primer lugar, agradezco al medio por ofrecer un espacio dedicado a la reflexión sobre temas de administración de justicia y al intercambio de ideas, tanto en situaciones de consenso como de disidencia. 

Es fundamental compartir perspectivas, independientemente de que exista unanimidad en las opiniones.

A partir de este cúmulo de artículos, surge de quien suscribe una conclusión más o menos clara sobre la justicia y su rol en un Estado democrático de derecho. 

La justicia es, entre otras cosas, el eje que sostiene la legitimidad democrática, no solo porque castiga (pensando en el derecho penal), sino porque protege, repara, equilibra y humaniza.

En un sistema democrático, la justicia garantiza que las víctimas no queden abandonadas, especialmente las más vulnerables. Controla al propio Estado, evitando abusos y obligándolo a actuar con debida diligencia.

La justicia corrige desigualdades estructurales (o debería hacerlo), como las que afectan principalmente a mujeres, niñas, niños y adolescentes.

La justicia humaniza el sistema penitenciario (o debería hacerlo), recordando que la dignidad humana es inviolable incluso tras una condena penal.

Pero la justicia fundamentalmente preserva la paz social, porque sin reparación ni rehabilitación no hay seguridad sostenible, por esa razón exige racionalidad técnica, más allá de discursos políticos ocasionales o soluciones punitivas improvisadas y exponenciales, por lo menos desde que se recobró la democracia a la fecha. 

En un repaso rápido, en los artículos para Crónicas, entre otras cosas, cuestionamos la idea de que más represión penal (penas más duras, más encarcelamiento) sea la solución automática para problemas sociales como violencia de género, delito sexual o seguridad pública. Sostuvimos que esos fenómenos requieren políticas públicas amplias e interdisciplinarias, no solo castigos.

Más recientemente, y en el mismo sentido, criticamos el sistema político uruguayo por “legislar al grito”, formulando leyes y reformas penales de forma reactiva, sin un plan estructurado de política criminal. Planteamos que una política eficaz debe definir claramente sus objetivos, priorizar prevención, justicia restaurativa y reparación del daño, y no depender únicamente de la represalia.

También alertamos sobre los riesgos de reformas legislativas apresuradas, específicamente en un artículo sobre “tenencia compartida responsable” y corresponsabilidad en la crianza, advertimos que podría en la práctica perjudicar la protección de niños, niñas y adolescentes en contextos de violencia familiar, señalando que no basta con buenas intenciones legislativas, hay que evaluar cada caso concreto. 

En otra columna abordamos la tensión creciente entre libertad de expresión, filtraciones, fueros y derechos personales como el honor y la intimidad. Señalamos que, aunque en teoría estos derechos son universalmente reconocidos, en la práctica su protección es cada vez más incierta en el contexto social y mediático actual, lo que pone en tensión valores fundamentales del sistema democrático.

En otro artículo reflexionamos sobre la reciente aceptación por parte del Estado uruguayo de su responsabilidad en graves crímenes durante la dictadura -asesinatos y desapariciones forzadas- en cumplimiento de una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Subrayamos que en un Estado democrático y de derecho, las sentencias -incluso internacionales- deben respetarse, y que esto refuerza la legitimidad del Estado ante sus ciudadanos.

En estos temas señalamos reiteradamente que la mera existencia de leyes no resulta suficiente para alcanzar soluciones eficaces; es fundamental asegurar el funcionamiento adecuado de las instituciones, la presencia activa del Estado, recursos económicos adecuados y un compromiso genuino con los derechos humanos y con las entidades responsables de su protección.

En este sentido, uno de los artículos es lisa y llanamente un llamado a reconocer que la violencia de género no es solo un problema penal, sino que es un problema de derechos humanos cuya solución requiere voluntad estatal, inversión y enfoque integral.

Otro es una reflexión crítica sobre cómo la discusión política invisibiliza avances sustanciales en reparación y derechos de las víctimas, y sobre la necesidad de una política criminal que supere la lógica punitiva. En ese sentido, hablamos de las víctimas y sus derechos fundamentales, tratando megacausas como la Operación Océano, el caso del Cordón y el caso de Lola Chomnalez, entre otros. 

También hablamos del sistema penitenciario, rechazamos la idea de que más presos es equivalente a más seguridad y que, por el contrario, sin rehabilitación ni alternativas a la prisión, la seguridad empeora. En esa oportunidad señalamos que el sistema penitenciario está en “tiempo de reforma”, pero debe basarse en soluciones no punitivas, alternativas penales y programas serios de reinserción.

En definitiva, todos los artículos escritos en este espacio y más allá de la temática, que sin dudas ha variado a lo largo de estos años, existe una idea transversal. La democracia no se mide solo en votos y participación popular, también se mide en cómo trata a sus víctimas, a sus mujeres, a sus niñas y niños, a sus personas privadas de libertad y, en definitiva, a todos quienes dependen del sistema para vivir sin miedo de ejercer sus derechos y conservar su dignidad.

Ojalá estas ideas —presentes en cada uno de estos artículos— sean en definitiva una contribución a la discusión pública uruguaya sobre justicia, derechos humanos y seguridad.

(*) Doctor en Derecho y Ciencias Sociales (Udelar). Maestrando en Ciencias Criminológico-Forenses (UDE). Profesor de Derecho Procesal y coordinador del Diplomado en Derecho Procesal Penal y Litigación Oral en la Facultad de Ciencias Jurídicas de la UDE. Profesor Grado III de Práctica Profesional II y III en la Facultad de Derecho de la Udelar. Encargado del Consultorio Jurídico Descentralizado en materia Penal, especializado en asistencia a las víctimas y familiares de las víctimas del delito, Convenio Udelar-Asfavide-Ministerio del Interior. Consultor para el PNUD. Consultor para Unicef. Integrante del Comité Técnico del Gabinete Coordinador de Políticas destinadas a las víctimas y testigos del delito (Decreto Presidencial 46/2018).