El diputado del Partido Colorado, Gabriel Gurméndez, presentó a fines de mayo un proyecto de ley para buscar “la transparencia” de las cuotas sindicales y también cursó un pedido de informes “para reforzar el punto y que se comprendiera la magnitud de los montos que se manejan por parte de las organizaciones sindicales”.

En primera instancia, respecto al pedido de informes, dijo a CRÓNICAS que “quería tener una aproximación a la cifra de fondos que manejan las organizaciones sindicales, justamente en refuerzo a la argumentación del proyecto de ley”. En ese sentido, y dado que no puede obtener la información desde los grandes sindicatos que conforman el sector privado, cursó la petición “a aquellas organizaciones, ministerios, empresas públicas y servicios descentralizados que representan aproximadamente el 80% de la cantidad de funcionarios públicos”.

El parlamentario solicitó conocer “cuál era el monto que estaban aportando mensualmente, cuántos afiliados representaban en cada organización y si esos fondos eran vertidos a cuentas de personas jurídicas o de personas físicas”, aunque la solicitud “no tuvo respuesta de algunas entidades” como el Ministerio del Interior -un “empleador muy fuerte”-, mientras que el Banco de Seguros del Estado (BSE) y el Banco República (BROU) “se ampararon indebidamente a un tema de acceso a datos personales que no corresponde”.

De lo anterior surgió que hay “US$ 1 millón por mes en manejo de la cuota sindical” y, si uno “proyecta eso anualmente en función de la cantidad de funcionarios de otras entidades que no contestaron”, la cifra asciende y se consolida “aproximadamente en un cálculo de unos US$ 20 millones anuales que manejarían las organizaciones sindicales públicas”. Por otro lado, surgió que efectivamente los sindicatos “les habían pedido a los organismos que volcaran los dineros en algunas cuentas que estaban a nombre de personas físicas”.

Sin avances

El proyecto de ley que Gurméndez presentó en mayo de este año pretende garantizar “la transparencia en el manejo de los fondos de las organizaciones sindicales, aportados con la retención de las cuotas de los salarios de sus trabajadores” y busca procurar una “mayor facilidad y libertad para que los trabajadores puedan disponer su consentimiento para dichas retenciones”, según publicó el legislador vía X en su momento. Tiene cinco artículos y plantea, entre otros, que los sindicalizados manifiesten y renueven en forma anual su consentimiento a la retención; que los sindicatos comuniquen a sus afiliados en forma anual el monto percibido, así como su destino, y establece la prohibición de emplear los fondos con fines político-partidarios.

“Desde que presenté mi proyecto de ley, hace algunos meses, ahora han surgido una cantidad de situaciones y algunos escándalos vinculados a manejos de fondos que tienen origen en aportes de trabajadores sindicales. En algunos de ellos precisamente la cuestión central fue el manejo de las cuentas y el manejo de fondos sindicales desde cuentas personales”, indicó.

En relación a la disposición de otros partidos sobre la iniciativa, apuntó que el oficialismo aún no se expresó y agregó: “Lamentablemente en la Comisión de Trabajo no ha habido grandes avances de ningún proyecto de ley hasta el momento. En este primer año casi de trabajo legislativo no ha habido grandes proyectos”, acotó. 

Distinta fue la reacción desde el ala sindical. Marcelo Abdala, presidente del PIT-CNT, dijo que era un “desastre” y Gurméndez replicó que “el desastre precisamente quedó demostrado cuando hubo situaciones tan lamentables como la que terminó con la expulsión de un dirigente histórico de la Federación Uruguaya de la Salud (FUS) por parte del sindicato, precisamente, por haber hecho una auditoría de los estados contables, que es lo que yo pretendo que sea obligatorio”.