-El nombre Jorge Díaz ha sido objetivo de diferentes acusaciones y referencias por parte de la oposición. Básicamente, han advertido su posible injerencia o toma de decisiones en aspectos claves de este gobierno. ¿Qué opina al respecto?

-Soy prosecretario de la Presidencia de la República, evidentemente tengo un montón de tareas que el presidente me encomienda. Yo no tengo tareas legalmente asignadas, salvo la participación en el Consejo de Ministros y es el presidente quien delega en mí y en Alejandro Sánchez las diferentes tareas. Obviamente que, en las áreas que Yamandú Orsi me asigna, tengo incidencia, como no puede ser de otra manera. Ahora, creo que usted apunta a esa especie de leyenda que desde algunos sectores de la oposición se ha tejido desde hace un tiempo, que busca generar un discurso falso que termina penetrando en algunos sectores de la sociedad, de que el presidente Orsi no gobierna y no tiene personalidad, y que los que gobiernan son los que están a su lado. Y eso es agraviante, en primer lugar, y también es falso. Yo puedo decir 10 veces que eso no es así, pero, por lo visto, está la idea de esos sectores de que ese relato penetre y se asiente. 

-Básicamente, es una estrategia política a su entender, que dista de la realidad.

-Creo que es una estrategia para generar un relato. Todos sabemos que la política, en última instancia, termina siendo un duelo de relatos y la oposición se ha parado siempre en ese lugar. Quien toma las decisiones y quien tiene la última palabra siempre es el presidente. Nosotros podemos sugerir o aconsejar, tomando decisiones en lo que se nos delega, pero en última instancia es Orsi quien decide. Por ejemplo, en la interpelación a la ministra Sandra Lazo se refirió a mí como el Rasputín de este gobierno, también se habló del monje negro o del mago del Kremlin. Hay una creatividad de parte de algunos dirigentes políticos, incluso con afirmaciones contradictorias.

-El gobierno anunció a mediados de octubre la decisión de rescindir el contrato con el astillero Cardama a raíz de detectar indicios de fraude. ¿Por qué se comunicó esa decisión mediante una conferencia de prensa, donde estuvo presente usted, el secretario de Presidencia y el presidente, sin antes consultar a las autoridades del gobierno anterior y al propio astillero sobre la situación que habían detectado?

-Esto no fue algo que buscamos. Simplemente, en el proceso de ejecución de un contrato nos encontramos con una garantía de fiel cumplimiento que era falsa. Cuando nos enteramos de esa situación, notamos que se había cometido un fraude, porque esa garantía y la garantía financiera eran requisitos fundamentales para que el contrato entrara en vigor. Se engañó al Estado uruguayo con la presentación de una garantía falsa, constituyendo lo que entendemos como fraude. Si hubiésemos seguido el camino de llamar al señor Cardama para que renovara la garantía, hoy seguiríamos con una garantía falsa sin saberlo. Y la prueba de esto es que, 15 minutos antes de la conferencia de prensa, el señor Cardama mandó un correo a Defensa diciendo que había renovado la garantía, pero que se había olvidado de renovarla. Y nos mandó la misma garantía falsa. Por otro lado, no entiendo por qué tendríamos que hablar con el anterior gobierno. Si, en definitiva, fue una decisión que tomó este gobierno. Hay una especie de celo del anterior gobierno de defender a ultranza a una empresa privada. Yo escucho a los senadores Javier García y Andrés Ojeda y parecen defensores de Cardama. ¿A quién defendemos, al Estado o a una empresa privada?

-El no contacto previo con las anteriores autoridades da lugar a acusaciones, como ya han existido de parte de actores de la oposición, que apuntan a que el actual gobierno, con el caso Cardama, le pasó una factura a la anterior administración.

-Puede que estemos cobrando una cuota política, en el sentido de que nosotros siempre dijimos que ese contrato estaba mal y que esa empresa no era la correcta. Si se quiere decir en ese sentido, fantástico, lo acepto. Igual, habláramos o no, eso no cambiaba. La otra acepción de la cuota política es que nosotros estemos pensando que hay funcionarios del anterior gobierno que están incluidos en ese fraude. Yo no tengo pruebas de eso y no voy a afirmar que funcionarios del anterior gobierno estuvieron involucrados. Pero sí sé que se le dieron 11 meses a una garantía que se debía constituir en 45 días, cuando el argumento para darle esto a Cardama era que estos barcos se iban a construir en ocho meses. Yo no estoy acusando a nadie, pero hay una desprolijidad muy grande, que no estoy diciendo que sea delito.

-¿A qué cree que responden esas desprolijidades que menciona?

-Yo no quiero calificar. Lo que estoy diciendo son datos. Pero, cuando uno los expone, entiendo que el anterior gobierno pueda sentirse criticado. Y claramente los estamos criticando. A mí me preocupa que veo a legisladores de la oposición defender más a Cardama que al Estado. Yo estaría más preocupado por los US$ 30 millones que se entregaron y que no sabemos si vamos a recuperar.

-Pese al margen de maniobra acotado que impuso el escenario fiscal y las reasignaciones que se votaron en el Parlamento en la discusión presupuestal, ¿por qué no se destinó mayor presupuesto a la Fiscalía en un principio?

-Se le asignó el presupuesto que se entendió que correspondía, en el escenario de restricciones fiscales que tenemos. De hecho, el Parlamento lo mejoró sustancialmente. Hay que trabajar mucho. Considero que el presupuesto de Fiscalía debe mejorar, pero también debe mejorar la ejecución.

-¿En qué sentido?

-En varios sentidos, que tienen que ver con un conjunto de aspectos de la gestión que evidentemente se pueden mejorar. Y es cierto que todavía queda mucho por trabajar en el relacionamiento entre la Fiscalía y la policía, además del trabajo en conjunto con organismos de investigación. 

-Usted afirmó que la actual fiscal de Corte subrogante Mónica Ferrero es un nombre que no genera consensos a la hora de definir quién debe liderar de forma definitiva la Fiscalía. Yamandú Orsi dijo semanas atrás, en el ciclo de desayunos de Búsqueda, que Ferrero era la persona adecuada para estar al frente del organismo durante los próximos años. ¿Por qué existen estas disonancias?

-Más que un consenso en el gobierno, lo que no hay es un acuerdo en el sistema político. Quien propone es el Poder Ejecutivo, pero lo que hemos escuchado hasta ahora es una especie de defensa muy llamativa, de parte del Partido Nacional, sobre todo, de que es Ferrero o nadie. Quien es mano en esto es el Ejecutivo, y el Ejecutivo no ha propuesto a Ferrero.

-Pero ¿hay consenso a la interna del Ejecutivo? Sus declaraciones y la de Orsi parecen contradictorias.

-Dentro del Ejecutivo sí hay consenso. El tema es lograr el consenso con la oposición. A nosotros nos faltan dos votos y tenemos que conseguirlos. Mientras no los consigamos, estamos en esta situación.

-Juan Castillo propuso un anteproyecto de ley para obligar a las empresas a avisar al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) antes de realizar despidos masivos. Se trató de una propuesta que fue muy criticada por economistas y parece ser algo que no sería del agrado de Gabriel Oddone. ¿Usted qué opina de esta propuesta?

-Castillo anunció que el MTSS estaba discutiendo la reglamentación de un convenio de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y, en el marco de ese análisis, habló de este tema. Este tema nunca fue planteado en el Consejo de Ministros. Como todo tema que pueda nacer de un ministerio, el ministro y todo su equipo tienen todo el derecho a discutirlo y a tener una iniciativa, pero eso no quiere decir que sea una iniciativa del gobierno. El MTSS podrá discutir lo que entienda pertinente, pero recién cuando se discuta en el Consejo de Ministros y el presidente dé su aval, podemos hablar de una iniciativa del gobierno. Hoy no hay ninguna iniciativa del gobierno en este sentido. Yo, por lo pronto, vengo de una cultura donde las discrepancias y los planteos los hago dentro del partido, al presidente o en el Consejo de Ministros. Como el tema no se ha planteado en ese escenario, no voy a dar una opinión. Si mañana el tema llega al Consejo, voy a dar mi opinión. Por ahora, no hay iniciativa.