El presidente de la República, Yamandú Orsi, reunido con su gabinete de ministros, reafirmó la adhesión a los principios que históricamente han defendido los gobiernos de la República Oriental del Uruguay.

Estos compendios están contenidos en la actuación de nuestro país en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en ocasión de la invasión de Estados Unidos a República Dominicana en 1965: no intervención, solución pacífica de controversias e igualdad soberana de las naciones.

Esta posición se enmarca en la larga tradición de Uruguay en la defensa de la democracia y el derecho internacional y no abdicará en la consecución de los mismos.

Conjuntamente con los gobiernos de Brasil, Chile, Colombia, México y España, ante la gravedad de los hechos ocurridos en Venezuela, hemos expresado nuestra profunda preocupación y rechazo frente a las acciones militares ejecutadas unilateralmente en ese país. 

Estas acciones constituyen un precedente sumamente peligroso para la paz, la seguridad regional, además de que colocan en riesgo a la población civil de ese país y pone en alerta a los pueblos de América Latina.

Reivindicamos y reiteramos que la situación en Venezuela debe resolverse únicamente por vías pacíficas, mediante el diálogo, la negociación y el acatamiento a la voluntad del pueblo venezolano, sin intrusiones externas y en apego al derecho internacional. 

El documento suscrito por los jefes de Estado reafirma, además, que solo un proceso político inclusivo liderado por los venezolanos puede conducir a una solución democrática, sostenible y respetuosa de la dignidad humana.

Por otra parte, se reafirma, a texto expreso, el carácter de América Latina y el Caribe como zona de paz, construida sobre el respeto mutuo, la solución pacífica de las controversias y la no intervención, haciendo un llamado a la unidad regional más allá de las diferencias políticas, frente a cualquier acción que ponga en riesgo la estabilidad regional.

Las diferencias ideológicas no pueden distraer el foco sobre lo importante: la unidad de América Latina ante la intromisión violenta de una potencia que pretende ordenar y dirigir fuera del límite de su propio territorio.  

Finalmente, y ante los anuncios de vigilancia político-administrativa sobre el territorio venezolano, se manifiesta la preocupación conjunta ante cualquier intento de control gubernamental, de administración o apropiación externa de recursos naturales o estratégicos.

La síntesis que he realizado no es más que una aspiración colectiva de los gobiernos firmantes que dependerá de la voluntad del presidente Trump y del poder de persuasión de la comunidad internacional a través de los organismos competentes, para que los sucesos acaecidos en Venezuela no se repitan en ningún otro rincón del mundo ante la cruda advertencia del gobierno de los Estados Unidos de que otros países deberán también “cuidar su trasero”.

Uruguay ha construido, a lo largo de décadas, un perfil singular en el concierto internacional. No somos una potencia militar ni económica. Somos un país cuya autoridad moral y credibilidad diplomática se asientan en la coherencia entre principios y prácticas. Y esa tradición cobra especial relevancia en contextos de alta tensión internacional como el que se vive en estas horas, y por tanto, entiendo, que el llamado a la concordia de nuestro país debería ser especialmente atendido.

Ante escenarios de esta magnitud, el primer deber de un estado como el Uruguay es afirmar con claridad los principios del derecho internacional: la no intervención, la solución pacífica de las controversias y la autodeterminación de los pueblos. Nuestros compatriotas saben que estos no son meros enunciados retóricos, sino pilares del orden internacional que protegen, especialmente, a los países pequeños y medianos frente a la ley del más fuerte.

La autodeterminación implica que el rumbo político, institucional y social en este caso de Venezuela debe ser definido exclusivamente por su pueblo, sin imposiciones, sin tutelajes, sin intervenciones militares encubiertas o explícitas. 

La historia latinoamericana demuestra con desabrimiento que las injerencias extranjeras, aún cuando se presenten bajo discursos de salvación o democratización, suelen dejar tras de sí sociedades más fragmentadas, más violentas y menos soberanas.

Ahora bien, defender la autodeterminación no equivale a lavarse las manos. Por eso es bueno reafirmar que el Uruguay nunca ha practicado una política exterior indiferente o cínica. Por el contrario, su tradición diplomática ha estado marcada siempre por una vigilancia activa y responsable de los procesos democráticos, los derechos humanos y la legalidad internacional.

Es el camino que transitamos hoy, y es el que con firmeza mantendremos porque la historia lo demanda. Por la paz y la estabilidad en nuestra América Latina.

(*) Diputado del Frente Amplio.