Tal como informó CRÓNICAS la semana pasada, la resolución 2.327/2025 de la Dirección General Impositiva (DGI) ordenó que, a partir del 1º de enero, el descuento al Impuesto Específico Interno (Imesi) pasara a ser del 28% para la carga de combustible en estaciones de servicio ubicadas a 20 kilómetros de la frontera con Argentina y del 27% con la de Brasil. Lo anterior causó molestia sobre todo en el litoral, ya que la reducción fue de cinco puntos porcentuales en un solo ajuste, puesto que estaba al 33%. Aline Bisio, presidenta del Centro Comercial e Industrial de Salto (CCIS), dijo a CRÓNICAS que desconocen “qué tipo de cálculo” realizó el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) para la modificación, y afirmó que estaban en gestiones para que “el próximo mes vuelva al porcentaje adecuado”. 

Esta semana, sin embargo, el diputado del Partido Nacional (PN) por Paysandú, Fermín Farinha, asumió el tema y prevé trasladarlo formalmente al ámbito parlamentario. En una misiva que redactó y compartió con CRÓNICAS, consignó que la reducción dispuesta por el Poder Ejecutivo “rompe la paridad efectiva en frontera y no cumple la finalidad prevista en el decreto que regula el régimen”. 

“La decisión de reducir el descuento al 28% no respondió a criterios técnicos ni territoriales, sino a una lógica fiscal. Dicho con claridad: se buscó hacer caja. El costo de esa decisión se trasladó al interior del país y, en particular, a los departamentos de frontera con Argentina”, planteó el comunicado. Además, referenció el informe del economista del CCIS, Pablo Cortondo, y dijo que “la paridad efectiva con Argentina solo se alcanza manteniendo un descuento del 33%”, en un producto que entiende como “ancla” e “impacta en toda la estructura de costos”. 

A raíz de lo anterior, Farinha presentó ante el presidente de la Cámara de Representantes, el legislador oficialista Sebastián Valdomir, un pedido de informes dirigido al MEF fechado el 12 de enero y al que accedió CRÓNICAS. En su argumentación, planteó por escrito que la decisión “agrava la ya delicada situación económica de los departamentos de frontera” y planteó “fundadas dudas” respecto a “la razonabilidad de la medida; su adecuación a la finalidad legal del régimen, y la eventual priorización de objetivos recaudatorios en detrimento del desarrollo regional y la equidad territorial”.

En base a lo anterior, Farinha solicitó a las autoridades económicas conocer elementos como “los fundamentos técnicos, económicos y jurídicos” que respaldaron la decisión; saber si “el Ministerio tuvo a la vista, analizó o consideró” insumos técnicos disponibles; averiguar “qué estudios alternativos, informes técnicos o modelizaciones económicas respaldan la decisión”; y conocer “qué evaluación de impacto económico y social se realizó respecto de los efectos de la medida en el comercio local, el empleo, la recaudación departamental, y la competitividad de las estaciones de servicio en los departamentos fronterizos”. 

Además, solicitó información sobre “si el MEF reconoce que la medida implica un encarecimiento relativo del combustible en frontera y, en su caso, cómo justifica dicha consecuencia frente al mandato legal de equiparación de precios”, así como también pidió “la estimación de recaudación mensual del Imesi en naftas a partir de la medida adoptada”.