No fue una detención judicial, ni una transición negociada, fue una acción directa de alto valor estratégico, ejecutada por unidades Delta del ejército de los Estados Unidos con el apoyo de la CIA (Agencia Central de Inteligencia), la DEA (Administración para el Control de Drogas) y el FBI (Buró Federal de Investigaciones), bajo una lógica inequívoca de neutralización del objetivo.

La operación fue rápida, quirúrgica y sin eufemismos. Donald Trump dejó atrás años de sanciones, comunicados diplomáticos y negociaciones fallidas, para optar por una acción directa. Maduro ya no gobierna desde Miraflores, espera juicio en una cárcel federal estadounidense, acusado de narcotráfico, crimen organizado y conspiración criminal transnacional. El mensaje es inequívoco: Trump decidió cerrar el expediente venezolano por la vía militar. 

En Caracas, el régimen respondió con una maniobra defensiva previsible. Delcy Rodríguez fue designada “presidenta encargada” por un tribunal alineado con el chavismo, intentando sostener una apariencia de continuidad institucional. Sin embargo, el golpe es profundo, porque no solo cayó la figura central del poder, sino el símbolo que articulaba el aparato político, militar y criminal que sostuvo al régimen durante una década.

El presidente Trump habló de una transición de orden y de responsabilidad internacional, no de ocupación ni de intervención prolongada. Aun así, el precedente es contundente. Por primera vez en tiempos modernos, Estados Unidos captura a un jefe de estado extranjero y asume, de hecho, el control del desenlace político de un país latinoamericano sin mediaciones multilaterales ni avales regionales. Para algunos es una demostración de liderazgo, para otros una señal inquietante. 

El problema central ya no es Maduro, es el día después. Venezuela no es solo un Estado autoritario, es un territorio atravesado por economías ilegales, grupos armados, redes de narcotráfico, contrabando de oro y alianzas internacionales oscuras, peligrosas. La ausencia del líder no implica automáticamente la disolución del sistema en su conjunto. El riesgo inmediato es de fragmentación del poder, de disputa entre facciones y una escalada de violencia interna difícil de contener.

El impacto regional es inmediato; gobiernos que durante años evitaron definiciones, ahora deben posicionarse frente a un hecho irreversible. El principio de soberanía tantas veces invocado, entra en tensión con una realidad incómoda, cuando un Estado se transforma en plataforma del crimen organizado transnacional y viola sistemáticamente los derechos humanos (DDHH), la frontera entre política interna y seguridad global se vuelve difusa. 

Para América Latina, la lección es dura. La captura de Maduro no ocurrió de un día para otro, fue el resultado de años de degradación institucional, impunidad, colapso económico y tolerancia internacional. Cuando la política no ofrece salidas, otros actores las imponen. 

La historia dirá si esta detención marca el inicio de una reconstrucción o el prólogo de una nueva inestabilidad. Lo único indiscutible es que el tablero cambió para siempre.

Cayó Maduro, pero quedó expuesto un sistema y ahora el mundo deberá decidir si está dispuesto a desmontarlo o simplemente a administrarlo bajo otra forma. Porque cuando un régimen cae de este modo, la pregunta no es quién lo reemplaza, sino quién asume el costo de las consecuencias.

El caso de Venezuela obliga, además, a revisar el rol de los organismos internacionales, cuya inacción prolongada terminó por vaciar de sentido muchos principios fundacionales de Naciones Unidas, de la OEA, Unión Europea y otros foros regionales que observaron durante años el deterioro sin lograr articular una salida efectiva. Esa ausencia de respuesta creó el escenario para que la solución llegara desde afuera y por la vía más extrema. 

La captura de Maduro no solo interpela a Venezuela, sino a toda la arquitectura internacional que demostró límites evidentes frente a regímenes híbridos, criminalizados y resistentes a la presión tradicional. También deja una advertencia a la región: la degradación institucional sostenida no es neutra ni gratuita.

Cuando el Estado pierde legitimidad, control territorial y capacidad de gobierno, otros deciden por él. La seguridad, la democracia y la soberanía no se preservan con discursos, sino con instituciones que funcionen antes de que sea demasiado tarde; esa es la verdadera discusión que se abre hoy y que muchos preferirían evitar. Pero ya no puede postergarse sin costos mayores; el tiempo corre y nadie es ajeno, el poder nunca queda vacante, alguien siempre lo ocupa y casi nunca es el más legítimo. Ese es el verdadero costo que hoy empieza a contarse.