En diálogo con CRÓNICAS, el socio director de Guyer & Regules, Nicolás Juan, junto a los contadores especializados en el Impuesto Mínimo Global (IMG), Guillermo Aguirre y Cecilia Arias, desglosaron las implicancias de esta nueva era fiscal. Arias explicó que el IMG surge para que haya una "imposición mínima del 15% para todos los grupos multinacionales que tienen una significación económica relevante". El objetivo internacional es que la expansión de estas empresas no se guíe "únicamente por una imposición fiscal de ir a una jurisdicción donde hay menos tributación". En el caso de Uruguay, la incorporación de este esquema permite "relocalizar el pago de ese impuesto que antes se pagaba en la jurisdicción matriz" hacia las arcas del Estado local.
Arias precisó que este impuesto alcanza a grupos con ingresos consolidados mayores a 750 millones de euros. Respecto a la interacción con los beneficios locales, señaló que mediante la creación del Impuesto Mínimo Complementario Doméstico (IMCD), “si sos una entidad que tiene una tasa efectiva menor al 15% por cualquier régimen de promoción, vas a tener que complementar esa tasa efectiva hasta alcanzar el 15%". Sin embargo, aclaró que para zonas francas o sector forestal con cláusulas de estabilidad, existe un mecanismo donde, si se demuestra que no pagarían el impuesto afuera, Uruguay otorga una "dispensa o la posibilidad de que si pagó algo, se le reembolsa".
Sobre la decisión estratégica del país, Guillermo Aguirre analizó que "esto viene desde afuera” y es algo que llegó para quedarse. “Uruguay no puede estar aislado de esto", enfatizó. Según el experto, el gobierno actuó con pragmatismo. "El gobierno se anticipó y decidió subirse al tren antes que otros países, entendiendo que, si no implementaba este impuesto, esa recaudación terminaría en manos de fiscos del exterior", sostuvo. Advirtió que el escenario es "muy dinámico", y que ante la volatilidad de las inversiones y los cambios globales, "habrá que ver cómo se posiciona Uruguay para poder seguir atrayendo inversiones, dando beneficios en este nuevo esquema".
Desde la perspectiva de la competitividad, Nicolás Juan advirtió que Uruguay pierde parcialmente su ventaja comparativa en los regímenes exonerados. "Empiezan a jugar otros factores de la competitividad, como son los costos locales, el costo de mano de obra, el dólar muy barato", afirmó. No obstante, subrayó que no prevé un éxodo masivo. "Si me decís si esto va a implicar para esas 200 empresas algo y que se vayan del país, hoy digo que no, porque sería un impuesto similar que tendría que pagar afuera", remarcó. Para el ejecutivo, Uruguay actuó de forma "inteligente" al legislar para que esa recaudación no termine "en los países europeos".
Por otro lado, el socio director explicó que las empresas ya están en etapa de provisión contable, aunque el flujo de caja no será inmediato. Explicó que “las casas matrices tienen el impuesto devengado que en 2025 va a liquidar Uruguay, pero en el 2024 la liquida la casa matriz y se pagará en 2026”, y agregó que recién en junio se verá “si realmente sale la plata de las multinacionales para los fiscos o no”, señalando que los pagos directos en Uruguay se verán recién en 2027.
Finalmente, concluyó que Uruguay mantendrá su atractivo para el grueso de las inversiones que no alcanzan el umbral de los 750 millones de euros. En esa misma línea, el grupo destacó que el periodo entre enero y febrero será "clave", ya que se espera que el gobierno publique los decretos reglamentarios que terminarán de definir "cuántas cosas adoptan y de qué manera de lo que es la normativa internacional en este sentido".
La implementación del Impuesto Mínimo Global abre un nuevo grifo de ingresos para el Estado uruguayo que supera las estimaciones iniciales. Mientras que el proyecto de ley original manejaba una cifra cercana a los US$ 400 millones, el análisis de Guyer & Regules arroja una visión más optimista. "Nosotros estimamos que va a ser una recaudación cercana a los US$ 600 millones", afirmó Nicolás Juan. Esta cifra representa fondos que los grupos multinacionales de todas maneras iban a tributar en sus países de origen debido a las reglas de la OCDE.
Además, precisó que este monto proviene de aquellas empresas que hoy operan bajo regímenes de exoneración total, como zonas francas o software, pero que superan el umbral de facturación global. "Las empresas multinacionales prefieren pagar el impuesto acá que hacerlo en su casa matriz", señaló. Por último, mencionó que para los inversores es preferible fortalecer el fisco donde tienen su operativa real. La clave ahora reside en la reglamentación que el Ministerio de Economía emita en las próximas semanas.