El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) resolvió ajustar la Base de Prestaciones y Contribuciones (BPC) por el Índice de Precios al Consumo (IPC), una decisión que reactivó el debate sobre su impacto en las franjas del Impuesto a la Renta de las Personas Físicas (IRPF) y el Impuesto de Asistencia a la Seguridad Social (IASS). La BPC es una unidad de referencia clave del sistema tributario, ya que se utiliza para fijar los mínimos no imponibles y las franjas de ambos impuestos, además de servir como parámetro para distintas prestaciones sociales.

Su actualización es obligatoria cada 1º de enero. Puede ajustarse por inflación, medida a través del IPC, o la evolución de los salarios, reflejada en el Índice Medio de Salarios (IMS). Desde la creación del IRPF, en 2007, la BPC se ajustó sistemáticamente por inflación, hasta que en 2021 el Poder Ejecutivo resolvió modificar el criterio y pasar a utilizar el IMS. En 2026, la decisión volvió a revertirse y se retornó al ajuste por IPC (que el año pasado aumentó 3,65%), pero con un ajuste adicional del 20% permitido por la ley. Así, la actualización fue de 4,38%, lo que elevó el valor de la BPC de 6.576 a 6.864 pesos.

En un comunicado, el MEF sostuvo que “en el mundo es más frecuente que los umbrales y las franjas de los impuestos directos se ajusten en función de la variación de los precios al consumo”. Según el ministerio, la actualización de la BPC por IPC “permite preservar el poder adquisitivo real de las prestaciones” y “mantiene el valor de los mínimos y las franjas del IRPF y el IASS alineados con la evolución del costo de vida”.

Según explicó a CRÓNICAS el economista jefe del Centro de Estudios para el Desarrollo (CED), Ramiro Correa, el cambio de criterio tiene un efecto claro en un contexto en el que los salarios crecen por encima de la inflación. “Si las franjas del IRPF se ajustan al 4,38%, pero los salarios suben 5% o más, personas que antes no tributaban pueden empezar a hacerlo, y quienes ya pagaban terminan aportando un poco más”, señaló.

En una estimación preliminar, desde CED calcularon que el cambio de criterio podría implicar una recaudación adicional del entorno de US$ 45 millones entre IRPF e IASS, así como la incorporación de unos 8.500 nuevos contribuyentes al IRPF. Correa subrayó que este tipo de efectos se amplifican por la magnitud del impuesto, ya que el IRPF recauda más de US$ 2.000 millones al año e hizo énfasis en que: “pequeños cambios porcentuales generan millones de dólares de diferencia”. Además, al tratarse de un impuesto progresivo, el impacto se concentra en mayor medida en los contribuyentes de ingresos más altos.

Diferencias mínimas para los contribuyentes

Una lectura diferente planteó la economista Silvia Rodríguez, del Centro de Investigaciones Económicas (Cinve), quien en diálogo con CRÓNICAS analizó el impacto del cambio de criterio en términos individuales. “Estamos hablando de diferencias marginales, de pocos pesos por mes, incluso en salarios relativamente altos”, afirmó.

En esa línea, señaló que no se observan alteraciones significativas ni en la distribución del ingreso ni en la carga tributaria efectiva de los contribuyentes. Para la economista, el debate entre ajustar la BPC por IPC o por el Índice Medio de Salarios no implica “dos escenarios completamente distintos” en el corto plazo. “Cada gobierno ha elegido un criterio y lo ha mantenido durante todo su período. Ninguno fue cambiándolo año a año con un afán recaudador”, señaló. Sin embargo, agregó que, en el contexto actual, el uso del IPC parece ser el criterio más adecuado. 

Además, Rodríguez advirtió que la posibilidad de utilizar este tema como una oportunidad para cuestionar al gobierno “siempre está abierta” y consideró que la discusión pública se ha volcado más al ámbito político y menos a los aspectos técnicos. Por su parte, Correa sostuvo que el debate metodológico es técnico, pero que la decisión final es “claramente” política. 

Más allá de las diferencias, ambos especialistas coincidieron en que el ajuste de la BPC es una pieza clave del sistema tributario y que sus efectos dependen de la relación entre inflación y salarios. Cuando el salario real crece, el ajuste por IPC tiende a incrementar la recaudación; cuando ocurre lo contrario, el efecto se revierte.