La discusión sobre el rumbo del sistema penitenciario uruguayo cobró nuevo impulso en un contexto marcado por las muertes bajo custodia y los altos niveles de reincidencia. Se trata de un escenario que vuelve a poner en debate las políticas de seguridad, justicia y rehabilitación. En ese marco, Julio Boffano, operador penitenciario civil en la Unidad 5 y candidato a comisionado parlamentario del sistema penitenciario, propone una visión basada en el trabajo territorial y en el contacto directo con las personas privadas de libertad.

Boffano trabaja desde hace dos años como operador civil en la Cárcel de Mujeres, un rol que, según manifestó en conversación con CRÓNICAS, está “muy minimizado” y existe un profundo desconocimiento social e incluso institucional sobre su función. “La gente en general no entiende cuál es nuestro trabajo, especialmente los policías, y eso se ha acentuado en los últimos años”, afirmó. 

El diagnóstico que realizó coincide con los informes de la Oficina del Comisionado Parlamentario: altos niveles de hacinamiento, dificultades para la rehabilitación y un impacto directo en la seguridad pública. “Si ponemos en la balanza las luces y las sombras, las sombras asustan. Y si nos asustan, tenemos que reaccionar, porque en esto se nos juega la vida de todas las personas, no solo de las que están privadas de libertad”, advirtió. Para el entrevistado, el problema penitenciario no es un asunto aislado, sino un fenómeno que atraviesa a toda la sociedad.

Reincidencia y seguridad pública

Uno de los datos que más preocupa es el nivel de reincidencia. Según recordó, siete de cada 10 personas liberadas vuelven a delinquir. “Si logramos bajar esa cifra a tres o cuatro, estamos hablando de miles de delitos menos y, por lo tanto, de una mejora real en la seguridad”, sostuvo. Además, Uruguay se encuentra entre los países con mayores índices de prisionización en el mundo, una situación que ya atravesaron países europeos como Grecia, España, Portugal o Italia a comienzos de los años 2000. “Tenemos que mirar qué hicieron ellos, qué políticas aplicaron y qué funcionó”, expresó.

La falta de articulación y el reclamo de un pacto de Estado

La clave, según Boffano, está en la falta de articulación entre las políticas públicas. Señaló que los ministerios, intendencias y organismos públicos desarrollan acciones valiosas, pero de forma fragmentada. “Lo que falta es traducción política, comunicación pública y una coordinación efectiva”, aseveró. En ese sentido, remarcó la importancia de instalar en la ciudadanía la idea de que la cárcel no es un “universo paralelo”, y enfatizó en que una “mala” cárcel genera mayor cantidad de delito, violencia y menor seguridad. 

El operador insistió en que cada año salen entre ocho y nueve mil personas del sistema penitenciario, y planteó una pregunta central: “¿Cómo queremos que salgan? ¿Más heridas, más enojadas, con un Estado que las abandonó, o con una esperanza real de cambiar?”. Para el candidato a comisionado parlamentario del sistema penitenciario, sin comprensión social no habrá cambios políticos de fondo. Por eso, una de sus propuestas centrales es trabajar la comunicación y promover un cambio cultural. “Sin cambio cultural no hay una reforma penitenciaria sostenible”, resaltó.